Joana F. - Libres y Combativas e Izquierda Revolucionaria Portugal

El pasado 13 de enero, el Congreso chileno dio un nuevo paso hacia la despenalización total del aborto. Esta es una consecuencia más del levantamiento de masas que comenzó en octubre de 2019 y que sacudió al régimen de Pinochet y al gobierno de Sebastián Piñera. La discusión en la cámara recayó en la Comisión de Mujeres e Igualdad y estuvo encabezada por las diputadas que redactaron el proyecto de ley. Este proyecto, similar al aprobado no hace mucho en Argentina, establece que cualquier mujer tiene acceso al aborto gratuito, seguro y gratuito hasta la semana 14 de embarazo.

Ese mismo día, cientos de mujeres se dieron cita frente al Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia de la República de Chile, en una manifestación por la total legalización del aborto y en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. En Valparaíso, grupos de derecha “pro-vida” atacaron a mujeres, trabajadores y jóvenes que se manifestaron en las inmediaciones del edificio del Congreso.

La tensión solo puede intensificarse en un futuro próximo. Piñera y su gobierno reaccionario se oponen vehementemente a la legalización del aborto. La ministra al frente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, dijo una vez que estaba en contra de la ley del aborto vigente en Chile, e incluso ahora se opone a cualquier proyecto de plena legalización. Piñera, quien inició su carrera política como un destacado funcionario de la dictadura de Pinochet, lidera un gobierno apoyado por los estratos más reaccionarios y conservadores de la sociedad chilena, y hará todo lo posible para que el movimiento del aborto libre, seguro y libre se detenga lo antes posible, cueste lo que cueste.

Esta no será una tarea fácil para el gobierno. El movimiento de mujeres no cederá, y una confrontación de la burguesía con la clase trabajadora, en cualquier frente, puede desembocar en una nueva explosión generalizada. En un momento en que la burguesía no es capaz de poner fin a ninguna crisis revolucionaria, ni siquiera recurriendo a la represión más salvaje, es arriesgado apostar por una lucha frontal.

La lucha por el aborto en América Latina

En este momento, solo seis países o territorios de Latinoamérica permiten un aborto libre, seguro y gratuito, variando la semana máxima de gestación permitida para la interrupción: Cuba (1965), Puerto Rico (1973), Guayana Francesa (1975), Guyana (1995), Uruguay (2012) y, más recientemente, Argentina (2020). Los países restantes penalizan completamente el acceso al aborto, pero solo lo permiten en determinadas circunstancias: casos de malformación del feto, riesgo de muerte para la mujer embarazada o casos de violación.

América Latina es hoy la región con la tasa más alta de embarazos no deseados, y solo uno de cada cuatro abortos que se realizan en el continente ocurre de manera segura. Para las mujeres de la clase trabajadora, esto significa el sometimiento al aborto clandestino y la falta de condiciones higiénicas durante el procedimiento, la falta de atención médica durante y después del procedimiento, lesiones en el sistema reproductivo, entre otros graves problemas.

Miles de mujeres mueren anualmente debido a las restrictivas leyes de aborto vigentes en América Latina, y continuarán muriendo mientras el aborto no sea tratado como un problema de salud pública y un derecho para todas las mujeres. Los límites impuestos a nuestra autonomía corporal, la explotación y control de nuestra capacidad reproductiva tienen como objetivo someter a las mujeres pobres y trabajadoras al rol social de cuidadoras y obstaculizar su emancipación. Estas políticas, que incluyen la restricción al aborto, siempre han contado con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad y de la Iglesia Católica.

En América Latina, las mujeres vieron sus derechos reproductivos más severamente atacados en los años sesenta y setenta. Que este sea el período de consolidación de dictaduras militares y gobiernos bonapartistas de extrema derecha en varios países del continente latinoamericano no es casualidad. Los golpes reaccionarios de estas décadas representaron enormes ataques a la clase trabajadora, con brutales políticas neoliberales y la supresión de los derechos laborales. Para las mujeres de la clase trabajadora, esto se vio agravado por el ataque a los derechos reproductivos, la escalada de delitos de violencia sexual (a menudo resultantes de detenciones arbitrarias), secuestros, torturas, abortos forzados, entre muchos otros métodos de represión.

Incluso hoy, es en este clima de represión en que las mujeres latinoamericanas y la clase trabajadora se levantan para luchar.

El movimiento por la legalización del aborto en Chile: avances y retrocesos

En 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet (Partido Socialista de Chile), se aprobó una ley que permitía que el aborto se realice bajo tres circunstancias específicas: riesgo mortal para la embarazada, malformación fetal y casos de violación. Antes de eso, el aborto estaba completamente criminalizado en Chile. Esto significa que hasta hace cuatro años, Chile era uno de los países latinoamericanos con leyes abortivas más restrictivas, poniendo en peligro a miles de trabajadoras y campesinas que, sin recursos y sin alternativas seguras, recurren a procedimientos clandestinos.

