En estos días estamos viendo un espectáculo bochornoso. Ha comenzado el juicio de la violación múltiple en San Fermines a una joven de tan solo 18 años. Una vez más, como en tantas otras ocasiones, estamos viendo cómo se somete a juicio a la víctima en vez de a los culpables. La justicia machista que, como en el caso de Juana Rivas se puso del lado del maltratador y la obligó a entregar a sus hijos, ahora vuelve a posicionarse exponiendo a un juicio sumarísimo a la víctima en vez de responder con contundencia contra los agresores.

La televisión es uno de los lugares en los que la labor para normalizar y justificar el tratamiento machista contra las mujeres es más sangrante. Este verano tuvimos que soportar cómo el programa Espejo Público de Antena 3 entrevistaba en más de una ocasión a Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, denunciado y condenado por pegarla, para que pudiera mostrar su lado más humano, presentarse como un padre desesperado por no poder ver a sus hijos con la excusa de dar “su versión” del maltrato mientras a ella se la juzgaba, no sólo en los tribunales sino de plató en plató por negarse a entregar a sus hijos a un maltratador.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra. Como declaración de intenciones nos parece bien, ¡¡cómo no!!, pero todavía no sabemos en qué ha de consistir dicho "pacto", ni cuáles van a ser las herramientas políticas que se van a utilizar para enfrentar esta lacra.

Irlanda cuenta con una de las legislaciones más reaccionarias de toda Europa en relación al derecho al aborto. El artículo 8 de su constitución recoge la prohibición de la interrupción del embarazo incluso en los casos de violación, incesto y anomalía fetal. Sólo desde 2013 una nueva regulación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. La pena que amenaza a una mujer que aborte en Irlanda es de 14 años de prisión. Por ello, casi 4.000 mujeres (según datos oficiales) viajan a Gran Bretaña cada año buscando un aborto seguro. Quienes no tienen recursos para viajar recurren, en muchas ocasiones, a las píldoras abortivas que adquieren por internet sin ningún tipo de seguimiento médico y poniendo en riesgo su salud.