Artículo escrito por Ter García y publicado en elsaltodiario.com el 12 de junio de 2018
“Sé que mi caso no es el único, hay muchos casos parecidos, y no hay justicia para esto”, afirma Clara Alfonsa Reinoso a El Salto. Reinoso mandó la semana pasada una carta a todos los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez explicando su caso y pidiendo apoyo. Entre estos cargos se encuentra Margarita Robles, la nueva titular de la cartera de Defensa y una de las personas implicadas en el supuesto robo de su hija.
Ha sido el último paso de un largo proceso que comenzó en 2014, cuando recibió una llamada de Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA) en la que le anunciaron que el hijo que había dado a luz 27 años antes, y del que le dijeron que nació muerto, era una hija y la estaba buscando.
El caso de Clara Alfonsa Reinoso, llamado caso Dexeus por el nombre de la clínica en la que dio a luz, salió a los medios de comunicación en 2014, sobre todo en El Periódico. Meses antes, el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona había comenzado a investigar el posible caso de robo de la hija de Reinoso.
Una menor embarazada bajo tutela judicial
El caso de Clara Alfonsa Reinoso tuvo lugar en 1987, diez años después de que comenzara la democracia y con Felipe González como presidente de Gobierno. Reinoso entonces tenía 15 años y se había quedado embarazada. La relación con sus padres era conflictiva y, tras recibir una paliza, en enero de 1987 acudió a una asistente social que la llevó a un centro de madres solteras en Barcelona. Allí estuvo hasta que dio a luz en junio, aunque su estancia en el centro no consta en ningún sitio hasta meses después de que ingresara.
“La asistente me lleva en enero al centro de madres solteras, pero de enero hasta mayo fue un secuestro, no hay informe que explique dónde estuve durante esos cinco meses”, explica Reinoso.
El 10 mayo, la titular del tribunal de Menores de Barcelona —en esa época Margarita Robles—, firma la tutela de Clara Alfonsa Reinoso. Faltaba un mes y ocho días para que diera a luz. Cuando llegó el día, el 18 de junio de 1987, la llevaron a la clínica privada Dexeus, uno de los centros médicos más caros. La llevaron sedada y, cuando despertó, ya no estaba el bebé, que le dijeron que nació muerto.
“La doctora López-Rodó me dijo que mi hijo había fallecido”, recuerda Reinoso. Era Victoria López-Rodó, según publica El Mundo familia del ministro de Exteriores franquista Laureano López-Rodó, y quien posteriormente ocultaría la identidad de Clara Alfonsa como madre del bebé.
Reinoso relata que, tras dar a luz, la dejaron abandonada y, antes de que pasara un mes, la misma juez Margarita Robles firmó la declaración de archivo del expediente de su tutela el 10 de julio de 1987, documento al que ha tenido acceso El Salto.
“No digo que esté implicada —afirma Reinoso en relación al papel en el caso de Margarita Robles—, digo que es conocedora, porque un 10 de mayo me coge tutelada y me deja en la calle con cuarenta puntos de sutura, pesando los 49 kilos que pesaba, sin que yo tuviera a nadie con quien contar, justo después de dar a luz argumentando que ya tenía 16 años cumplidos y estaba a punto de cumplir los 17 años”.
“Legalmente estuve tutelada por el Tribunal de Menores dos meses, los inmediatos a que diera a luz, —continúa— sin que hubiera ningún examen psicológico cuando se quitó la tutela a mis padres”.
Años después, cuando supo que su hija estaba viva, fue a ver a Margarita Robles. “Lo pasé muy mal, es una mujer muy fría. Me dijo que lo hizo por el bien del menor y yo le pregunté: ‘Qué menor, ¿mi hija o yo?’, y me puse a llorar. Me contestó pidiéndome que no llorara, que le estaba dando pena”. Reinoso señala que, si hubiera sido por el bien de la niña, habría algún papel en el que constara que pasó tras el parto. “Pero no consta ni un punto ni una coma de mi embarazo ni de mi hija”. Desde El Salto hemos intentado ponernos en contacto con Margarita Robles sin que hasta ahora haya respondido a nuestras preguntas.
En búsqueda de la madre biológica
En el caso de Clara Alfonsa Reinoso, fue su hija, de la que ella no conocía nada, quien se movilizó para conocer la verdad. En 2012 cursó una solicitud a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) con el objetivo de conocer sus orígenes. En ella señalaba que siempre había sabido que era adoptada y que sus padres, Jordi Estivill y Cristina Rimbau, habían pagado un millón de pesetas por ella.
Un año después, en octubre de 2013, su padre dio testimonio de lo ocurrido. En el escrito, al que ha tenido acceso El Salto, contó cómo, después de varios años intentando tener hijos, y ante las dificultades de adoptar por la vía legal, optaron por una “vía abierta” que les ofrecieron sus amigos Ignasi de Gispert y Teresa Cervelló, ambos juristas —él abogado y decano del Colegio de Abogados de Barcelona, ella posteriormente magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona—.