Es importante decir que el aborto no siempre fue ilegal en Chile. El Código de Salud de Chile de 1931 fue el primer texto legislativo del siglo XX que reglamentó el aborto en el país, permitiendo la interrupción del embarazo por razones médicas. En las décadas siguientes, se crearon otro tipo de servicios para asegurar un mayor acceso a la atención en salud reproductiva, como el Programa de Planificación Familiar, que entre otras medidas promovió el uso de anticonceptivos y el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva.

La lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Chile fue parte integral de la Revolución chilena de 1973. Pero el golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende y ahogó la Revolución en sangre fue el comienzo de una feroz ola de ataques contra las mujeres de la clase trabajadora.

Las políticas neoliberales de Augusto Pinochet buscaban acabar con todos los logros de los trabajadores, provocando que el desempleo y la pobreza se dispararan, cortando el acceso a los servicios esenciales. En cuanto al tema del aborto, los recortes en los fondos del Servicio Nacional de Salud de Chile han significado para las mujeres de clase trabajadora el fin de los programas de educación para su salud sexual y reproductiva, junto con una creciente censura al mismo. Este creciente control reproductivo culminaría con la total criminalización del aborto en 1989, ya hacia el final del régimen de Pinochet.

Desde 1990, la derecha ha hecho sucesivos intentos de dificultar aún más el acceso al aborto, como proyectos de ley que pedían mayores penas para las mujeres que abortaban o incluso otros que querían crear trabas legales a la despenalización total del aborto. Sólo veintisiete años después del fin de la dictadura militar de Pinochet se despenalizó parcialmente el aborto en Chile. Con el levantamiento de trabajadores y jóvenes a partir de 2019, la lucha por los derechos reproductivos también dio un salto, demostrando que la liberación de la mujer es inseparable de la lucha de la clase trabajadora.

¡Ninguna confianza en las instituciones del Estado y en la “democracia” pinochetista!

Después de la discusión de la Cámara de Diputados el día 13, se acordó que a partir de marzo se realizarán siete audiencias en las que se invitará a treinta y cuatro “peritos” para dar sus argumentos a favor y en contra de la despenalización del aborto. El proceso finalizará el 21 de abril y después de esta fecha se someterá a votación parlamentaria una propuesta de ley. Este retorcido proceso burocrático, que tiene lugar dentro de los organismos donde la burguesía tiene las mayores ventajas, es la forma en que el estado burgués busca desviar toda la lucha de los oprimidos hacia las tranquilas aguas del parlamentarismo. El movimiento no puede tener ninguna confianza en el Estado, en la democracia pinochetista y en el gobierno de Piñera.

La derecha y la Iglesia, que todavía influye muchísimo en el debate sobre el aborto, utilizarán los medios a su alcance para organizar una campaña en un intento de agitar a su base social contra los derechos reproductivos de las mujeres. Fue el propio Piñera quien declaró que su gobierno "está a favor de defender la vida, especialmente a los que están por nacer, ya que son los más inocentes, los más vulnerables y los que más nos necesitan para defender el derecho esencial a ser nacido". Esta es la definición del gobierno que durante meses organizó la represión más cruel, ordenando a policías y soldados cegar a los manifestantes disparando pelotas de goma y dándoles carta blanca para torturar, violar, secuestrar y asesinar mujeres. La hipocresía de la clase dominante no conoce límites.

Por si fuera poco, uno de los grandes obstáculos para interrumpir el embarazo en Chile proviene de los propios médicos, quienes muchas veces se niegan a realizar el procedimiento por “objeción de conciencia”. Muchos países de América Latina permiten que los médicos derechistas utilicen este mecanismo para que las mujeres no puedan, en la práctica, acceder a los pocos derechos reproductivos que tienen en el papel. Otro factor que se ha agravado este año por la pandemia es el desabastecimiento de medicamentos que permitan interrumpir el embarazo. Varias organizaciones chilenas han advertido sobre la desigual distribución de medicamentos en los establecimientos de salud pública durante el último año, lo que condiciona el acceso al aborto.

La lucha, por tanto, no se detiene en el papel de la ley. El movimiento de mujeres trabajadoras en defensa del derecho al aborto implica inevitablemente servicios de calidad y salud pública que acompañan a las mujeres antes y después del proceso, servicios de planificación familiar, educación sexual y reproductiva, y suministro de anticonceptivos y artículos de higiene femenina. En la lucha por los derechos reproductivos está la lucha por un sistema económico y social completamente nuevo, ¡la lucha por el socialismo! Sólo organizando nuestra clase, apoyada por un programa revolucionario y socialista, estos derechos se pueden lograr de una vez por todas.

Lejos de esperar algún tipo de “privilegio” ofrecido por la cúpula gobernante, lo que tenemos que hacer es utilizar la lucha de masas para la fuerza y unidad de nuestra clase. El levantamiento revolucionario, llevado a cabo principalmente por jóvenes de la clase trabajadora, puso al gobierno de Piñera contra la pared, sin dar tregua y sin callar ante los ecos de una sociedad patriarcal y sexista que quiere que nos sometamos. Miles de mujeres chilenas luchan y lucharán para que ninguna de nosotras tenga que morir por abortar clandestinamente, sin condiciones de seguridad e higiene.

¡Ni una menos!

¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!