El Salvador es uno de los cinco países del mundo donde el aborto está totalmente prohibido. La ley establece penas de cárcel de dos a diez años a quien provoque, consienta o practique un aborto, pero si se considera “homicidio agravado”, la condena asciende a los 30 años. Los médicos están obligados a denunciar si sospechan que se ha producido una interrupción del embarazo o si no pueden terminar encarcelados.

Esta legislación, de las más restrictivas, autoritarias y represivas del mundo, ha provocado que entre el 2000 y el 2014 al menos 49 mujeres hayan sido condenadas por delitos relacionados con la penalización del aborto y que las autoridades hayan denunciado a otras 250. Según estadísticas del Ministerio de Salud, entre 2014-2018 se han registrado 107.745 embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre los 9 y 19 años. En la última década, 12.000 niñas han sido obligadas a ser madres antes de cumplir los 15 años.

El horror de este trato dictatorial de los derechos reproductivos de las mujeres salvadoreñas se ha visto reflejado en distintos casos que han dado la vuelta al mundo.

En febrero de 2008, Manuela sufrió una emergencia obstétrica en su tercer mes de embarazo, expulsó el feto y se desmayó. Cuando ingresó en el hospital con una fuerte hemorragia, en lugar de ser atendida, el personal médico la acusó de provocarse un aborto. Fue trasladada a la cárcel y condena a 30 años de prisión. Dos años después, murió de cáncer linfático esposada a una cama del hospital.

En 2012, Sara sufrió un aborto involuntario debido a una caída. Era un embarazo deseado. Ha pasado 10 años en la cárcel.

Cindy dio a luz a un bebé muerto en 2014 en medio de un centro comercial de San Salvador. Fue detenida en el mismo local y pasó seis años en prisión.

El caso de Evelyn es parecido. Parió sin esperarlo cuando tenía 18 años tras ser violada repetidamente por un pandillero. Al llegar a su centro de salud quedó detenida y sentenciada a 30 años de prisión por “homicidio agravada en perjuicio de su hijo recién nacido” y por “no buscar atención prenatal”. Ella no sabía que estaba embarazada. Gracias a la presión popular y la sed de justicia de su familia, fue absuelta tras pasar casi cuatro años entre rejas.

Todas ellas tenían algo en común, además de ser víctimas de la represión estatal: eran mujeres pobres de las zonas rurales, sin recursos, ni medios, ni opciones.

Actualmente, hay 18 mujeres encarceladas en El Salvador como consecuencia de las leyes antiaborto. La Asamblea Legislativa del país, controlada por el empresario y presidente ultrareaccionario Nayib Bukele, archivó este pasado mayo una iniciativa impulsada por colectivos feministas que despenalizaría el aborto cuando la vida de la mujer esté en riesgo, por violación o malformación fetal. Un nuevo golpe para los derechos de las mujeres.

El nuevo código penal y la posterior reforma de la Constitución de 1998 pusieron fin al derecho al aborto en el país, permitido en los tres supuestos básicos hasta entonces.

La única forma de tumbar esta legislación que tortura a centenares de miles de mujeres cada año es basarse en la fuerza organizada de las jóvenes, las trabajadores y campesinas pobres cuando luchamos en las calles y hacer un llamamiento internacional a todas las oprimidas del mundo a apoyar esta lucha. Igual que en Argentina o Chile, hay que impulsar un fuerte movimiento para exigir justicia para las víctimas, la libertad de las encarceladas y que el derecho al aborto sea ley.

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