Desde hace semanas asistimos a una ofensiva de Vox y del PP en las calles, a la que ahora se ha sumado abiertamente y sin tapujos una parte del aparato del Estado. Dentro de esta campaña patriótica de la derecha se encuentra la investigación que la Guardia Civil –con Diego Pérez de los Cobos a la cabeza– inició sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid para culpabilizar al Gobierno de no haber tomado medidas pese a conocer la situación de emergencia por el coronavirus.

Como parte de este montaje judicial, todas las compañeras que participamos en la reunión de coordinación de la movilización del 8M –entre las que se encuentra una portavoz de Libres y Combativas– fueron citadas para comparecer “a la mayor brevedad posible en las Dependencias de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil” en Tres Cantos. En cuanto nos negamos, alegando la imposibilidad del desplazamiento por el Estado de Alarma, sufrimos todo tipo de presiones para que fuéramos a declarar e incluso se nos planteó que agentes de la Guardia Civil podían presentarse en nuestros domicilios.

La forma de actuar para redactar este informe ha sido sobre la base de la coacción, la mentira y la manipulación. Testigos que aparecen en el informe de la Guardia Civil, aseguran que se han manipulado las respuestas que éstos dieron al ser contactados y han denunciado que sus declaraciones no sólo han sido tergiversadas sino directamente modificadas. Este informe, además, contiene numerosos errores, como que la declaración de pandemia por la OMS se realizó en enero cuando fue el 11 de marzo y muchas de las informaciones de dicho documento no han sido contrastadas. Es más, provienen de diarios de la derecha y la extrema derecha como El Español, La Razón o el ABC entre otros. Todo un ejemplo de imparcialidad.

Al tiempo que se concluía este montaje con la excusa del COVID-19, PP y Vox han organizado protestas en pleno confinamiento sin que la judicatura o la policía hayan abierto investigación alguna al respecto. ¡Menudo cinismo!

Las instituciones del sistema en guerra contra el movimiento feminista

No es casualidad que la furia de la derecha y la extrema derecha, de la Guardia Civil y de sectores de la judicatura, se dirija contra la manifestación del 8 de marzo. Utilizan los nombres de quienes legalizamos la manifestación, pero es un ataque contra las decenas de miles de personas que un año más levantamos nuestras voces contra la violencia machista. El objetivo de la Benemérita no es más que tratar de desprestigiar un movimiento que ha señalado la naturaleza machista y reaccionaria del Estado y sus instituciones. En numerosas protestas hemos puesto en evidencia el carácter machista, franquista y reaccionario de la judicatura que ampara a individuos como los violadores de La Manada –guardias civiles y militares que se han creído y se creen impunes– y hemos denunciado la represión contra nuestros derechos democráticos.

Tampoco es sorprende la biografía del coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil a cargo de esta operación. Pérez de los Cobos apoyó activamente el golpe de Estado del 23-F, en 1992 fue procesado por torturas a un miembro de la ETA y fue quien dirigió la brutal represión en Catalunya durante el referéndum del 1 de octubre que se saldó con más de 1.000 heridos. Ahora, la destitución de este reaccionario por parte del ministro de Interior Grande Marlaska –y las dimisiones de otros agentes afines a sus ideas reaccionarias– ha intensificado la rabia y la propaganda de los firmes defensores de la “España, una, grande y libre”.

Depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios y frenar a la extrema derecha en las calles

Todas las irregularidades que se han cometido con el informe del 8M no sólo justificarían la destitución de Pérez de los Cobos y los guardias civiles implicados, sino la apertura de una investigación para depurar responsabilidades incluso a nivel penal. ¿O es que no es relevante que se manipulen pruebas y se construyan casos a medida? ¿No es justamente lo que hacía el franquismo contra sindicalistas, militantes de la izquierda y opositores?

Pérez de Cobos no es una excepción. La presencia de estos franquistas y reaccionarios en altos cargos de cuerpos e instituciones es la consecuencia de que los anteriores gobiernos del PSOE no hayan depurado a los torturadores y a los fascistas del aparato del Estado. Al contrario, les han protegido, manteniendo sus privilegios y medallas –como fue el caso de Billy El Niño–. Ahora levantan la cabeza ante la ofensiva de la extrema derecha pero siempre han estado ahí desde la dictadura.

El Gobierno del PSOE-UP tiene una responsabilidad y una tarea pendiente: depurar de forma inmediata a todos los franquistas del aparato del Estado, a los machistas de la judicatura y cortar de raíz la actitud golpista que vemos en muchos jueces, militares y mandos policiales –que simpatizan con el PP y Vox y que incluso militan en grupos de la ultraderecha– y derogar de una vez por todas la Ley Mordaza.

A la extrema derecha no se la derrota mirando hacia otro lado, sino aplicando políticas verdaderamente de izquierdas, en beneficio de las oprimidas y oprimidos, y saliendo a la calle y la movilización. El 8 de marzo, en todos los rincones del Estado, gritamos con fuerza ¡No pasarán! Hoy, las mujeres trabajadoras, jóvenes y el conjunto de la clase obrera, seguiremos levantando la bandera contra aquellos y aquellas que pretenden acabar con todos nuestros derechos.

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