El lunes 28 de agosto Juana Rivas entregaba a sus hijos en las dependencias de la Guardia Civil de Granada. Unas horas después, el padre de éstos, condenado por violencia de género en 2009 y con otra denuncia por malos tratos continuados de julio de 2016, salía con ellos a la espera de la decisión judicial que le permita llevárselos definitivamente a Italia.

En el Estado español, Juana se enfrenta a una condena por retención ilícita de menores y desobediencia a la justicia que podría conllevar penas de prisión y la pérdida de la custodia de los hijos. Además, la jueza del juzgado de instrucción nº 2, María Ángeles Jiménez, ha decidido investigar como “inductores o partícipes necesarios” tanto a la directora del Centro de la Mujer de Macarena, Francisca Granados, y a la psicóloga del mismo, María Teresa Sanz, como a todos los familiares de Juana Rivas hasta segundo grado de parentesco.

Es evidente el interés que tiene la justicia burguesa en que todo “el peso de la ley” caiga sobre Juana y su entorno de forma ejemplarizante. El apoyo y la simpatía entre miles de personas, particularmente mujeres, hacia la lucha de Juana ha hecho saltar todas las alarmas desde el momento en que su insumisión a las injustas decisiones judiciales ha puesto el foco de atención no sólo en el maltratador, sino en la propia violencia que el Estado ejerce sobre las mujeres a través de las instituciones y en la necesidad de la movilización social para combatirlo.

No falla un juez, falla el sistema

Más allá de las lágrimas de cocodrilo de un gobierno del PP, que ha reducido en un 26% el presupuesto para las víctimas de violencia de género, y de una justicia que, bajo un falso manto de imparcialidad, continúa subestimando la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones, la realidad es que el número de víctimas de violencia de género no deja de aumentar.

En lo que va de 2017, 36 mujeres han sido asesinadas en episodios de violencia doméstica, 6 más que en el año anterior. En cuanto a los menores, tan sólo desde 2013 (año en que se empezó a registrar), 22 niños han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres y más de 160 han quedado huérfanos.

Sin embargo, los jueces continúan dictando sentencias donde, frente al interés del menor, priman el sacrosanto derecho de los maltratadores a “ejercer” su “paternidad”, obviando el hecho de que los hijos también son víctimas, pese a que desde julio de 2015 la propia ley lo reconoce explícitamente. Al contrario, la entrega de niños a padres maltratadores amparándose en la teoría pseudocientífica del Síndrome de Alienación Parental es el resultado lógico de este “machismo judicial”. Su consecuencia más dramática es el asesinato de los menores por la desprotección del Estado.

A la violencia que sufren muchas mujeres por parte de sus parejas han de sumar también la violencia machista a la que son sometidas por parte del aparato del Estado. La criminalización de las víctimas y la banalización de la violencia contra la mujer es una constante que impregna todos los estratos de la sociedad y que afecta especialmente a las mujeres de familias humildes, sin recursos, privadas de independencia económica, condenadas a peores condiciones laborales, víctimas en primera persona de los recortes sociales del PP y sin ningún tipo de amparo real por parte del Estado para poder superar esa situación.

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Frente a esta violencia estructural e institucional que impregna este sistema, cada vez más mujeres estamos reaccionando con la movilización y la lucha. En ese contexto, cuestionar las resoluciones judiciales, desafiar las leyes injustas o apoyar solidariamente a quienes lo hacen es parte de la lucha contra la opresión que sufrimos las mujeres en la sociedad capitalista

Sabemos que la única forma de acabar con la postración que nos pretenden imponer es con la lucha colectiva y la movilización en las calles. Hemos demostrado la fuerza que tenemos las jóvenes y las mujeres trabajadoras cuando nos ponemos en marcha: en las manifestaciones masivas de Estados Unidos contra Donald Trump, con el movimiento #NiUnaMenos en América Latina, en Polonia por el derecho al aborto, o al frente del movimiento contra los desahucios, llevando a cabo luchas como Las Kellys en defensa de unas condiciones de trabajo dignas, o siendo el empuje de conflictos laborales como las Espartanas de CocaColaEnLucha. El pasado 8 de marzo fuimos millones en las calles de todo el mundo levantando un grito ensordecedor contra la violencia machista y la opresión capitalista.

Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria sabemos que la liberación de la mujer trabajadora es una cuestión de primer orden para todas y todos los que aspiramos a transformar el mundo. Por este motivo hemos impulsado Libres y Combativas, plataforma feminista, anticapitalista y revolucionaria, para unir las fuerzas de todas las que sufrimos la opresión y la violencia del capitalismo en la misma lucha por transformar la sociedad.

¡Basta de violencia contra la mujer!

¡Ni una menos!

Castigo ejemplar a los responsables de todas las violaciones, maltratos físicos y psicológicos, asesinatos y desapariciones de mujeres. Basta de leyes que no nos protegen. Despido y sanción a todos los policías y jueces que con su actitud favorecen la impunidad de los agresores.

Medios materiales y casas refugio para las mujeres maltratadas. Por un puesto de trabajo digno o subsidio de desempleo indefinido, así como una vivienda digna para las víctimas de maltrato y sus hijos.

¡Nuestro cuerpo, nuestra decisión!

Derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Basta de represión.

Servicios de planificación familiar, públicos, gratuitos y de calidad. Acceso a la educación sexual integral en todos los institutos y facultades, así como a todos los medios anticonceptivos de manera gratuita. ¡Fuera la Iglesia y la religión de la enseñanza pública!

Contra la lacra de la prostitución y el tráfico de mujeres. La liberación de la mujer pasa por que decidamos y controlemos nuestro cuerpo sin tener que usarlo para sobrevivir. Contra los vientres de alquiler, otro negocio muy lucrativo que, al igual que la prostitución, mueve miles de millones de euros para beneficio de los de siempre.

¡A igual trabajo igual salario! ¡Abajo las cadenas del trabajo doméstico!

Derogación de la reforma laboral. Salarios dignos para la mujer trabajadora. Ninguna empresa puede negarse a contratarnos por estar embarazadas, cumplir con estándares estéticos, por color de piel, etc.
Castigo ejemplar al acoso sexual laboral.

Aumento drástico del permiso por maternidad y paternidad, al menos hasta el año de vida del bebé con el 100% del salario. Escuelas infantiles públicas y gratuitas en cada barrio y/o centro de trabajo, que posibiliten compaginar empleo y maternidad.

Servicio público de lavanderías, comedores, tintorerías, limpieza del hogar…,dignos y gratuitos para acabar con la esclavitud de las tareas domésticas.

¡Al volver a casa no queremos ser valientes, queremos ser libres!

Basta de convertir el cuerpo de la mujer en un objeto, alimentando de esta forma las agresiones machistas. Retirada inmediata de cualquier tipo de publicidad sexista que utilice el cuerpo femenino como reclamo.

Abajo el canon de belleza que nos imponen las grandes multinacionales del textil, la cosmética, la dietética y la cirugía estética. No solo es absurdo e irreal, sino que alimenta prejuicios, traumas y enfermedades.