Diana Pinto · Livres e Combativas Portugal

¡Por las 24 semanas ya!

En septiembre de 2019, una joven vio vulnerado su derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En su centro de salud, en Alentejo Central, su médico de cabecera se negó a realizar el procedimiento, a pesar de que el embarazo se encontraba dentro del límite legal establecido, alegando objeción de conciencia. Enviada después al Hospital de Portalegre, nuevamente fue rechazada, debido a que la institución no había realizado una interrupción voluntaria del embarazo (IVG) desde finales de 2006.

Residente de Estremoz, la joven se vio obligada a recorrer 147 km hasta el Hospital de Abrantes. Este caso es representativo de un problema invisible y profundamente inquietante: muchas regiones portuguesas, como el Alto Alentejo, no ponen a disposición de las mujeres un derecho fundamental reconocido.

Antes de la despenalización, en febrero de 2007, Portugal era uno de los países europeos con la legislación más restrictiva sobre el aborto. Como resultado de una ley conservadora y profundamente violenta, entre 2001 y 2007, 14 mujeres murieron en abortos clandestinos, realizándose entre 20.000 y 40.000 procedimientos cada año.

Tras la victoria del “Sí” en el referéndum de 2007, la IVG fue despenalizada, estableciendo el límite legal para abortar en las 10 primeras semanas de gestación y estableciendo un período de reflexión de “no menos de tres días a partir de la fecha de la primera consulta”. Esta formulación no es casual.

2020: un año de lucha por los derechos reproductivos

El último año, el movimiento feminista internacional, estuvo marcado por acciones y movimientos por los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo.

Desde la lucha de la clase trabajadora y las mujeres obreras en América Latina, hasta el levantamiento de las mujeres en Polonia, existe un patrón en la lucha feminista internacional que reacciona con fuerza a la escalada de la extrema derecha y las fuerzas reaccionarias de los últimos años y a la violencia atroz que estos representan para toda la clase trabajadora, y especialmente para las mujeres.

En 2018, después de largos años de lucha y manifestaciones masivas, las mujeres irlandesas lograron una importante victoria: el aborto gratuito, seguro y gratuito hasta las 14 semanas. Fue un golpe poderoso para la oligarquía de la Iglesia Católica.

También en Polonia, la Iglesia ha asumido y asume un papel importante como agente represivo A finales de octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional, controlado por jueces vinculados al ejecutivo ultrarreaccionario de Kaczyński, emitió una decisión que considera inconstitucional el aborto en caso de malformación o enfermedad irreversible del feto. En un país donde este supuesto representa el 98% de los abortos realizados legalmente en 2019, esta decisión representa un bloqueo casi completo para acceder al aborto legal. Este violento ataque de la derecha fue respondido por un colosal movimiento de masas. Durante meses, varias ciudades polacas se han llenado de protestas casi diarias, en una de las batallas más inspiradoras de la lucha de las mujeres trabajadoras en los últimos años.

Más recientemente, la histórica victoria lograda en diciembre del año pasado en Argentina, después de largos años de protestas, inspiró una ola de solidaridad que se extendió rápidamente por toda América Latina. La ley aprobada por la Cámara de Diputados regula el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo y establece un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de interrupción del embarazo y su realización. Posteriormente esta nueva normativa fue aprobada por el Senado el 29 de diciembre y con ello, el movimiento “será Ley” consiguió una gran victoria.

Las ‘10 semanas’ portuguesas son vergonzosamente insuficientes

La izquierda parlamentaria portuguesa parece haber abandonado por completo esta bandera. En sus programas, en sus discursos, en sus carteles y en sus reivindicaciones, la ampliación del plazo para poder abortar es un fantasma de otros tiempos. La izquierda celebra el día de la despenalización del aborto en Portugal, el 11 de febrero, pero ignora el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre, como si ya no hubiera motivos para luchar.

Izquierda Revolucionaria y Libres y Combativas rechazamos este discurso de que “todo ya está hecho”. El acceso al aborto en Portugal es una experiencia muy a menudo violenta, humillante y limitada a un número arbitrario de días donde los derechos reproductivos y el control del propio cuerpo de la mujer no están garantizados. Las 10 semanas de gestación representan un período vergonzosamente restrictivo y conservador que en muchos casos anula el derecho real al aborto en Portugal.

La mayoría de las mujeres descubren que están embarazadas entre las 6 y 8 semanas de gestación, y la gran mayoría de las interrupciones ocurren antes de las 14 semanas. Incluso en países como Canadá, donde la ley permite el acceso a la IVG hasta las 24 semanas, la mayoría de las intervenciones ocurren hasta las 12 semanas de gestación. Extender el plazo ni siquiera aumenta el número de abortos tardíos. Por tanto, lo que está en juego es una limitación moralista que tiene el único efecto práctico de eliminar los derechos reproductivos.

Además, la legislación actual no disminuye el número de abortos. Lo que sí que disminuye es la seguridad de las mujeres que tienen que someterse a un aborto, ya que, en la práctica, los abortos ilegales continúan. Unas 500 mujeres cada año tienen que viajar al Estado español para poder interrumpir su embarazo ante las dificultades que existen en Portugal. Ahora bien, sabemos que las mujeres de la clase trabajadora no pueden ni viajar a España ni a ningún otro país europeo para acceder a un aborto seguro cuando descubren, como suele ocurrir, que están embarazadas fuera del límite legal portugués. Nosotras estamos condenadas al aborto clandestino, a la violencia atroz que representa, y a sus consecuencias dramáticas como graves riesgos en nuestra fertilidad o el peligro a morir en la intervención.

