La Iglesia Católica de nuevo salpicada
Katharina Doll · Offensiv (Hamburgo)
Este pasado mes de enero, se publicó el informe final de la investigación de la red de abuso infantil más grande de la historia de Alemania, conocida como Bergisch-Gladbach. Un escándalo que ha involucrado a 439 sospechosos, 30.000 pistas, 65 víctimas de entre 1 y 17 años y cientos de miles de fotografías y vídeos de violaciones difundidos por internet.
Al mismo tiempo, ha salido a la luz una nueva serie de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica alemana. Lo más vergonzoso de este nuevo caso es que el sacerdote implicado, Peter H. de la Arquidiócesis de Múnich-Frisinga, ya había sido condenado por pederasta y, a pesar de los informes documentados sobre las aberraciones cometidas contra menores durante 50 años, las instituciones eclesiásticas lo han encubierto durante décadas permitiéndole seguir trabajando sin problema.
Cincuenta años de abusos sin consecuencias
El caso de Peter H. era más que conocido por la Iglesia y el Estado alemanes. Ya en 1986, el Tribunal del Distrito de Ebersberg declaró al pastor culpable de abuso sexual a diez menores de edad pero, tan solo un año después de esto, fue trasladado a Garching, una ciudad a 40km donde estos casos eran desconocidos para la población.
Y lo que ha sucedido ahora, otra vez, es el resultado de una catástrofe anunciada: más y más abusos. ¡Esta es la consecuencia práctica de no tomar medidas contundentes contra la pederastia!
Esto solo es la punta del iceberg
Estos datos sobre las víctimas de maltrato infantil y explotación sexual a manos de religiosos demuestran de forma clara que nos encontramos solo ante la punta de un iceberg construido y protegido durante centenares de años.
Ahora sucede en Alemania, pero los miles de casos en las filas de la Iglesia Católica española o las 330.000 víctimas de estas prácticas nauseabundas en Francia, nos dan una idea de la magnitud real del problema que aún se trata de encubrir.
En otras zonas también encontramos muchos ejemplos de la increíble extensión del crimen organizado que implica el abuso sexual a niños y niñas. Sólo hay que pensar en la implicación de los terroristas fascistas de la NSU en una red de estas características, o el caso de Sebastian Edathy –ex diputado del Parlamento por el SPD– que fue investigado por posesión de contenido pornográfico infantil junto a un destacado funcionario de la BKA por “crimen organizado grave”.
Las plataformas de Internet y la darknet han creado una nueva oportunidad para los pederastas. Desde pervertidos que pagan miles de dólares para ver violaciones infantiles en directo a través de webcams hasta hosters cuyos foros albergan miles y miles de archivos pornográficos. Recientemente, en diciembre de 2021, el STRG_F –vinculado a la NDR, una empresa pública de televisión y radio– presentó un informe que señalaba que con tan solo unas pocas horas de trabajo se podrían eliminar grandes cantidades de material pornográfico infantil de Internet, pero que las agencias gubernamentales responsables de ello no están tomando medidas para ello.
No hay protección estatal para los más débiles
El argumento por el cual el Gobierno alemán se esfuerza poco o nada por tumbar estas mafias que con impunidad delinquen en internet es porque prefieren “dedicar sus energías en que los abusos lleguen a juicio”. Pero, ¿el estado burgués y las autoridades judiciales realmente persiguen el abuso infantil?
El caso Lügde es muy sintomático: entre 2008 y 2018, varios hombres abusaron de niños en al menos 1.000 ocasiones en el campamento de caravanas donde habían sido alojados en esta ciudad de Renania del Norte-Westfalia. Los servicios sociales le dieron la custodia del primer niño violado al principal abusador –no era su padre– para que viviera con él en su chabola en condiciones deplorables.
Las investigaciones se convirtieron en un escándalo institucional masivo: varios agentes que trabajaban en el cuerpo de la Policía del distrito asignada al caso resultaron ser también pedófilos. Posteriormente, los empleados de la Oficina de Bienestar de la Juventud eliminaron todas las referencias sobre ‘pedofilia’ de los archivos, se manipularon actas para evitar acusaciones de negligencias y cientos de datos con material clave para acusar a los pederastas desaparecieron de las estancias policiales.
¿Y la red de seguridad estatal?
Todos estos casos –y lamentablemente muchos más– no sólo expresan la decadencia de las instituciones eclesiásticas o la depravación moral bajo el sistema capitalista. Sino que también señala las serias carencias que existen en la red institucional que debería proteger a la infancia. Estas profundas brechas dan como resultado que se dé rienda suelta a la crueldad de estos pederastas.
A través de todo tipo de argumentos peregrinos y mentiras, se está colocando un manto protector alrededor de estas atrocidades. Hay que acabar ya con el silencio que existe sobre la infrafinanciación de las instituciones que deben velar por la seguridad y bienestar de los niños y adolescentes.
Donde hay falta de medios económicos, materiales y humanos crece la corrupción. El caso Lügde también arroja luz sobre cómo son atendidas las personas que acuden a las oficinas de bienestar juvenil. Estos servicios sociales para menores se han duplicado desde la década de 1990, llegando a existir 45.444 en todo el territorio alemán. Esto está creando la base para un negocio lucrativo: proveedores independientes que reciben sumas de más de 5.000 euros al mes del Estado pero no existe ningún tipo de control sobre los alojamientos, las condiciones en la que viven los niños y niñas, no se contrata más personal para garantizar la seguridad en los hogares de acogida…
¡Basta ya de abuso infantil y especulación!
El lucro ligado al bienestar juvenil y los recortes en los presupuestos de los servicios sociales hacen que el abuso infantil sea un cáncer generalizado.
Lo que sucede detrás de los muros de la Iglesia, lo que se informa a las oficinas de bienestar juvenil o lo que se denuncia a la policía, no son casos aislados. ¡Es una realidad que se conoce muy bien pero conscientemente no se hace nada!
Mientras cientos de miles de mujeres, niñas y niños son víctimas de los abusos más brutales, el año pasado se regalaron millones de euros en paquetes de rescate de proporciones históricas a las grandes multinacionales y bancos. ¿Por qué el Estado capitalista no dedica todos esos fondos para evitar los cientos de miles de delitos de abusos infantiles?
Es impensable. El horror y explotación que han sufrido miles de personas son posibles porque el sistema funciona según la ley del beneficio para los más ricos de la sociedad, mientras a las y los más pobres se nos aplasta, humilla y maltrata.
Necesitamos una revolución social para terminar con el capitalismo y construir una sociedad donde podamos satisfacer las necesidades de las trabajadoras, niñas y jóvenes de la clase trabajadora y terminar con esta violencia indigna.