Laura Calderón · Libres y Combativas Madrid
"En Londres se ha clausurado recientemente el "Quinto Congreso Internacional de lucha contra la trata de blancas". ¡Se han despachado a su gusto duquesas, condesas, obispos, pastores, rabinos, funcionarios de la policía y toda clase de filántropos burgueses! ¡Cuántos banquetes solemnes y pomposas recepciones oficiales! ¡Cuántos discursos grandilocuentes sobre los estragos y las ignominias de la prostitución! ¿Qué medios de lucha han preconizado los distinguidos delegados burgueses del congreso? Principalmente dos: la religión y la policía (…..)Eso permite juzgar qué asquerosa hipocresía burguesa reina en estos congresos aristocráticos y burgueses. Los acróbatas de la caridad y los policías para los que la miseria y la pobreza son objetos de escarnio se reúnen para « luchar contra la prostitución », que está precisamente sostenida por la aristocracia y la burguesía” - Lenin, 1913.
El ascenso de la lucha de masas feminista, el sello clasista y anticapitalista de este movimiento, alimentado por el retroceso social que los efectos de la crisis económica están generando, han situado con fuerza entre la opinión pública la denuncia de la prostitución como la forma más extrema de violencia contra las mujeres pobres. La clase dominante no ignora cómo este movimiento explosivo se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la lucha de clases. Por ello y con el fin de neutralizar su carácter más combativo, la burguesía ha puesto todo su arsenal en marcha para limar el contenido revolucionario del movimiento que señala al sistema y sus instituciones como responsables directos de la opresión.
Las instituciones capitalistas hacen campaña para “lavarse la cara”
Como parte de esta ofensiva, hemos visto el papel del aparato del Estado, y en concreto de la judicatura, en tratar de frenar la movilización por medio de la represión con sentencias judiciales aberrantes, con el objetivo de sembrar una atmósfera de derrota en el movimiento. Pero por otro lado, estamos asistiendo a una campaña por tratar de presentar un rostro amable de las instituciones capitalistas y de la judicatura para domar al movimiento feminista y vaciarlo del contenido de clase y anticapitalista hasta convertirlo en la una protesta compatible con el sistema.
En este sentido, recientemente el Tribunal Supremo dictaminó una sentencia que condenaba a 40 años de prisión a dos proxenetas y con la que se señalaba los clubes “de alterne” como lugares donde se esclaviza a miles de mujeres diariamente a través de la prostitución. Una resolución aplaudida por el gobierno del PSOE, que ha manifestado su “compromiso” en abolir la prostitución. No obstante, al mismo tiempo, en Euskadi apoyan al PNV en su escandaloso proyecto de regular la prostitución a través de la Ley Vasca de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Las declaraciones y buenas intenciones del PSOE contrastan enormemente con los intereses que defienden en el día a día y que contribuyen en mantener las condiciones sociales que empujan a decenas de miles de mujeres a vender sus cuerpos en las calles o en burdeles, mientras las redes de proxenetismo y todo el entramado empresarial, jurídico y financiero que lo sostiene quedan intactos, operando sin el menor problema.
¡Basta ya de “feminismo” y “abolicionismo” de postín!
No, no se puede ser abolicionista de la explotación sexual si se promueve la explotación laboral, los salarios de miseria y la privatización de los servicios públicos que condenan a las mujeres trabajadoras a la pobreza, el desempleo y la vulnerabilidad. ¿Cómo se va a rescatar a las víctimas de la prostitución encerradas en burdeles o empujadas a la calle a sobrevivir, sin tomar ninguna medida que cambie las condiciones de dependencia económica y extorsión a las que están sometidas?
Este gobierno “abolicionista” ha contado con muchas mujeres en su “consejo de ministras”. Es cierto. Y ha sido muy aplaudido en actos refinados y elegantes de mujeres ricas que se han pasado a la “moda del feminismo” como la banquera Ana Patricia Botín, quien felicitó la elección de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía. Esa misma ministra que se niega a derogar la reforma laboral del PP cuyo saldo ha sido crear un auténtico ejército de trabajadores pobres sobre-representado por mujeres: 6,7 millones de asalariadas que ingresan por debajo de los 700 euros y un 72% de los contratos temporales. Mantener una posición formalmente abolicionista, mientras se gobierna para la estabilidad capitalista y se aplica la agenda de ajustes y austeridad, no es más que propaganda vacía con la que esconder bajo la alfombra la realidad social que expone a miles de mujeres a caer en las redes criminales de la explotación sexual.