El testimonio detalla que el 18 de junio de 1987 él y su mujer acudieron a la clínica Dexeus y allí le entregaron a un bebé. Su cónyuge le dijo que la madre biológica, que estaba de acuerdo con entregar a su bebé en adopción, era menor de edad y que “era mejor que no se conocieran, que venía de una familia desestructurada y su madre y algunas hermanas se dedicaban a la prostitución”. Tras recoger a la bebé, llegaron a casa con la niña y siguieron las indicaciones de su abogada, Clara Orpinell, para iniciar el proceso de acogida que en dos años culminaría en adopción. Desde este medio hemos intentado hablar con la abogada Orpinell, pero hasta ahora no ha contestado a nuestras llamadas.
Poco después, el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona comenzaría a investigar el caso. Entre otras diligencias, pidieron colaboración a la DGAIA. Un mail enviado el 10 de enero de 2014 por un miembro del personal de esta oficina, al que ha tenido acceso El Salto, explica que ese día habían recibido la visita de dos agentes de Grupo II de Crimen Organizado de la Policía Nacional, en funciones de policía judicial y en cumplimiento de un mandato del citado juzgado en relación a una denuncia de robo de niños que poco antes comenzaba a saltar a los medios de comunicación, especialmente en el diario catalán El Periódico.
Otro mail del personal del mismo organismo enviado el 20 de enero del mismo año exponía que ese mismo día se había remitido el expediente de Clara Alfonsa Reinoso a la policía judicial, advirtiéndoles que era posible que no estuviera toda la documentación original ya que esta estaba desordenada, no estaba indexada ni paginada.
“La Generalitat tuvo conocimiento del embarazo de Alfonsa Reinoso, entonces menor de edad e ingresada en un centro de protección financiado por la Generalitat (Casa de la Jove) y también de las supuestas gestiones hechas para dar el recién nacido en adopción”, explica el mail.
“La poca fiabilidad del expediente (no estaba indexado, ni paginado y habían transcurrido 26 años) no permite establecer de manera cierta si este conocimiento fue anterior o posterior al parte de la clínica Dexeus (junio). El documento en el que el centro explica las circunstancias de la joven es posterior (septiembre) y en él se manifiesta que la menor consiente la adopción y que la jueza está informada”, continúa el texto del mail, en el que apuntan que los documentos que constan “permiten presumir que la Generalitat conoció el parte después del ingreso, que fue irregular” y que los funcionarios del DGAIA supieron del ingreso por el juzgado.
El mail también afirma que la estancia de Clara Alfonsa Reinoso en el hospital Dexeus corrió a cuenta de la Generalitat, dato que ella rechaza. “La factura del parto está a nombre de la madre adoptiva, como si fuera su parto. Tengo las facturas. Ella fue la señora que me llevó de la manita a la clínica, haciéndose pasar por asistenta social”.
Sobre qué pasó con la recién nacida, el mail afirma que la Generalitat no hizo ninguna acción para conocerlo ni quiénes se la llevaron del centro clínico. También que el mismo Tribunal de Tutela de Menores inició poco después del nacimiento un nuevo expediente, esta vez sobre la recién nacida, “al tener conocimiento por una denuncia” de que la niña estaba en casa de los Estivill Rimbau por ‘abandono” de sus progenitores, que no constan”.
Ese expediente no tenía ningún dato que permitiera relacionarla con Clara Alfonsa Reinoso. En el mismo constaba la inscripción de la niña en el Registro Civil por parte de sus padres adoptivos, dos días después del nacimiento y con sus apellidos. En noviembre de 1987, el juzgado acordó que estos fueron sus tutores. Un cambio legislativo provocó que la tutela de la niña pasara a la Generalitat, que en mayo de 1988 la declaró en desamparo y en agosto del mismo año tramitó el proceso de adopción a favor del matrimonio.
Cinco años de proceso judicial
“Yo lo que quiero es que se me diga judicialmente que me robaron a mi hija”, asevera Reinoso, que añade que el proceso judicial, iniciado en 2013, está pendiente de que se presenten pruebas. “Pero no sé qué más pruebas necesitan para que se confirme el robo de mi hija y la adopción ilegal —señala—. Ya se ha visto que hay falsificación de documentos públicos, que no tenía que haberse realizado nunca esa adopción, presento una carta que hace el padre adoptivo en la que reconoce que es una adopción atípica, que se la llevan a las dos horas de nacer, que yo era una niña tutelada, que me llevan a un hospital privado sin documentación, que no consta mi embarazo en el Tribunal de Menores, y que me dejan desamparada”, continúa.
Además del proceso penal, Reinoso señala que hay otra denuncia civil interpuesta, también admitida a trámite, para anular el proceso de adopción de su hija. “Mi hija reconoce por escrito, antes de localizarme, que su padre pagó 6.000 euros, que la compró”, recuerda.
“El caso de Clara Alfonsa es de 1987, ya en democracia. Tras la dictadura han seguido robando niños”, afirma a El Salto Consuelo García del Cid, periodista que ha dedicado sus últimos años a investigar el robo de niños y que en la actualidad está preparando un libro sobre el caso de Clara Alfonsa. “Ya ha contactado con nosotras hasta una productora cinematográfica para tratar este tema”, añade.
