El debate sobre la emancipación y la liberación de la mujer trabajadora se ha vuelto a poner encima de la mesa al calor de los movimientos de mujeres de los últimos tiempos.

El sábado 25 de noviembre se celebró a lo largo y ancho de todo el mundo el día contra la violencia machista. En el Estado español decenas de miles de mujeres, jóvenes y trabajadoras, salimos a las calles en más de 50 manifestaciones para decir “¡Basta ya!” a una violencia estructural e institucional contra nosotras, amparada por el gobierno del PP y una judicatura machista y patriarcal. Basta ya de hipocresía, de lamentaciones y palabras vacías sobre pactos de Estado que permiten recortes brutales a los programas de ayuda a las víctimas, que las denuncias queden archivadas, que seamos las mujeres las que sufrimos directamente una austeridad que pagamos con nuestra precariedad, nuestros bajos salarios, nuestra dependencia económica. ¡Basta ya de todo ese sistema que se cobra decenas de vidas de mujeres cada año en todo el Estado, mientras el gobierno del PP mira hacia otro lado y propicia con sus políticas esta carnicería!

En estos días estamos viendo un espectáculo bochornoso. Ha comenzado el juicio de la violación múltiple en San Fermines a una joven de tan solo 18 años. Una vez más, como en tantas otras ocasiones, estamos viendo cómo se somete a juicio a la víctima en vez de a los culpables. La justicia machista que, como en el caso de Juana Rivas se puso del lado del maltratador y la obligó a entregar a sus hijos, ahora vuelve a posicionarse exponiendo a un juicio sumarísimo a la víctima en vez de responder con contundencia contra los agresores.

La televisión es uno de los lugares en los que la labor para normalizar y justificar el tratamiento machista contra las mujeres es más sangrante. Este verano tuvimos que soportar cómo el programa Espejo Público de Antena 3 entrevistaba en más de una ocasión a Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, denunciado y condenado por pegarla, para que pudiera mostrar su lado más humano, presentarse como un padre desesperado por no poder ver a sus hijos con la excusa de dar “su versión” del maltrato mientras a ella se la juzgaba, no sólo en los tribunales sino de plató en plató por negarse a entregar a sus hijos a un maltratador.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra. Como declaración de intenciones nos parece bien, ¡¡cómo no!!, pero todavía no sabemos en qué ha de consistir dicho "pacto", ni cuáles van a ser las herramientas políticas que se van a utilizar para enfrentar esta lacra.

Irlanda cuenta con una de las legislaciones más reaccionarias de toda Europa en relación al derecho al aborto. El artículo 8 de su constitución recoge la prohibición de la interrupción del embarazo incluso en los casos de violación, incesto y anomalía fetal. Sólo desde 2013 una nueva regulación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. La pena que amenaza a una mujer que aborte en Irlanda es de 14 años de prisión. Por ello, casi 4.000 mujeres (según datos oficiales) viajan a Gran Bretaña cada año buscando un aborto seguro. Quienes no tienen recursos para viajar recurren, en muchas ocasiones, a las píldoras abortivas que adquieren por internet sin ningún tipo de seguimiento médico y poniendo en riesgo su salud.

El lunes 28 de agosto Juana Rivas entregaba a sus hijos en las dependencias de la Guardia Civil de Granada. Unas horas después, el padre de éstos, condenado por violencia de género en 2009 y con otra denuncia por malos tratos continuados de julio de 2016, salía con ellos a la espera de la decisión judicial que le permita llevárselos definitivamente a Italia.

La explotación laboral se ha recrudecido durante esta década de crisis. En este contexto, la opresión contra la mujer trabajadora se ha vuelto más cruel e insoportable todavía. Bajo el capitalismo padecemos una doble explotación: como mujeres, porque se nos responsabiliza de las tareas del hogar y del cuidado de la familia, y como trabajadoras en las empresas, donde se nos utiliza de mano de obra barata.

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el Estado español es más alta que nunca: las trabajadoras recibimos de media un 24% menos de salario por el mismo trabajo, lo que nos condena a tener pensiones más bajas y, por tanto, a una peor calidad de vida también en la vejez. Eso cuando conseguimos completar nuestra vida laboral y jubilarnos a los 65 años, porque los recortes y privatizaciones de los servicios públicos como guarderías, dependencia o sanidad obliga a muchas mujeres a abandonar sus empleos para dedicarse al cuidado de hijos o familiares. La tasa de paro es más elevada entre las mujeres, un 20% frente al 17% de los hombres, además de padecer en mayor grado la precariedad.