¡Basta de violencia y racismo institucional!

El pasado 16 de febrero, la Policía Nacional arrestó a Catalina Delgado, de 23 años y migrante, como presunta autora de un delito de abandono de menores. Desde aquel día esta mujer y su hija, que ha sido trasladada a un centro de menores, viven un auténtico calvario de violencia, machismo y racismo institucional. ¿Su delito? Intentar sobrevivir bajo un sistema que cotidianamente desampara y abandona a su suerte a mujeres trabajadoras y sus hijos, que las condena a la precariedad laboral más absoluta, a la pobreza y la falta de servicios públicos para poder ejercer el derecho a una maternidad y vida digna. 

La mañana que retiraron la custodia de su hija a Catalina, esta tuvo que dejarla sola por presiones laborales. Después de varios días ausentándose de su trabajo para atender la enfermedad de la niña, Catalina tuvo que incorporarse sin ningún tipo de apoyo ni alternativa bajo la coacción del miedo a perder el trabajo en medio de una espiral de precariedad y en una situación de irregularidad administrativa. ¿Qué tiene que ver esta situación con el “abandono” que alega el sistema judicial, la policía y los servicios sociales? Absolutamente nada. El único abandono que existe es el de todo este entramado institucional que pretende responsabilizar de las condiciones de miseria que genera este sistema a las propias víctimas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 52% de los hogares monomarentales está en riesgo de exclusión social, una cifra que alcanza el 65% en el caso de ser migrante. Son estas condiciones, y no la falta de atención, las que llevan a las mujeres trabajadoras sometidas a una situación de mayor vulnerabilidad y sin red de apoyo por parte del Estado a situaciones desesperadas. Es, en definitiva, el fracaso de las políticas “sociales” faltas de recursos, con servicios privatizados y sin protección de derechos ante la ofensiva patronal, lo que arrincona y maltrata a estas familias. ¿Qué hacen ante esta situación terrible para los niños y niñas todos los jueces que se llenan la boca de la defensa del interés de los menores? No solo se niega por parte de la Administración cualquier tipo de recurso para salir adelante de esta pobreza estructural, sino que además se castiga a las mujeres en contextos de mayor opresión y explotación.

El grado superlativo de cinismo e hipocresía de todo el andamiaje estatal infectado hasta el tuétano de clasismo, machismo y racismo cuando habla de los derechos de los menores que dice defender queda al descubierto cuando se conoce la reacción de estas mismas instituciones con las víctimas infantiles de violencia sexual familiar: el 72% de las madres que han denunciado violencia sexual contra sus hijos en el ámbito familiar han visto cómo estos casos se han sobreseido, volviéndose el proceso judicial en su contra. En muchos casos acusándolas, por ejemplo, del falso Síndrome de Alienación Parental con el objetivo de castigarlas por denunciar y dotar de impunidad a los agresores. 

Todo esto vuelve a poner al desnudo el verdadero carácter de las instituciones y el Estado capitalista: castigar a las capas más oprimidas de clase trabajadora y tratar de aplastarnos para que no nos rebelemos contra su sistema. 

Desde Libres y Combativas queremos denunciar la repugnante persecución a la que está siendo sometida Catalina Delgado y exigimos que se le devuelva la custodia de su hija de manera inmediata y se retiren los cargos contra ella. Contra esta justicia machista, clasista y franquista, hay que responder con la movilización masiva y la organización, impulsando la transformación de la sociedad. Solo conseguiremos justicia para Diana y para todas las víctimas de esta judicatura reaccionaria luchando y organizándonos. No daremos ni un paso atrás.