Ainoa Murcia · Libres y Combativas Sevilla
Las primeras semanas de abril hemos vuelto a vivir una oleada de crímenes machistas desgarradora. En apenas unos días han sido asesinadas tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas: Teodora, de 42 años, en Toledo; Victoria Cristina, de 46, en Cuenca y África, de 45, en Barcelona. En Oviedo, Erika, una adolescente de 14 años, fue asesinada por un vecino sobre el que ya existían varias denuncias previas de cuatro chicas jóvenes[1]. En Sueca (València), Jordi, un niño de 11 años, ha perdido la vida a manos de su progenitor –quien ya había sido condenado por violencia machista– y en Lloret de Mar (Girona) una mujer de 53 años y su hija de 16 han sido brutalmente golpeadas hasta la muerte por el padre de la familia.
En el Estado español, actualmente se encuentran activos 69.469 casos de víctimas de violencia de género que tienen posibilidades de seguir sufriéndola y que requieren medidas de protección, según datos del sistema VioGen al cierre de 2021[2]. Pero estos datos no reflejan en absoluto la realidad dado que la mayoría de mujeres que sufren violencia machista no denuncia. De hecho, desde 2006, del total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, solo el 25% había denunciado a su agresor[3].
Violencia y abandono institucional
Tras cada crimen machista, los medios de comunicación y las diferentes instituciones, también el Gobierno PSOE-UP, se lamentan de las consecuencias de esta lacra y animan a las mujeres a denunciar. Es más, cada vez que otra mujer es asesinada el foco se pone en si había denunciado, como si denunciar fuera el santo grial para acabar con esta lacra social.
El problema es que bajo este sistema capitalista denunciar se convierte en un cruel y eterno proceso. A la batalla psicológica, el miedo y la falta de recursos económicos, las víctimas de violencia machista tienen que enfrentar también la batalla burocrática: declaraciones ante la policía que en muchos casos ponen en tela de juicio el maltrato y la violencia que sufren; servicios sociales desmantelados que las dejan completamente tiradas, sin alternativas económicas para poder escapar y sin protección; procesos judiciales que se ceban con las víctimas y otorgan total impunidad a sus agresores… ¡Un auténtico calvario que no garantiza la atención y recursos necesarios para poner a salvo sus vidas y las de sus hijos e hijas!
Victoria Cristina había denunciado a su expareja, y aun así terminó asesinada. La madre Jordi había denunciado a su agresor y existía una sentencia por violencia machista sobre él, pero podía seguir viendo a su hijo. Mujeres como Juana Rivas o María Salmerón, víctimas de violencia de género que se negaron a que sus hijos e hijas vieran a su maltratador, se enfrentan a penas de prisión por intentar protegerlos y que no les suceda lo mismo que a los 47 niños y niñas que han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013[4].
Hace apenas unas semanas, en Jerez de la Frontera (Cádiz), una joven de 17 años recibió una paliza brutal por parte de su pareja. Ella denunció y el agresor fue detenido en Córdoba, pero unas horas después era puesto en libertad y ahora se encuentra en búsqueda y captura mientras la joven y su familia viven aterrorizadas.
Ante esta realidad, ¿cómo se van a atrever a denunciar las víctimas?
La reacción alimenta la violencia machista. ¡Hay que acabar con este sistema criminal!
Vox, pero también el PP[5], y su discurso machista, LGTBIfóbico, racista y reaccionario que niega la violencia machista y profundiza aún más la lacra social que significa, son los responsables directos de estos crímenes y agresiones.
Ellos y ellas, estos herederos del franquismo, que han levantado una ofensiva salvaje contra los millones de mujeres trabajadoras que en los últimos años nos hemos levantado contra nuestra opresión y su sistema, alimentan la violencia machista. Pero no lo hacen solos. Lo hacen con la connivencia del aparato del Estado y el abandono institucional absoluto a las víctimas y a las mujeres trabajadoras.
Por ello es especialmente indignante que esto siga pasando bajo el Gobierno PSOE-UP. Estamos muy cansadas, y también muy hartas, de que las declaraciones condenando la violencia machista no se materialicen en ninguna medida efectiva.
Para acabar con la violencia machista no basta con denunciar su existencia. Hay que enfrentarse cara a cara con Vox y el PP y depurar el aparato del Estado y la Justicia de estos elementos franquistas y reaccionarios. Hay que prohibir por ley que los maltratadores puedan ver a sus hijos y asegurar su cumplimiento. Hay que acabar de una vez por todas con los desahucios, que sufrimos en su mayoría las mujeres, un 70%[6]. Hay que garantizar unos servicios sociales con medios económicos y humanos suficientes para atender de inmediato a todas las víctimas y garantizarles un empleo o salario por desempleo que permita su total independencia.
Todo esto es posible. Pero para ello es necesario nacionalizar los sectores fundamentales de la economía, las eléctricas, la banca, las grandes multinacionales, y poner todos esos recursos al servicio no solo de las mujeres víctimas de violencia machista, sino al servicio del conjunto de la clase obrera. Nadie nos ha regalado nunca nada. Por eso sabemos que solo con la organización política y la lucha revolucionaria para acabar con este sistema lograremos tenernos vivas, libres y combativas y garantizar una vida que merezca la pena ser vivida.
[1] Doce datos de la violencia de género: de las 1.118 mujeres asesinadas al más de medio millar en riesgo alto o extremo
[2] Para más datos e información
[3] Menores asesinados por violencia vicaria: de 47 víctimas, en 12 casos había denuncia previa
[4] El joven detenido por pegar una brutal paliza a su novia de 17 años y amenazarla de muerte queda en libertad
[5] El Gobierno de Moreno cierra filas con su consejero de Salud tras hacer suyo el término “violencia intrafamiliar” de Vox
[6] El 70% de los desahucios los sufren mujeres