La pandemia ha hecho que el aborto sea aún más injusto y difícil

La lucha por ampliar el periodo de gestación en el derecho al aborto en Portugal es una lucha de toda la clase trabajadora. Actualmente, el Sistema Nacional de Salud no puede satisfacer las necesidades de cientos de mujeres cada año, como consecuencia de la falta crónica de recursos, la falta de profesionales y una ley que permite a sanitarios violar los derechos de las mujeres alegando “objeción de conciencia”.

A todo esto se ha sumado la crisis sanitaria. Ahora que se publican los primeros datos, sabemos que una de las consecuencias de la pandemia de la covid-19 ha sido al menos 1,4 millones de embarazos no deseados en todo el mundo. Millones de mujeres y jóvenes no han tenido acceso a anticonceptivos. También en Portugal, la pandemia complicó el acceso al aborto, que para empezar nunca ha sido fácil ni ha estado bien organizado: muchas mujeres rurales pobres a menudo se ven obligadas a viajar a los centros urbanos para abortar, con los grandes costes psicológicos y económicos que esto conlleva. La ‘objeción de conciencia’ permite que regiones enteras del país, como el Alto Alentejo, no tengan ni un solo centro de salud donde puedas acceder a la irrupción del embarazo.

El período de reflexión obligada, una actitud totalmente paternalista con la mujer, funciona como una poderosa arma burocrática. Esta ‘reflexión’ retrasa los abortos y, gracias este tiempo de espera impuesto, muchas mujeres superan el límite legal de las 10 semanas cuando van a realizarse el aborto. En la práctica, el Estado está negando el derecho al aborto libre.

Abogamos por medidas para reducir el número de abortos, por supuesto, pero no porque los consideremos “un pecado”, sino porque el aborto es un procedimiento médico traumático, psicológicamente muy difícil y que ninguna mujer elige porque sí. 

Lo que se necesita para reducir los abortos es lo que el Estado y sus sucesivos gobiernos se niegan a hacer: invertir masivamente en un sistema de salud público gratuito con servicios de planificación familiar y un sistema educativo igualmente público y gratuito que garantice la educación sexual inclusiva para todos, para educar contra todas las formas de violencia machista. Limitar el derecho al aborto, tal como sucede ahora, solo sirve para poner en riesgo la vida de más niñas y mujeres o para forzarlas a la maternidad no deseada y la dependencia económica.

Por eso defendemos la extensión del plazo legal para acceder al aborto legal, seguro y gratuito hasta las 24 semanas, sin ningún obstáculo. Defendemos el control reproductivo total de las mujeres y personas trans sobre sus propios cuerpos. Es la clase trabajadora portuguesa quien más sufre la restricción de las 10 semanas, somos las mujeres trabajadoras quienes no tenemos más opción que abortos ilegales o embarazos no deseados. Somos nosotras quienes arriesgamos nuestras vidas por la falta de recursos.

Las organizaciones de la izquierda y feministas deben abandonar por completo la moral capitalista, dejar de adaptarse a los prejuicios de las capas más reaccionarias y atrasadas de la sociedad. Es inaceptable defender, como suele suceder entre la izquierda, que la ley del aborto debe respetar principios morales arbitrarios sobre “el desarrollo de los órganos” o “el número de células desarrolladas del feto”. La izquierda y el movimiento de mujeres deben basar su programa en la erradicación de toda opresión machista. En relación al aborto, esto significa luchar por el derecho de todas las mujeres a tener el control total sobre su propio cuerpo. Esto es lo que significa la lucha por el derecho al aborto hasta las 24 semanas.

¡Por las 24 semanas ya! ¡Fuera el ‘período de reflexión’!

El movimiento feminista en Portugal está creciendo y fortaleciéndose, gracias al impulso del movimiento feminista internacional y una crisis económica sin precedentes. Este año, por primera vez, en las reivindicaciones de la Rede 8 de Março [plataforma que organiza las movilizaciones del 8M] incluyó la demanda de la extensión del plazo de la IVG hasta las 24 semanas de gestación, sin restricciones, y la finalización del período de reflexión obligatorio.

A nivel internacional, la lucha por el derecho al aborto y todo el movimiento de liberación de la mujer está a la vanguardia de la lucha contra el capitalismo. La organización de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que está luchando por las 24 semanas y por un sistema de salud que garantice a todas las mujeres portuguesas no sólo su derecho al aborto, sino también a anticonceptivos y planificación familiar gratuitos, es un importante paso adelante.

Para hacer frente al obstáculo que supone la restricción de las 10 semanas y lograr el pleno acceso al aborto, es necesaria la lucha organizada de las mujeres de la clase trabajadora. Las mujeres, las jóvenes y el conjunto de los trabajadores debemos movilizarnos masivamente en las calles, luchar contra el sistema que mata a miles de mujeres cada año, víctimas de abortos clandestinos e insalubres, en todo el mundo. Solo la unidad de la clase trabajadora, bajo un programa socialista que parta de las necesidades de nuestra clase y comprenda adecuadamente las necesidades de la mujer trabajadora, nos permitirá construir un mundo en el que ninguna de nosotras tenga que morir en vano.