El empleo doméstico y del cuidado muestra uno de los rostros más extremos y violentos de la precariedad en el ámbito laboral y vital para las mujeres, quienes siguen sobre- representando en un 90% la ocupación en este sector.

Se estima, según el último informe de la OIT, que a nivel internacional son 67 millones de personas quiénes trabajan de forma remunerada en el empleo doméstico, de las cuales 60 millones ni si quiera tienen acceso a ninguna forma de cobertura social. En el Estado Español de las más de 700.000 empleadas del hogar sólo unas 400.000 están afiliadas a la seguridad social. Sin embargo, se trata de datos que apenas muestran la punta del iceberg pues son muchas las que trabajan en negro y escapan de los registros oficiales.

Explotación, machismo y racismo

En pleno siglo XXI las empleadas del hogar tienen que hacer frente a unas condiciones totalmente anacrónicas de precariedad, discriminación y negación de cualquier tipo de derechos. Una situación cronificada gracias al aparato del Estado, instituciones y empresas privadas del servicio doméstico o atención a los cuidados.  Sobre la base de que este trabajo se ha relegado e invisibilizado históricamente en el ámbito privado del hogar, cargándolo gratuitamente sobre los hombros de las mujeres, se han externalizado al mercado estas mismas condiciones. De esta manera al ser un trabajo que se lleva a cabo aisladamente en casas y entre particulares, las trabajadoras han sido y son expuestas a una posición de informalidad en la que se dan todo tipo de abusos, la desprotección laboral más absoluta y la exclusión del régimen de la seguridad social.

De hecho hasta 2012 el empleo doméstico no era considerado legalmente un trabajo. Sin embargo, a pesar de la aprobación de esa nueva normativa que incluye mejoras como que las empleadas de hogar pasen de estar en un Régimen Especial a entrar en el Régimen General de la Seguridad Social, lo cierto es que a la hora de la verdad es papel mojado.  Además, para las  trabajadoras que disponen de un contrato formal y que, en el mejor de los casos se cumpla, éste no garantiza unas condiciones mínimamente dignas. Legalmente están permitidas jornadas laborales que superan las 50h semanales con sueldos por debajo del SMI donde en la mayoría de ocasiones ni se respetan tiempos de descanso. Esto por no hablar de que aún no se reconocen derechos tan básicos como el acceso a la prestación por desempleo o a vacaciones pagadas. Tampoco existe ningún tipo de protección para garantizar que se cumpla el propio contrato al ser el único trabajo donde está reconocido legalmente el despido libre y arbitrario. Y por si no fuera suficiente, parte del sueldo (un 30%) se puede pagar en “especies”, es decir, comida y/o alojamiento.

Esta situación no sólo afecta a las condiciones laborales, sino que también empuja a las empleadas del hogar a ser víctimas habituales de malos tratos, acoso sexual, violaciones o humillaciones de carácter racista y clasista que resultan imposibles de denunciar y combatir. Condiciones que empeoran gravemente para las que están internas. 

La desprotección y la explotación salvaje que sufren las empleadas del hogar y del cuidado forman parte de las múltiples cadenas de opresión a las que nos vemos sometidas las mujeres trabajadoras. En el Estado Español -  donde según datos de Save the Children un 40% de los hogares que sufren pobreza severa están sostenidos por mujeres en solitario o donde el 74% de los niños y niñas pobres son hijos de mujeres solas, que no reciben prestación alguna -  los trabajos precarios del empleo doméstico se convierten en la única salida. Situación que se agrava para las mujeres migrantes. Políticas racistas como la Ley de Extranjería, que supone todo un andamiaje legal para impedir la obtención o renovación de la autorización para trabajar, dirigen a las mujeres migrantes hacia aquellos sectores más desregularizados como los cuidados. Trabajos que terminan convirtiéndose en círculos viciosos ya que, al no haber contrato o no cotizar lo suficiente, dificultan la obtención de la documentación. De esta manera el empleo doméstico remunerado se ha convertido en una “gran fábrica invisible” que apresa a las mujeres pobres y migrantes condenándolas a la precariedad, pobreza y violencia de por vida.

¡Por la socialización de las tareas domésticas!

La razón que perpetúa el empleo del hogar como una tarea para mujeres y en  condiciones de servidumbre moderna es porque sigue siendo un trabajo que recae exclusivamente en el ámbito privado de los hogares y del que el Estado se desentiende. La responsabilidad sobre las condiciones laborales pésimas a las que se enfrentan las trabajadoras no puede estar en las posibilidades o en la buena o mala voluntad del empleador. . Tiene que ser el Estado el que se responsabilice con una red de servicios públicos de lavanderías, comedores, atención a los dependientes etc. de calidad, gratuitos y con condiciones laborales dignas para cubrir este trabajo, accesibles para todo el mundo y del que se puedan beneficiar todos los trabajadores  y trabajadoras.

El trabajo doméstico y de cuidados son una parte imprescindible para el bienestar y el sostenimiento de la sociedad que todos necesitamos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo la lógica del sistema capitalista, que se rige por la acumulación de riquezas de una minoría y no por las necesidades sociales, infravalora todo este trabajo. Para los capitalistas la mayoría de las personas no merecemos más consideración que ser mano de obra a la que explotar, por eso  estigmatizan como “improductivos” y una “carga” a los ancianos, niños, enfermos o personas con diversidad funcional. Siguiendo su punto de vista de la sociedad ¿Por qué destinar recursos y valorar un servicio que no es “rentable” para ellos? ¿Sobretodo cuándo lo pueden hacer mujeres gratuitamente en sus casas o en condiciones precarias para otros? Por eso, la derecha, los gobiernos capitalistas y los grandes empresarios son los más interesados en mantener esclavizadas a la mujer en las tareas del hogar, bien sea como empleadas del hogar en precario o como “amas de casa”. También hay una razón ideológica que refuerza el interés de la clase dominante en mantener el trabajo doméstico de la mujer trabajadora. Necesitan cargar sobre la unidad familiar toda la presión del sistema -  alimentación, limpieza, cuidado de los hijos, cuidado de los mayores, entre otras -  como una manera de levantar obstáculos que dificulten la lucha, la organización, la participación política y social de uno de los sectores más oprimidos por esta sociedad como somos las mujeres de la clase trabajadora.

El trabajo doméstico es la viva muestra - frente a aquellos que desde el  feminismo transversal nos dicen que todas las mujeres somos iguales sin importar la clase social a la que pertenecemos - de que para la liberación plena de la mujer es imprescindible una perspectiva de clase. Si se legisla en nombre del “feminismo”, pero con políticas contra las mujeres trabajadoras, privatizando servicios, la desigualdad de género se dispara. Porque mientras un pequeño grupo de mujeres privilegiadas rompe los techos de cristal y se puede emancipar del trabajo doméstico externalizándolo sobre las espaldas de otras, la mayoría de las mujeres nos vemos pegadas a los subsuelos de la precariedad y de las dobles jornadas dentro y fuera de nuestras casas.

Por eso desde Libres y Combativas defendemos que el sector público tiene que socializar las tareas domésticas. Una gran red de servicios públicos y gratuitos para el cuidado a niños, mayores, dependientes. Lavanderías, escuelas infantiles, centros de ocio y cultura para niños, adolescentes y mayores, comedores públicos con sueldos dignos y jornadas laborales que permitieran descansar y dedicar tiempo de calidad a la atención de estos servicios. Sólo así se podrá garantizar unas condiciones dignas con las que romper la tradicional división sexual que se ha asignado al trabajo doméstico y la incorporación plena de la mujer a la participación política y social.