El gobierno del PSOE, aplicando sus políticas que facilitan despidos, recortes sociales, desahucios, precariedad y bajos salarios también contribuye a mantener intacta las raíces sobre las que el negocio de la esclavitud sexual se fortalece. Según el último informe de la ONG “Médicos en el mundo” la extensión de la pobreza ha provocado en los últimos tres años un aumento de la prostitución en burdeles y pisos en el Estado español de un 15% entre mujeres nativas y se ha disparado en un 60% entre mujeres inmigrantes. Una realidad - continúa el informe - que es acompañada de la cara más violenta que supone la prostitución para las mujeres pobres, como la renuncia a usar preservativos para hacer frente al incremento “de la competencia”. Además, las leyes represivas como la Ley Mordaza que también persigue y criminaliza a las mujeres que se ven forzadas a prostituirse en la calle con multas de entre 600 a 10.000 euros por “exhibición obscena”, empuja a que finalmente muchas se vean en obligadas a entrar en un prostíbulo bajo el control de los proxenetas para poder sortear así el acoso de la policía.
También la continuidad de política represiva y de mano dura contra la inmigración, que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido, y el papel clave del Estado español en las políticas anti migratorias de la UE, acatando el control de fronteras y las devoluciones en caliente, son un factor vital para que el lucrativo negocio del tráfico de personas – que reporta 32 millones de dólares anuales- haya crecido exponencialmente. De hecho el Estado español se ha consolidado desde el 2016 en el primer país europeo de destino o tránsito y entrada al continente para las mujeres y niñas víctimas de trata. Las vallas con concertinas, la denegación al derecho de ciudadanía que supone la Ley de Extranjería y las detenciones en las fronteras abastecen de una cantera de personas desesperadas e indefensas que terminan por encontrar en las redes criminales de la trata y del proxenetismo la única vía para salir de la situación de miseria y pobreza de sus países de origen, ante la connivencia de la policía fronteriza y la guardia costera.
Mientras tanto... el aparato del Estado ampara a los proxenetas
Esta actitud cínica de declamar contra la esclavitud sexual a la par que no se toma ninguna medida por sacar a las víctimas de la prostitución de su situación de pobreza extrema, extorsión y dependencia, no queda únicamente ahí. Cabría preguntarse, si tan firme es la convicción del Supremo y del gobierno del PSOE con respecto al régimen de esclavitud que se impone a decenas de miles de mujeres en los clubes de alterne ¿Por qué no se cierran inmediatamente los más de 1.500 prostíbulos que hay registrados legalmente y que pueblan ostentosamente con luces de neón toda la geografía del Estado español? ¿O los “pisos de citas” que se publican en periódicos y páginas webs sin problema alguno? ¿Por qué los proxenetas que hacen la declaración de la renta con nombre y apellido bajo el perfil de hosteleros de “locales de alterne” no son perseguidos, investigados y detenidos?
Lo cierto es que detrás de la dureza de las palabras de la sentencia del Supremo, se esconde una realidad muy concreta. El aparato del Estado en su conjunto, desde la judicatura, a la policía, pasando por Hacienda, han proporcionado conductos semi institucionalizados para la expansión de este negocio que han convertido al Estado español en el “Prostíbulo de Europa”.
De hecho los proxenetas cuentan con toda la cobertura legal proporcionada por la propia judicatura y el ministerio del interior para organizarse como patronal. Desde el 2001, la Asociación Nacional de Empresarios de locales de alterne, ANELA - que agrupa a más de 200 burdeles -, consta en el registro como asociación empresarial. Su presidente, por cierto, es fundador de la organización de extrema derecha “España 2000”. Y así hasta otras 10 “organizaciones empresariales de alterne” más, que gozan de total impunidad para presionar y defender los intereses de sus negocios. Bajo la coartada de que los prostíbulos están inscritos legalmente como hoteles o bares donde se “alterna” y que posteriormente se arriendan a un tercero, los proxenetas tienen el subterfugio legal para explotar sexualmente a mujeres, y la judicatura la excusa para sobreseer la mayor parte de los casos. Mientras tanto empresarios de todo tipo obtienen beneficios millonarios de esta barbarie: desde proyectos de construcción donde se blanquean capitales, distribuidoras de grandes firmas de bebidas alcohólicas para estos locales, los circuitos financieros de lavado de dinero de la banca y un largo etc.
