Marina Mata · Libres y Combativas - Izquierda Revolucionaria

¡Basta de excusas! El Gobierno PSOE-UP debe garantizarlo

Ya han pasado 11 años desde la aprobación de la reforma de la Ley del aborto en el Estado español. Esta ley fue una conquista histórica del movimiento feminista: ¡por fin 35 años después de la dictadura franquista se reconocía el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito, dentro del sistema público, para cualquier mujer que así lo decidiera (hasta la semana 14 de gestación) sin tener que alegar riesgos para nuestra salud mental ni tener que recurrir a que un psiquiatra nos avalase como ocurría anteriormente! Sin embargo, esta ley se incumple sistemáticamente, negando en la práctica a cientos de miles de mujeres el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Aunque la ley especifica claramente que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”[1], en el año 2020 únicamente el 6,28% del total de abortos se realizó en hospitales públicos y un 9,21% en centros especializados de la red pública[2]. Es decir, que ¡casi el 85% de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se realizaron en clínicas privadas!

La “objeción de conciencia”, una excusa para el negocio millonario de las clínicas privadas

Los datos no dejan lugar a duda, pero son aún más escalofriantes si tenemos en cuenta que existen comunidades autónomas —Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y las ciudades de Ceuta y Melilla— en las que se derivan siempre a clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, en algunos casos a cientos de kilómetros del hogar de las embarazadas.

Según datos del Gobierno, más de 6.000 mujeres tienen que desplazarse anualmente a otra provincia para poder abortar y, en 12 de ellas, deben coger algún medio de transporte para viajar a otro punto donde poder hacerlo. Además hay otras 8 provincias (Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Teruel, Cuenca, Toledo y Cáceres) en las que no se ha notificado ningún aborto desde 1988. Algo que, por supuesto, no se corresponde con las peticiones de interrupción voluntaria del embarazo realizadas, que según explica 'Newtral' no solo han sido derivadas a otras provincias diferentes sino a centros privados.

¿Y cómo justifican las administraciones este desvío sistemático para hinchar el negocio de las clínicas privadas? Escudándose detrás de la mal llamada objeción de conciencia de los médicos. Hace unas semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alardeaba de que ella no iba a “obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual empezó a estudiar Medicina, para salvar vidas y no para hacer lo contrario". Unas declaraciones que hizo en la Asamblea de Madrid tras destaparse que el 100% de los ginecólogos del Hospital Clínico, y de la inmensa mayoría de los hospitales públicos de Madrid y Murcia, eran objetores de conciencia y que esa era la razón por la que se desviaban a la privada.

Es decir, ¿¡qué da la casualidad de que todos los objetores de conciencia han ido a parar al sistema público y todos los no objetores al privado!? Basta ya de tomarnos por idiotas. Tal como explica a Público Guillermo González Antón, presidente de Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE), muchos de los médicos que se niegan a realizar abortos no lo hacen por motivos morales o de conciencia, sino "por una objeción de tipo profesional", para no ser estigmatizados o señalados. Otros expertos añaden que los médicos que den un paso al frente, temen acabar dedicándose solo a eso.

Además, ¿cómo es posible que nuestro derecho a un aborto seguro, gratuito y dentro del sistema público esté supeditado a la objeción de conciencia del médico o la médica de turno? ¿Acaso nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se evapora si entra en conflicto con las directrices morales de la Iglesia católica? ¡Desgraciadamente sí! La ley actual del PSOE, a pesar de sus avances, continuó garantizando que la Iglesia Católica y la reacción pudieran seguir boicoteando el ejercicio de nuestros derechos.

Pero seamos claros, el motivo principal por el que se impide el ejercicio del derecho al aborto no es la objeción de conciencia, sino el ideario franquista, reaccionario y podrido que propaga un régimen heredado de la dictadura, y una Iglesia Católica colmada de poder y prebendas que afirma, en palabras del Papa Francisco, que “el aborto es un homicidio. Sin medias palabras. Quien aborta, asesina”.

Pero la razón de no realizar abortos en la sanidad pública no es únicamente ideológica sino también económica: las clínicas abortivas son un negocio muy lucrativo para la patronal de la sanidad privada. El mejor ejemplo es de nuevo el de la Comunidad de Madrid, abanderada de la privatización de la sanidad pública tras más de 20 años de Gobiernos del PP: desde 2010 a 2019 se han realizado 1.608 abortos en centros públicos (un 0,75% del total) y 210.755 en clínicas privadas derivados de la red pública, un servicio por el que la CAM paga anualmente alrededor de 3,5 millones de euros a estas clínicas[3]. Cuando se trata de hacer negocios, ni Díaz Ayuso ni el PP tienen problema “moral” alguno con el aborto.

Acoso, hostigamiento y tortura psicológica para ejercer nuestro derecho a abortar

Un reciente informe elaborado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya y Baleares (APFCIB), cita hasta 45 barreras que impiden o dificultan el derecho al aborto. Y no es ninguna exageración. El proceso por el que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo es una auténtica carrera de obstáculos. Una vez ha tomado la decisión de abortar, algo que no es plato de gusto para ninguna mujer y que tiene consecuencias físicas y psicológicas muy importantes, se enfrenta a que no puede hacerlo en un hospital público. Además debe recoger personalmente un sobre informativo (en muchas CCAA, como Madrid, el requisito de recoger este sobre de forma presencial se mantuvo durante el confinamiento en 2020) y pasar por un periodo de reflexión de otros tres días antes de poder pedir una cita.

