Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra. Como declaración de intenciones nos parece bien, ¡¡cómo no!!, pero todavía no sabemos en qué ha de consistir dicho "pacto", ni cuáles van a ser las herramientas políticas que se van a utilizar para enfrentar esta lacra.

Para hacer un análisis mínimamente riguroso, es conveniente que conozcamos algunos datos (a nivel estatal y referentes a 2016).

Mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas:

El 66% de las mujeres eran españolas y el 34% provenían de otros países.
Al menos el 33% de las mujeres habían sufrido prematuramente malos tratos y sólo el 30% de estas mujeres habían denunciado a su agresor.
Un 13% de los agresores tenían orden de alejamiento en el momento de cometer el asesinato.
El 20% de los asesinos, antes de cometer el crimen, tenían antecedentes de haber transgredido las leyes.
Órdenes de alejamiento de las mujeres que denuncian en general (sin resultado de muerte)

De las órdenes de protección solicitadas el 4% fueron inadmitidas, el 37% fueron denegadas y el 60 % fueron admitidas.

Téngase en cuenta que, en los cuatro primeros puntos, nos estamos refiriendo al más grave de los maltratos, que es el que tiene como resultado la muerte de la víctima. Existen muchos más casos de maltrato físico, psíquico, sexual y económico, que incrementan muchísimo las estadísticas.

En mi análisis, uno de los datos más preocupantes es el de las mujeres que habiendo sufrido maltrato habitual, solo denunciaron el 30%, es decir que tan sólo un porcentaje muy bajo de las mujeres que han terminado asesinadas habían denunciado el maltrato.

¿Por qué no denuncian estas mujeres? Existen diversos motivos, que a veces se unen, y que son esencialmente: el miedo al maltratador, las circunstancias económicas de la víctima y de sus hijos, la habitualidad de los malos tratos y la relación emocional con el maltratador.

¿Cómo podemos hacer que las mujeres denuncien? Con una amplia red de servicios psicosociales que, sin tener obligatoriamente que poner la denuncia (ahora es así), puedan recurrir a dichos servicios psicológicos y sociales con asiduidad (no una vez al mes) para que, por una parte, cuenten con las ayudas económicas necesarias y, por otra, tomen conciencia de que deben terminar con dicha situación. Esos servicios requieren profesionales especializados, lo que supone destinar un presupuesto a ellos.

¿Cómo es posible que un maltratador con orden de alejamiento de la víctima pueda terminar asesinándola? Porque, desde mi punto de vista, no existe un seguimiento adecuado de dichas órdenes, ya que éstas se basan en la peligrosidad del agresor, peligrosidad que hace la policía mediante un cuestionario de 17 preguntas a la víctima, sin evaluar en ningún caso al agresor. En función de dicha "evaluación" (si es que a ese protocolo se le puede titular de esa manera) hay varios tipos de seguimiento por parte de un agente de policía destinado para tal fin: un seguimiento esporádico, un seguimiento más frecuente o un seguimiento mediante elementos telemáticos (pulsera puesta a la víctima y al maltratador), controlado por el Centro de Control COMETA y que está asignado a una empresa privada. ¿Por qué no se hace dicho seguimiento con mayor rigor?. Pues sencillamente, por falta de presupuesto para los recursos humanos: psicólogos para valorar el riesgo y agentes de policía para atender un número de víctimas razonable.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo son los antecedentes penales del agresor porque, sin ninguna duda, nos pueden dar una información sobre el perfil del sujeto, al margen de que haya cumplido su condena anterior o no.

