El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), anunció en enero la intención del Gobierno autonómico de poner en marcha medidas antiabortistas, algunas copiadas directamente del ultraderechista Gobierno de Orbán en Hungría. Entre ellas se incluye obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: escuchar el latido del feto, ecografía en 4D o apoyo a la atención psicológica.

Como si de 1950 se tratara, este fascista no ha dudado en decir que “las mujeres que quieran abortar tienen que tomar la decisión de forma mucho más consciente”. Son nuestros enemigos declarados y no dudan en estimular todas las formas de violencia contra nosotras.

Vox y PP: los mismos “pro-vida”, misóginos y fascistas

El Ejecutivo castellanoleonés ha defendido la necesidad de poner en marcha estas medidas para fomentar la natalidad y luchar contra un supuesto “auge desorbitado” de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la región. La realidad es que los abortos han bajado en el Estado español un 10% en la última década y Castilla y León es una de las comunidades con menor porcentaje de abortos respecto a la población femenina.

Los medios de comunicación, en su intento de teñir al Partido Popular de una moderación inexistente, nos intentan vender “diferencias irreconciliables” entre Vox y el partido de Feijóo. Sin embargo, fue Feijóo quien como presidente de la Xunta y con su mayoría absoluta, en 2010, aprobó la iniciativa legislativa antiabortista del Foro Español de la Familia, conocida como Red Madre, que entre otros objetivos busca “promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad”.

Es inapelable que hubo un acuerdo en la Junta para implementar un nuevo protocolo respecto al derecho al aborto y que además fue defendido tanto por su presidente como por el consejero de Sanidad, ambos del PP. Estos rifirrafes entre socios de Gobierno no han sido más que desavenencias de forma ante un ataque salvaje que ha indignado a millones de mujeres y hombres.

Son los mismos fascistas y misóginos que coaccionan a las mujeres en las decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Los pro-vida que dejan morir a niños, adultos y mayores en las urgencias hospitalarias por culpa de los recortes en la sanidad pública. Quienes inoculan su moral podrida sobre el papel de la mujer en la familia.

Abortar sigue siendo un privilegio de clase

La realidad es que acceder a una IVE en esta Comunidad Autónoma ya era antes misión imposible. A pesar de la “igualdad de condiciones en el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan” que establece la Ley del Aborto, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay hasta cinco provincias en la comunidad en las que no se ha practicado ni un solo aborto desde 2010 hasta 2021: Ávila, Palencia, Segovia, Zamora y Soria. En el caso de esta última, el 96,7% de los solicitados se derivaron a otra comunidad autónoma.

Mientras las mujeres tenemos que desplazarnos centenares de kilómetros, hay otros haciendo un negocio formidable: la sanidad privada.

La ya altísima media estatal de abortos que se practican en la privada es dinamitada en Castilla y León. En 2021, el 97,7% de las IVE fueron derivadas a centros privados y el 40% de las mujeres pagan por esta prestación. Solo hay una clínica acreditada (concertada) en la región, Castilla y León es la única comunidad del Estado que no financia la sedación para los abortos instrumentales. Tal y como denuncia ACAI, el coste total de un aborto está entre los 600 y 700 euros.

¡El derecho al aborto no se toca!

Castilla y León no es una excepción. La Ley del Aborto de 2010, una conquista histórica del movimiento feminista, se incumple sistemáticamente. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, todos los profesionales del departamento de Ginecología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid estén sujetos a objeción de conciencia, y que esto se permita? A través de la mal llamada “objeción de conciencia” de los médicos, el ideario franquista y podrido que propaga el régimen del 78 y una Iglesia Católica que sigue rebosando poder, a miles de mujeres se nos niega el derecho al aborto mientras se alimenta el negocio de la patronal de la sanidad privada.

Bajo el Gobierno PSOE-UP, que se dice “feminista”, se sigue acosando, hostigando y torturando psicológicamente a quienes decidimos libremente sobre nuestras vidas y cuerpos.

Tras el anuncio de las medidas de Gallardo y Mañueco, hemos escuchado todo tipo de declaraciones por parte del Gobierno central. El Ministerio de Sanidad, en manos del PSOE, emitió un requerimiento formal para pedir a Castilla y León que se abstuviera de aprobar nada que vulnere la actual normativa. La ministra socialista se echa las manos a la cabeza, pero lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de todas las cesiones del PSOE durante las décadas que ha gobernado ante las presiones de la derecha y la Conferencia Episcopal.

Unidas Podemos, por su parte, ha amenazado con acudir a los tribunales por un “delito de coacciones”, si la comunidad finalmente pone en marcha el protocolo. ¿Pero en qué manos vamos a dejar la defensa del derecho al aborto? ¿En las de los mismos jueces que han declarado la guerra a la ley del solo sí es sí o que protegen a los violadores?

Nos dicen que “no queremos que pase nada parecido otra vez”. La única forma de evitarlo no pasa solo por mejorar la legislación. El pasado mes de diciembre el Congreso aprobó la reforma de la Ley elaborada por el Ministerio de Igualdad. Una vez más vemos que aunque un derecho esté reconocido legalmente no garantiza absolutamente nada.

Necesitamos medidas reales y concretas: financiación y medios humanos necesarios en todos los hospitales públicos y los servicios relacionados con los derechos reproductivos; nacionalización de la sanidad privada, incluyendo las clínicas abortivas, depurar el aparato del Estado y sus instituciones de misóginos, franquistas y machistas; combatir a la extrema derecha y su ideario reaccionario en base a mejorar de verdad la realidad de las mujeres trabajadoras y jóvenes, terminando con la brecha salarial y los desahucios, garantizando servicios públicos y salarios dignos que nos permitan la independencia económica.

Mientras esto no se haga, cualquier ley será insuficiente y la extrema derecha seguirá envalentonada. Este 8 de marzo tenemos una gran oportunidad para plantar cara a los fascistas no solo en Castilla y León, sino en todo el Estado. Ni nos van a amedrentar ni vamos a dar un paso atrás en los derechos que tanta lucha, sudor y esfuerzo nos han costado conseguir. Esta escoria reaccionaria está a la ofensiva. Las feministas revolucionarias hace tiempo que hemos declarado la guerra a su sistema y no pararemos hasta tumbarlo.