¡Basta de justicia patriarcal y machismo institucional! 

Desde Libres y Combativas queremos denunciar la repugnante persecución a la que está siendo sometida Susana Guerrero, y exigimos la inmediata retirada de todos los cargos que se le imputan.

Tras un auténtico calvario judicial de cinco años y una larga pelea contra todo tipo de obstáculos burocráticos por parte de instituciones públicas y tribunales, Susana Guerrero conseguía recuperar la custodia de su hija, inicialmente otorgada por un juzgado de Talavera a su maltratador. Un individuo, condenado por maltrato, que abusó sexualmente de ella siendo menor de edad, dejándola embarazada, y que también ha abusado de la hija de Susana.

A pesar de todo esto, ahora Susana tiene que enfrentarse de nuevo a otra dura batalla. La Fiscalía de Talavera, en una situación absolutamente kafkiana, la acusa del delito de “denuncia falsa” —a raíz la denuncia que interpuso ante las sospechas sobre abusos sexuales hacia la menor—, así como por el “incumplimiento del régimen de visitas”. Evidentemente, Susana no quiere ni ha querido que su hija tenga contacto con este individuo, al que ambas tienen miedo, y hace y hará todo lo posible para protegerla. A pesar de todo la Fiscalía sigue adelante, solicitando 3 años de cárcel, 4.000 euros de multa y hasta 12.000 euros en conceptos de daños morales a favor de su maltratador.

De nuevo el Estado cuestiona a las víctimas y protege a maltratadotes y abusadores

Se trata de una nueva demostración del carácter patriarcal y machista del aparato judicial. A pesar de haber recuperado la custodia de su hija, y de ser evidente la arbitrariedad de la decisión inicialmente adoptada por el juzgado de Talavera, nadie responde por estas graves decisiones. Y tampoco por el hecho de que, siendo menor y estando bajo la tutela del Estado en un centro de menores, fuera objeto de abusos sexuales por su maltratador quedando embarazada.

Al contrario, a Susana no se le perdona que haya cuestionado dicha sentencia y haya luchado por la custodia de su hija, y tampoco que haya puesto en evidencia el completo amparo legal del sistema al depredador sexual de su hija. Se le juzga por luchar y mandar un mensaje claro a cualquier mujer que se rebele contra su opresión y que cuestione este sistema machista que padecemos. Se le juzga por la solidaridad que ha levantado ante su negativa a resignarse.

Como en el caso de Juana Rivas, y tantos otros que permanecen silenciados por los medios de comunicación, no se trata de hechos aislados en los que la “justicia” se sitúa por error del lado del maltratador. Es la Fiscalía, aquí y en el caso de Juana Rivas, la que impulsa el proceso contra ambas mujeres por luchar para proteger a sus hijos, y evidentemente para dar un escarmiento a ambas por haberse atrevido a desacatar las decisiones de la “justicia”.

La justicia pone en riesgo a la hija de Susana

2017 se ha cerrado con el mayor número de asesinatos de niños consecuencia de la violencia machista. La ley establece que los servicios públicos tienen la obligación de velar por unas buenas condiciones de seguridad para los menores bajo la tutela de una víctima de violencia de género, así como de garantizar su permanencia con la madre. Pero, como vemos, ¡es papel mojado!

El caso de Susana Guerrero es paradigmático. Aunque ha recuperado la custodia y ha podido demostrar con informes pediátricos y psicológicos los abusos sexuales ejercidos por el padre contra la menor, tanto ella como su hija no pueden escapar de la persecución de su agresor, que sigue violentándolas y acosándolas a través de los procesos judiciales.

Y la coartada para esta actuación ha sido el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una “patología” sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la comunidad científica[1], tal y como ha señalado el propio Tribunal Supremo en la sentencia que otorgaba definitivamente la custodia a Susana Guerrero. De acuerdo con dicho “síndrome” —cuyo padre intelectual, Richard Gardner, justificaba entre otras cosas la pedofilia—, las madres recurren a la manipulación de los menores contra sus progenitores con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal. Con esta justificación anticientífica se ha tratado de defender y dar un altavoz tanto a maltratadotes, como a abusadores sexuales y pedófilos.

Sólo con la organización y la lucha podremos acabar con el machismo judicial

El machismo institucional es una de las principales barreras para impedir la liberación de la mujer. Por eso, para las millones que nos estamos levantando contra el acoso sexual y la violencia machista, por el derecho al aborto o contra la austeridad y los recortes en los servicios sociales, desafiar las leyes machistas e injustas que perpetúan nuestra postración, y apoyar solidariamente a quienes las enfrentan, como Susana, es parte indispensable de nuestra lucha por emanciparnos.

Desde Libres y Combativas hacemos nuestra tanto la lucha como las reivindicaciones de Susana Guerrero. Exigimos la retirada inmediata de todos los cargos que se le imputan, así como una investigación y la depuración de responsabilidades tanto en la administración como en los tribunales de justicia, por haber permitido y propiciado este cúmulo de graves abusos. Impulsaremos, hombro con hombro junto a Susana, en las calles y en las plazas, la lucha por su justa causa, y por acabar definitivamente con estas lacras.

[1] Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, entre otros organismos, reconocen dicho síndrome.