Una vez analizados los datos a nivel estatal y habiendo llegado a la conclusión de que la "clave" está en la dotación presupuestaria, vamos a pasar a relatar qué está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, como ejemplo de la política que no se debe hacer. Iremos por partes:

Situación de los Juzgados de violencia de género en la Comunidad de Madrid:

General:

En la Comunidad de Madrid hay 23 juzgados de violencia de género, 11 en Madrid capital y 12 en toda la periferia, uno en cada población importante. Esta cifra supone que cada juzgado atiende, como término medio, a una población de unos 300.000 habitantes.
Los equipos psicosociales de Madrid capital, que antes eran uno por juzgado, atienden en la actualidad a todos los juzgados, ya que no se cubren las plazas por jubilación (son a extinguir) y tampoco por bajas temporales, si no son de más de 5 ó 6 meses (ya que esto no está regulado), asumiendo el trabajo el resto de los profesionales.
Los equipos psicosociales no están en las guardias de los juzgados de violencia de género, que se realizan de 09:00 h. a 21:00 h., por lo que no se puede asistir psicológica y socialmente a la víctima en los momentos más urgentes de la denuncia. Al carecer de profesionales Psicólogos y Trabajadores Sociales, especialistas en las labores de atención emocional y de acompañamiento, así como de información sobre los recursos a los que pueden acudir las víctimas, los funcionarios de los juzgados de guardia se limitan, en este campo, a darles una hoja con los servicios y los teléfonos a los que pueden llamar.

Situación laboral de los profesionales:

La práctica totalidad de los profesionales de los equipos psicosociales, excepto los más antiguos, tienen un contrato temporal, que se va renovando, pero que pone la "espada de Damocles" sobre las cabezas de los mismos, lo que frena mucho la posibilidad de protestas y reivindicaciones.
Este tipo de contratación permite que no cobren trienios y que, en caso de despido, no tengan derecho a indemnización alguna.
Por otra parte, las bajas que no requieren hospitalización, los 3 primeros días no se cobran, del 4º al 20º se percibe el 60% del salario, del 21º al 22º se percibe el 75% y a partir de ahí el 100%. Por lo tanto, está claro que no se puede uno coger ni una gripe.

Formación de los Psicólogos:

La atención y evaluación pericial a las víctimas y a los maltratadores requiere una formación académica sólida, que no debería ser solamente la licenciatura (o el Grado, como se llama ahora) sino una especialización en Psicología Forense y, por tanto, en violencia de género. Pues bien, muchas de las personas que se incorporan de la bolsa de trabajo no disponen de esa formación ni la Comunidad de Madrid se preocupa en proporcionársela. Hemos de tener en cuenta que un máster en una universidad pública como título propio cuesta entre 4.600 y 6.000 euros y no todo el mundo tiene recursos propios para poder pagárselo. La falta formación suficiente va en detrimento de las víctimas.

Por otra parte los "cursillos" que subvenciona la Comunidad de Madrid a los profesionales del sector, desde mi punto de vista son cortos, de baja calidad y poco centrados en los temas específicos del trabajo. No entiendo cómo la Comunidad de Madrid no realiza un acuerdo con las universidades públicas para que sean ellas las que den la formación continua.

¿A qué conclusión podemos llegar después de esta exposición? Pues es bien sencillo: los trabajadores de los equipos psicosociales de la Comunidad de Madrid en los juzgados de violencia de género estamos en una situación cada vez más precaria, lo que sin ninguna duda repercute negativamente en la atención a las víctimas; las víctimas no tienen los servicios suficientes para ser atendidas adecuadamente en una situación en la que está en peligro su propia vida y, mientras tanto, la Presidenta de la Comunidad de Madrid incrementó un 40,8% el presupuesto para eventos taurinos, que se aumentaron en 384.054 € más respecto al año pasado y deja sin efecto la partida de 250.000 € que había destinada a la violencia de género.

Y yo me pregunto, ¿se van a poner sobre la mesa todos estos datos en el supuesto "Pacto de Estado" contra la violencia de género o se va a quedar la cosa en lamentarse por las víctimas y seguir guardando minutos de silencio en un lugar bien visible para salir en la foto?. Me temo lo peor.

Teresa Gómez-Limón Amador

Doctora en Psicología por la UCM

Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la UCM

Máster Sanitario en Práctica Clínica por la European Society of Psychology

Máster de Alta Formación en Psicoterapia Breve Estratégica por el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo (Italia)

Psicóloga Forense de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid