“Rezar frente a las clínicas abortistas está genial”. “El delito de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar algunas de estas vidas”. Este es el mensaje que ha aparecido en 260 marquesinas, vallas y distintos soportes publicitarios en 33 ciudades de todo el Estado. No es ninguna broma. La reaccionaria Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha puesto en marcha esta campaña antiabortista contra la reforma de la Ley del Aborto que está preparando el Gobierno PSOE-UP y contra la modificación del Código Penal para castigar las coacciones que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo.

Declarando que esta acción es para “alzar la voz” y que así se “salvan vidas”, esta panda de misóginos pretende seguir intimidando a las mujeres que quieren ejercer nuestro derecho al aborto libre.

La ACdP –igual que Legionarios de Cristo o el Opus Dei– forma parte de uno de los sectores más integristas de la Iglesia Católica. Esta institución controla colegios y universidades privados como el CEU –que fue escuela de ministros franquistas y cuna de altos cargos del Partido Popular– y aboga por la enseñanza segregada por sexos. Las mismas posiciones oscurantistas defendidas también dirigentes del PP y Vox. No es casualidad que la extrema derecha financie con gusto a estas asociaciones ultracatólicas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, entre 2010 y 2021 han recibido más de siete millones de euros.

Esta campaña es la gota que colma el vaso y se suma a las recientes noticias sobre cómo el derecho al aborto es negado sistemáticamente en la sanidad pública a la mayoría de las mujeres. Mientras tanto, estos grupos que se plantan frente a las clínicas para señalarnos lo hacen con plena libertad y amparados por el régimen del 78.

La nueva reforma del Gobierno central sancionará –supuestamente– con un año de cárcel a los y las que pretendan atemorizar a alguna mujer frente a una clínica abortiva. Pero no es suficiente. Necesitamos que, en primer lugar, el Estado deje de financiar a estas organizaciones medievales, que no son más que el brazo ideológico de la extrema derecha. ¡Ni un solo euro para quienes pretenden devolvernos a las condiciones de vida que vivieron nuestras madres y abuelas bajo la dictadura franquista! En segundo lugar, que el Gobierno confronte inmediatamente con el poder de la jerarquía eclesiástica y acabe con sus negocios, impunidad y privilegios, empezando por sacar sus tentáculos de nuestra educación. Y, por supuesto, que se garantice el derecho al aborto libre, gratuito y seguro en la sanidad pública.

Sin pedir permiso a nadie, sin que se nos imponga una moral hipócrita y reaccionaria y sin intromisiones de la Iglesia, la extrema derecha o el Gobierno de turno, las mujeres no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos. Nuestros cuerpos, nuestra decisión.

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