Según datos de la propia Fiscalía General del Estado, de las 122 causas abiertas contra proxenetismo y tramas de corrupción vinculadas a la explotación sexual en el 2018, sólo 13 casos no terminaron archivados. Basta recordar, cómo el propio Partido Popular aprobó en 2015, con el beneplácito de la alta magistratura, una reforma, aún en vigor, para despenalizar todavía más el proxenetismo, convirtiendo este en delito - sólo - cuando se dé “ en condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”. ¿Acaso puede haber explotación sexual sin agravio y abuso para sus víctimas? No, en el Estado español, el 70% de las mujeres atrapadas en la prostitución son inmigrantes de países empobrecidos, y una mujer prostituida tiene 40 veces más posibilidades de morir que otra que no lo es. La prostitución es pobreza, violencia, racismo y machismo y la única intención de todo este vericueto legal es abrir la puerta de par en par a la legitimación de esta barbarie como un “respetable negocio” más.
Otro elemento a destacar tiene que ver con el entramado policial y de funcionarios políticos que operan en torno a los prostíbulos y que, en muchos casos, a cambio de “sobresueldos” se han convertido en un garante para el tránsito por el Estado y la estancia de mujeres secuestradas y obligadas a prostituirse.
Los últimos casos flagrantes arrojan un balance claro al respecto. En el caso Carioca la mayor causa abierta en el Estado español contra la explotación sexual, numerosos miembros de la guardia civil, de la policía local, nacional e incluso responsables de extranjería y delegación de gobierno aparecen en el sumario como involucrados en la red de prostitución que incluía hasta 12 burdeles en la provincia de Lugo. Entre sus funciones se encontraba desde recoger en el aeropuerto de Barajas a las mujeres que eran traídas desde sus países de origen, algunas menores de edad, la falsificación de los sellos de entrada en los pasaportes, su distribución en los distintos prostíbulos hasta el arreglo de papeles a las mujeres prostituidas para conseguir su continuidad en el país y la paralización de órdenes de expulsión. ¡Incluso el jefe de la Unidad de Mujer y Menor de la Guardia Civil de Lugo, después de cerrar los prostíbulos que no le pagaban mordidas, llevaba a las víctimas a Cáritas para, a los pocos días, reubicarlas él mismo en los burdeles que sí le garantizaban compensación económica!. Sin embargo, los más de 100 testigos que han declarado, las pruebas y las escuchas no han sido suficientes para que el Ministerio Fiscal viera indicio de delito alguno sobre ninguno de los funcionarios, policías y guardias civiles encausados.
No hablamos solamente de un escándalo puntual. Recientemente el Caso Bloque en Coslada (Madrid), tras diez años de instrucción, también destapó la involucración de numerosos policías locales en el mantenimiento de una decena de prostíbulos. O el Caso Riviera y Saratoga con la participación de 20 funcionarios de la guardia urbana en la gestión directa de dos macro burdeles en Castelldefels, a los que posteriormente el Tribunal Supremo rebajó las penas, absolviendo incluso a algunos. El pasado mes de Junio también se desveló el servicio de espionaje mafioso que la policía local de Palma articuló desde el 2012 para hacerse con el control de las redes de trata y prostitución en las playas de Palma y S’arenal con el fin de ponerlas al servicio de la mayor organización criminal de la ciudad que controla los principales prostíbulos en la isla. No son casos aislados, ¿Cómo si no se puede explicar que cada año entren miles de personas víctimas de trata tanto con fines de explotación sexual como laboral en el Estado español? Todas estas tramas de corrupción y la impunidad bajo las que se sepultan la mayor parte de ellas, muestran el modus operandi por acción u omisión, del Estado y la justicia burguesa, de su supeditación a la defensa de los intereses y grandes negocios tanto legales como ilegales de los capitalistas.
El negocio de explotación sexual y la trata en el corazón de la economía capitalista
Quizás esto explique también, la insistencia de Hacienda y la UE por seguir contabilizando fiscalmente en el PIB nacional los beneficios económicos derivados de la prostitución. Estas instituciones capitalistas aplican la máxima moral de la clase social a la que representan: “no hay buen dinero o mal dinero, solo dinero”. Y así encubren su connivencia y su defensa descarada de la legalización de la esclavitud sexual: parecer ser que el problema está en que haya montantes de billetes sin declarar, y no en que todo un entramado económico multimillonario se sostenga sobre el rapto y la violencia contra millones de personas. Hasta ahí llega su preocupación por los derechos de las mujeres y niñas pobres.