Otra de las barreras a las que nos enfrentamos es el propio contenido del sobre, que depende  de las autonomías. En Madrid la información está enfocada a recursos de ayuda a las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo, en lugar de recursos e información útil para interrumpirlo. Además, el epígrafe de centros en los que recibir asesoramiento antes y después de la interrupción voluntaria del embarazo no aparece y, en su lugar, aparece uno con entidades de atención profesional y urgente a la embarazada y madre en el que constan 34 centros, de los cuales 31 son privados, la mayoría religiosos con vínculos con Vox o el PP.

A esto hay que sumar la coacción de grupos ultracatólicos como Hazte Oír o Derecho a Vivir, que dedican buena parte de sus recursos a acosar a las mujeres que acuden a interrumpir sus embarazos. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), en su último informe denuncia que el 89% de mujeres declaró alguna forma de acoso por parte de estos grupos y un 67% de ellas se sintió amenazada durante los procesos médicos. Y no es para menos. Se sitúan a las puertas de las clínicas, sin ningún tipo de medidas de alejamiento, reparten folletos con información falsa, acorralan e insultan a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo, sitúan autobuses donde realizan ecografías y muestran el latido fetal para acusar a las mujeres que acuden a abortar de asesinato… Una auténtica tortura que permanece impune y que combinan con otros métodos más sibilinos, pero igualmente crueles, como invitar a las chicas a un café o un desayuno, dado que si ingieren algo antes de la intervención no se puede llevar a cabo, obligándola así a pasar por el calvario de volver otro día.

En las últimas semanas se ha vuelto a abrir el debate sobre el aborto. La derecha no ha perdido la oportunidad de volver a acusar a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo de asesinas y de respaldar a capa y espada el derecho a la objeción de conciencia de las y los médicos por encima al propio derecho al aborto. Hemos tenido que escuchar incluso a voceras de Vox decir que el aborto es “un asesinato intrauterino" y frivolizar con las violaciones. Es el caso de Elsa Almeda, de Vox Jóvenes, que aseguró que el aborto no debería ser legal ni aunque con ello se pudiera garantizar que los abortos sean seguros, asegurando que “si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba, y tengo que intentar que sea seguro, por esta regla de tres, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues quizás podríamos preparar unos lugares para unas violaciones seguras”.

Nuestro derecho al aborto no se negocia, ¡se garantiza!

Hay que enfrentar esta ofensiva de la reacción, pero no bastan la palabras necesitamos hechos. El PSOE, que ahora se echa las manos a la cabeza, es plenamente consciente de que el derecho al aborto se incumple sistemáticamente, de que miles de mujeres se ven obligadas a abortar a cientos de km de sus casas, del acoso que sufren y de que tienen que hacerlo en clínicas privadas, arriesgando sus vidas con muchas menos garantías ante posibles complicaciones que en un hospital público. Los propios datos en manos del Ministerio de Sanidad así lo demuestran. Durante las décadas en que han estado en el Gobierno no han dejado de ceder ante las presiones de la derecha y la Iglesia Católica, ¡y estas son las consecuencias!

Unidas Podemos ha planteado la necesidad de reformar la ley. Por supuesto que necesitamos mejorar la ley actual, comenzando por prohibir esa supuesta “objeción de conciencia” que solo busca impedir el ejercicio de nuestros derechos, ya sea el aborto o ahora la eutanasia. Los médicos reaccionarios que no quieran practicar abortos, ¡que estudien traumatología u otra disciplina! ¿O es que acaso mañana permitiremos que por “objeción de conciencia” un profesor se niegue a enseñar la teoría de la evolución y la sustituya con la Biblia? Pero no basta con esto. Tal y como demuestra la realidad, que un derecho esté reconocido en la ley no garantiza absolutamente nada.

Lo que necesitamos son medidas reales y concretas, dotadas de la financiación y los medios personales y materiales necesarios. La única garantía de que este y todos los derechos que hemos conquistado se materialicen es acabar con el negocio privado de la sanidad: nacionalizar la sanidad privada, incluyendo las clínicas que practican abortos, y poner esos medios y ese personal al servicio de la mayoría. Ningún derecho puede estar supeditado al lucro privado, ni el derecho al aborto, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la sanidad universal… ¡ninguno!

Para ello necesitamos depurar de machistas y franquistas el aparato judicial y las instituciones. Acabar con los privilegios de la Iglesia católica y su moral podrida. Enfrentarnos a la reacción y la extrema derecha, a su ideario reaccionario basado en la opresión a las mujeres y a quienes hacen negocio de nuestra explotación. Necesitamos luchar por acabar con un sistema donde todos estos elementos ejercen su dictadura y están en guerra con los derechos de las y los oprimidos. Mientras esto no se haga, cualquier ley será insuficiente. ¡Solo organizándonos y luchando lograremos hacer todas nuestras conquistas reales y efectivas!

[1] Artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

[2] Datos del Ministerio de Sanidad

[3] El País. La Comunidad deriva unos 3,5 millones de euros anuales a siete clínicas privadas para garantizar el aborto

 

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