El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado recientemente en una entrevista para la emisora de radio Onda Cero, que la brecha salarial que discrimina a las mujeres no es competencia del Gobierno, y que por tanto no es tarea del gobierno legislar sobre ese asunto.
Los datos indican que estamos 3 puntos porcentuales en discriminación salarial por encima de la media europea (20% en Estado español frente al 16,5% de media en Europa), pero lo más lacerante es la evolución de la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país, que descendió entre 1995 y el año 2010 para dispararse de nuevo fruto de las sucesivas reformas laborales tanto del PSOE como del PP desde su llegada al Gobierno.
Las mujeres cobramos de media 2 euros menos que los hombres a la hora en jornadas completas, y la temporalidad se ceba con nosotras, dos millones de mujeres frente a 723.000 hombres. Incluso en organismos públicos como RTVE los datos son insultantes, las mujeres cobran 4.000 euros menos al año que sus compañeros, y en complementos salariales los hombres cobran 9.800 de media al año mientras las mujeres reciben 7.400 ¡todo ello realizando el mismo trabajo!
Mariano Rajoy argumenta que el gobierno debe ser cauteloso y no “meterse en eso”; pues bien, si no es competencia del gobierno velar por la igualdad de género entonces ¿para qué gobierna? Pues evidentemente, sí para la Iglesia Católica, permitiendo por ley que puedan adoctrinar en el machismo o la homofobia mediante el control de una gran parte de nuestro sistema educativo; o a favor de los bancos, utilizando la ley para rescatarlos con el dinero público de todos. ¡En estos casos sí que con no hay ningún problema “para meterse”!
La propia Constitución, que tanto citan, prohíbe, entre otras, la discriminación por razón de sexo entre otros en el ámbito laboral (artículos 14 y 35), así como el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 28. Pero el gobierno de la derecha no está ahí para garantizar la aplicación de este tipo de artículos como en el caso del artículo 155. Cuando se trata de libertades y derechos democráticos, solo incumbe a este Gobierno si es para atacarlos y suprimirlos.
Mientras en países de nuestro entorno como Islandia acaban de aprobar una ley para auditar a todas las empresas de más de 25 empleados de cara a obligar a erradicar la discriminación salarial entre hombres y mujeres, este Gobierno del PP mira para otro lado, a los bolsillos de los empresarios, de cara a continuar garantizándoles jugosos beneficios.
¡Basta ya de hipocresía! Luego se hacen fotos, salen con lazos morados, tanto ellos como ellas, llorando a las víctimas de la violencia de género. Pero la discriminación salarial también es violencia, ¡y la permitís!, porque la explotación aún más brutal que sufren las mujeres en sus puestos de trabajo es un jugoso negocio para empresarios y empresarias amigos.
¡Basta de discriminación salarial!
¡Fuera el PP y su hipocresía!