El pasado 6 de junio se hizo público el dictamen sobre un caso de violación grupal en Argentina que consideraba la agresión perpetrada como un “desahogo sexual”.

El caso se remonta a 2012 cuando cinco hombres –todos ellos pertenecientes a las familias más ricas de la provincia sureña de Chubut, en concreto de la élite empresarial de Puerto Madryn– violaron a una joven de 16 años durante una fiesta. La drogaron y, mientras estaba en un estado de semiinconsciencia, cinco de ellos la violaron mientras uno vigilaba la puerta. La víctima, al calor del auge del movimiento feminista en Argentina, decidió denunciar toda esta situación en 2019, pero tras las amenazas recibidas tuvo que abandonar la ciudad. En un primer momento, la violación había sido catalogada como “abuso con acceso carnal agravado” –que aseguraba una pena mínima de ocho años, una condena ridícula– pero el fiscal Fernando Rivarola acordó con los imputados un juicio abreviado que rebajaba las penas a menos de tres años, por lo que ninguno de los violadores tendría que pisar la cárcel. 

Como no podía ser de otra manera, una ola de indignación ha sacudido el país ante este nuevo caso de justicia clasista y machista. Las redes sociales se han llenado de mensajes de protesta y distintas movilizaciones se han celebrado en la región. En Puerto Madryn, miles de manifestantes marcharon por la ciudad sujetando pancartas donde se podía leer “la manada es el sistema”, “tu apellido no te salva, tu nombre es violador” o “hermana yo sí te creo”. Los cánticos exigiendo justicia resonaron con fuerza y llegaron hasta la puerta de las casas de los seis agresores, protegidas con decenas de agentes de la Policía Local. A pesar de que la investigación abierta por un juez tras la polémica ha rechazado el acuerdo del fiscal, la rabia no ha cesado.

Este caso se suma a la interminable lista de sentencias patriarcales dictadas por la Fiscalía que han puesto encima de la mesa el carácter marchista, clasista y reaccionario del aparato del Estado argentino y sus instituciones, con las que han tratado de golpear al poderoso movimiento en defensa de los derechos de las mujeres trabajadores que ha llenado las calles del país.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito no puede esperar más

En los últimos años el movimiento feminista se ha puesto a la cabeza de la movilización social internacional haciendo temblar los cimientos del sistema. Sin duda, las trabajadoras y jóvenes argentinas han jugado un papel destacado en la lucha contra los feminicidios, contra la opresión ideológica ejercida por la Iglesia Católica o por los derechos reproductivos. No se nos olvidan las impresionantes imágenes de millones de personas alzando sus pañuelos verdes clamando ¡aborto legal para no morir! en las principales ciudades del país.

Las manifestaciones multitudinarias, el movimiento Ni Una Menos, la fuerza arrolladora del Pañuelazo... consiguieron que el proyecto de ley para despenalizar el aborto fuera aprobado en el Congreso tras más de 20h de sesión. Este resultado suponía un golpe demoledor al gobierno de Macri –quien se vio obligado por la presión social a abrir un debate que no quería y en el que se posicionaba en contra– y a la jerarquía de la Iglesia Católica, que utilizó todos sus medios para cargar contra el derecho al aborto. Esta victoria establecía un ejemplo muy poderoso para todas las mujeres en América Latina y a la vez un precedente muy peligroso para los y las capitalistas. Es por eso que, finalmente, el proyecto de ley fue rechazado en la última instancia en el Senado. El objetivo era claro: desmoralizar al conjunto del movimiento.

Tras la llegada de Alberto Fernández a la presidencia argentina en octubre de 2019, las protestas en las calles volvieron a colocar el foco sobre la necesidad de un aborto legal, seguro y gratuito. A pesar de que en marzo el presidente anunció que en diez días presentaría un proyecto de ley para legalizar el aborto, pocos días más tarde anunciaba que “prefiero postergarlo hasta que resolvamos el debate sobre la pandemia”. Un grave error.

¡Una realidad que cada año fuerza a 46.000 mujeres y adolescentes a poner en riesgo su salud y su vida por realizarse abortos clandestinos no se puede posponer! Durante el confinamiento por el COVID19 la violencia machista ha crecido dramáticamente: según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el pedido de ayuda por violencia de género aumento un 39% durante la pandemia y desde el 20 de marzo se han registrado 74 asesinatos en Argentina. La defensa de los derechos reproductivos es más urgente y necesaria que nunca. Ante la ausencia del derecho al aborto muchas mujeres se ven abocadas al uso de las pastillas antiaborto, que son ilegales y en tiempos de confinamiento mucho más complicadas de conseguir, los obstáculos para sortear la clandestinidad son todavía mayores, las condiciones para interrumpir el embarazo todavía más peligrosas –han sido dos las mujeres que han perdido la vida desde el inicio del estado de alarma por estos motivos– y el acceso a los métodos anticonceptivos se ha complicado drásticamente.

La marea verde feminista debe volver a tomar las calles

Por eso la respuesta del movimiento feminista no se ha hecho esperar. El 28 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer –un día en que históricamente el movimiento sale a las calles– y desafiando la cuarentena obligatoria, miles de mujeres se concentraron frente al Congreso en Buenos Aires por la despenalización del aborto. En Mar de Plata, Córdoba, Mendoza o Jujuy miles más coreaban las mismas reivindicaciones.

Que miles de mujeres trabajadoras y jóvenes argentinas hayan salido a las calles en plena alerta sanitaria demuestra la determinación por continuar con la lucha. La consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” sigue más vigente que nunca y la movilización debe continuar para forzar al Gobierno de Fernández a hacerla realidad. La única forma de acabar con la justicia patriarcal que ampara a nuestros agresores - como la manada de Chubut -, con todas las leyes que oprimen a las mujeres, acabar con el reaccionario poder de la Iglesia Católica sobre nuestros cuerpos y vidas, es rompiendo con este sistema capitalista, machista y patriarcal. ¡La lucha feminista en Argentina marca el camino a seguir!