Pero, ¿Por qué en vez de contabilizarlo en las cuentas nacionales, no siguen el rastro del dinero de la prostitución al que tienen acceso para desarticular las redes de proxenetismo y trata? Pues por la única razón de que el destino final de los beneficios económicos de este negocio criminal termina en los bolsillos o en las cuentas de paraísos fiscales de “respetables” hombres y mujeres del sistema.
A diferencia de lo que nos dicen, la prostitución no es “la profesión más antigua del mundo”, ni ha existido siempre. La prostitución es una herencia de la sociedad divida en clases que surgió con la aparición de la propiedad privada y la familia patriarcal. Sin embargo, el sistema capitalista, especialmente en las tres últimas décadas, ha incrementado hasta límites extremos la mercantilización del cuerpo de la mujer.
La prostitución y la trata de personas se han conformado como un sector económico internacional que alcanza el 10% del PIB mundial. En esta fase de decadencia orgánica del capitalismo, la inversión de la riqueza en la economía real ha sido sustituida en gran parte por la especulación, que reporta grandes beneficios de forma rápida y menos costosa. Éstas son las condiciones sobre las que las “economías ilícitas” juegan un papel mayor en la acumulación de capital, convirtiendo a las relativamente pequeñas organizaciones mafiosas del pasado en auténticas multinacionales del crimen ahora. Según agencias especializadas, en el mundo se blanquean capitales anualmente por valor entre 500 y 750 millones de dólares. De esta forma, la prostitución, la superexplotación que sufren las mujeres inmersas en las redes de trata, se conforman, así, en un apoyo sustancial que el capitalismo utiliza para mantener altas tasas de ganancias en el sistema financiero, sin necesidad de que este dinero tenga un sustento real en la economía productiva.
Abolir la prostitución requiere una alternativa anticapitalista y genuinamente socialista
Desde Libres y combativas mantenemos una posición firmemente abolicionista de la esclavitud sexual en cualquiera de sus formas. Defendemos que cualquier ser humano tiene que tener garantizado el derecho a una vida digna que este sistema nos niega. Por ello, combatimos fervientemente a todas y todos aquellos que desde su cómodo estatus social y material con el que han obtenido su emancipación individual - ya sea en el parlamento, las direcciones de partidos políticos y sindicatos o desde una cátedra académica- pretenden hacernos tragar con la legalización de la prostitución como un mal menor. Pero, defender a las víctimas de la prostitución, también es parte de la batalla por acabar con la violencia salvaje de este sistema económico del que son objeto. Por ello denunciamos también las palabras vacías y las lágrimas de cocodrilo de los que se dicen abolicionistas pero que gobiernan respetuosamente para que este estado injusto de cosas siga llenado los bolsillos de una minoría.
La única forma de asegurar una alternativa viable e inmediata para las mujeres que están encerradas en los prostíbulos, o las que son empujadas a la calle a vender su cuerpo, es luchando y organizándonos por acabar con la miseria, la degradación moral, la desigualdad y violencia que provocan el capitalismo y los gobiernos a sus servicio.
Por ello exigimos:
o Endurecimiento de las penas a los proxenetas, traficantes de personas y beneficiarios de la explotación sexual de seres humanos. Incautación de sus fortunas personales y patrimonio para invertirlos en garantizar los derechos sociales y económicos de sus víctimas y sus familias.
o Depuración inmediata de aparato del Estado de todos los colaboradores con las redes de proxenetismo, trata y explotación sexual.
o Regularización y derecho a la ciudadanía para todas las prostitutas extranjeras víctimas de la trata.
o Otorgar a las prostitutas medios económicos para salir de la esclavitud sexual. Vivienda pública digna y accesible, empleo digno o subsidio de paro hasta encontrar trabajo, y protección social, sanitaria y educativa a sus hijos e hijas que evite la violencia contra ellos, sin necesidad de que denuncien, ya que muchas no lo hacen por miedo y por su situación administrativa.
o Educación sexual obligatoria en los centros educativos desde la escuela infantil hasta la universidad, para combatir el machismo, la violencia contra las mujeres y la homofobia.
