Es insoportable. Diciembre de 2022 será recordado por ser el mes con mayor número de asesinatos machistas desde que empezaron los registros oficiales en 2003. Trece mujeres asesinadas en 28 días y algunos casos más que todavía siguen siendo investigados. Si estos se confirman, en el último mes del año se ha producido un feminicidio cada 2,2 días.

Algunas eran madres cuyas vidas fueron arrebatadas frente a sus hijos e hijas, otras estaban embarazadas, y varias incluso tenían órdenes de alejamiento interpuestas contra sus asesinos. Según datos del Ministerio de Igualdad, el año 2022 ha terminado con dos menores y 49 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o progenitores [1]. En 21 de ellos, constaban denuncias previas por violencia machista (un 42,9%) y en cinco de ellos había supuestas medidas de protección que no han evitado los crímenes.

Los medios de comunicación, los mismos que dan voz permanentemente a elementos reaccionarios que promueven la violencia sistemática contra las mujeres, han dedicado horas y horas a hablar de este auge desorbitado de las agresiones y asesinatos machistas. Muchas presentadoras y presentadores, tertulianos e incluso supuestos expertos en la materia se preguntaban alarmados en qué estamos fallando. La respuesta es sencilla: lo que falla es todo el sistema.

Un sistema diseñado contra las víctimas

Esta vez no se ha podido lanzar el mismo sermón de siempre (“¿por qué la víctima no ha denunciado?”) ya que en seis de los trece casos del pasado diciembre existían denuncias previas. Los últimos asesinatos que hemos vivido son el mejor ejemplo de que, efectivamente, hay algo que no funciona y que debería despertar todas las alarmas (de verdad) en el Gobierno central.

La ministra Irene Montero, junto al Ministerio de Interior, convocó de urgencia un Comité de crisis para abordar esta “proliferación inusual y terrible” de los crímenes machistas, para mejorar la coordinación e información institucional, reformar el sistema policial de valoración del riesgo, o la potenciación de la formación y colaboración ciudadana. El problema es que ninguna de estas medidas son soluciones efectivas contra el terrorismo machista.

¿Terminaremos con la violencia contra las mujeres simplemente reforzando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Lo prioritario en esta lucha es la información institucional? Actualmente hay decenas de organismos y portales gubernamentales que ya alertan de la situación desesperada en la que se encuentran muchas mujeres. En concreto, 723 mujeres se encuentran en riesgo alto o extremo y un total de 31.161 mujeres figuran en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género. 

La cuestión de fondo es que este sistema capitalista, profundamente machista y clasista, está diseñado para proteger a los asesinos y a los violadores mientras las víctimas, sus hijos y familias, están abandonadas a su suerte.

Ya no es solo el calvario de pasar por todo el proceso para interponer una denuncia, algo que bajo este sistema se convierte en un camino eterno, una batalla psicológica y burocrática sin recursos. Es precisamente esta falta permanente de medios económicos, materiales y humanos lo que imposibilita la lucha consecuente contra la violencia machista.

La ministra Montero ha dicho que el Gobierno tiene el deber de “implicarnos, es un deber no mirar para otro lado”. Pero la realidad es que el Gobierno de coalición está muy lejos de implicarse de forma efectiva en transformar la realidad material que viven millones de mujeres trabajadoras y que es la única manera de protegernos de la violencia machista.

Sin recursos no hay igualdad

Estamos muy cansadas de que las declaraciones condenando la violencia machista no se materialicen en ninguna medida concreta. Para acabar con el machismo y la justicia patriarcal no basta con denunciar su existencia. 

Hay que enfrentarse contundentemente a Vox y al PP, quienes alimentan esta violencia asfixiante, los mismos que recortan los servicios sociales, que agitan contra el derecho al aborto o los derechos del colectivo LGTBI, que inoculan una moral podrida sobre el papel de la mujer en la familia y quienes, a través de sus jueces nos obligan a entregar a nuestros hijos a un maltratador. Hay que depurar de forma urgente (como ha quedado más que claro tras la ofensiva de la judicatura contra la ley del Solo sí es sí y el esperpento antidemocrático del Constitucional) a los elementos franquistas del aparato del Estado y sus instituciones, para imponer castigos ejemplares a quienes nos asesinan, violan o agreden física y psicológicamente.

Hay que garantizar servicios sociales con los medios económicos y humanos suficientes para atender de inmediato a todas las víctimas y garantizarles un empleo o subsidio por desempleo indefinido que permita su total independencia hasta encontrar un trabajo; garantizar casas de acogida para todas las mujeres víctimas y en riesgo de sufrir violencia machista, así como la prohibición por ley (¡de una vez por todas!) de los desahucios, que sufrimos en su mayoría las mujeres. 

No hay otro camino. Todo esto es posible, pero se necesita voluntad política. No movilizar los ingentes recursos que existen (y que están en los bolsillos de los grandes capitalistas y banqueros) está costándonos la vida y acarreando un tremendo sufrimiento a la gran mayoría de nosotras.

Este 2023 Libres y Combativas vamos a seguir construyendo una alternativa feminista revolucionaria y de clase para decir alto y claro que vivas nos queremos y que la lucha continúa hasta que enviemos a la violencia machista y al sistema capitalista que la engendra al basurero de la historia.

[1] Feminicidio.net eleva a 93 los asesinatos machistas este 2022.