Sindicato de Estudiantes · Libres y Combativas Alcalá de Henares

Recientemente se ha conocido por medio del diario el Plural la denuncia contra un trabajador del colegio Alborada, en Alcalá de Henares, por abusar sexualmente de casi 20 alumnos, de entre 3 y 6 años de edad y la mayoría de ellos en el espectro autista. Según dichas informaciones periodísticas, algunos docentes habían dado la voz de alarma desde septiembre del 2024, pero su alerta parece que fue silenciada hasta que una profesora, en mayo del 2025 pudo grabar tocamientos hacia las víctimas e impedir que se siguiera ocultando esa situación por parte de la dirección de este centro ultracatólico.

Nos encontramos, tal y como acredita dicho medio de comunicación, con nueve meses en los que el centro se negó a actuar teniendo noticia de lo que estaba pasando. Nueve meses en los que este individuo gozó de impunidad para abusar de niños y niñas, por no contar todo el tiempo en el que esta situación pasó sin denunciar.

La Fundación Arenales, Opus Dei y Partido Popular         

Detrás de este colegio se encuentra la Fundación Arenales, un lobby del Opus para meter sus zarpas en el doble chollo de la educación privada: una fuente de negocio y una herramienta de adoctrinamiento. Ahora mismo, tienen 37 centros en 10 países. En todos ellos, bajo ningún concepto, la educación de calidad y las libertades están detrás de las motivaciones de estos empresarios. Exactamente igual que el Partido Popular, con quien trabajan codo a codo.

El PP, de hecho, regaló a esta fundación los 24.000 metros cuadrados que ocupa este colegio. No es ninguna casualidad que el que es hoy subdirector del centro, Javier Doncel Fernández, sea también alcalde del PP en Anchuelo. Para más inri, el PP ha vetado en la Asamblea de Madrid una simple pregunta parlamentaria:

“¿Cuántas solicitudes de traslado de expediente académico se habían recibido desde que se conocieron los casos de presuntos abusos sexuales a niños y niñas en el Colegio Alborada de Alcalá de Henares hasta el día de la fecha?”

Todo esto refleja la complicidad de los empresarios, la Iglesia y su partido político, el PP, en el negocio del adoctrinamiento en la escuela. Obviamente, cualquier denuncia de abuso sexual será silenciada todo lo posible. ¡Todo por la pasta!

La actuación del Alborada y la denuncia de las familias

Tras las pruebas recabadas y las denuncias, la dirección del centro se vio obligada a interponer su propia denuncia, a pesar de conocerse desde hacía tiempo los hechos. Según las noticias publicadas, y de ser ciertos los hechos, lo grotesco del caso llega al punto de que en documentos internos del centro, según recogen medios como El Plural, ya se justificaba sus comportamientos:  “Es muy cariñoso [...] No tiene intenciones lascivas, quiere mucho a los niños”.

Al tiempo que se ocultaba esta situación, se ha buscado el silencio de las familias, que han sido presionadas en reuniones privadas con el centro, tal y como las mismas han manifestado a El Plural. En lugar de ponerse a su disposición para hacer justicia y reparar a las víctimas, los empresarios del Opus y del PP maniobran para mantener el negocio a flote.

Las familias han dado un paso adelante, haciendo una campaña de denuncia de la impunidad y el encubrimiento del centro, además del abandono de las instituciones. La propia CAM, a través de la Dirección de Área Territorial, está entorpeciendo que las familias puedan cambiar a los alumnos de centro. En el caso de la atención del Barnahaus, servicio especializado en menores víctimas de abuso sexual y sus familias, la atención ha sido totalmente precaria.

Fin al concierto, dimisión de la directiva y justicia para las víctimas: solo la movilización podrá conseguirlo

Esta aterradora situación es consecuencia directa de la gestión de la enseñanza por parte de empresas privadas, que ponen por encima de todo su beneficio; y de la Iglesia Católica, que acumula como bien sabemos una larga tradición de permisividad con los abusos sexuales, especialmente a menores. La misma cultura de la violación que vivimos cada día pero con aún más impunidad y con el disfraz de cordero de la religión. Es la misma historia por la que hace unos meses Sandra Peña se suicidaba mientras que su centro, el concertado Irlandesas de Loreto, siendo plenamente consciente del acoso que recibía, no hizo nada. Un crimen social tras otro.

Hay responsables además del agresor denunciado. Aquellos que han intentado barrer debajo de la alfombra y que tienen que dimitir inmediatamente. Que paguen sus responsabilidades y que haya una condena ejemplar al agresor no vendrá del cielo azul. Como se ha demostrado en incontables ocasiones, la judicatura de este sistema capitalista incentiva la cultura de la violación. 

De la misma manera, tenemos que colocar en primer plano el fin del concierto con este centro. Es una auténtica vergüenza que siga lloviendo dinero público a una empresa que mira para otro lado frente a esta situación. Tenemos que impulsar la movilización para presionar por el fin del concierto y porque se haga justicia. La Comunidad de Madrid de Ayuso y el PP, que dominan totalmente la Asamblea autonómica, son una parte más del problema. 

¡Basta de agresiones! ¡Ni un euro de dinero público a financiar el adoctrinamiento, los negocios de empresarios y la cultura de la violación!