Izquierda Revolucionaria
¡Esto es un fraude!
¡Nacionalizar la banca y las empresas estratégicas! ¡La salud de la población es más importante que los beneficios capitalistas!
Cuando las cifras oficiales de personas contagiadas por el coronavirus superan las 14.000 y son ya 600 los fallecidos, cuando los despidos y ERTEs afectan ya a medio millón de trabajadoras y trabajadores y la angustia golpea duramente a la población, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha presentado un plan —con el falso nombre de “escudo social”— que supone un regalo fabuloso para los capitalistas y los banqueros, y solo ofrece migajas a las familias obreras enfrentadas a una catástrofe.
Estamos acostumbrados a que la socialdemocracia tradicional, esto es el PSOE, recurra a las mentiras más descaradas para intentar ocultar su política a favor de los grandes poderes económicos. Pero lo que no habíamos visto aún era a los ministros y ministras de Podemos y de Izquierda Unida sumarse a esta estrategia de manera tan deplorable. No, no se trata de una opinión sectaria o izquierdista, sino de los hechos. ¿Cómo es posible que se intente presentar este plan como un esfuerzo “histórico” a favor de los más débiles, cuando se dedican más de 100.000 millones de euros a las empresas del IBEX 35 y la banca, y tan solo 17.000 —en el mejor de los supuestos— a las necesidades más perentorias de la población? Estamos ante una farsa.
El contenido del plan, más allá de las mentiras y la propaganda
Desgranando la importancia y el peso de las medidas adoptadas se aprecia la insuficiencia alarmante de las dirigidas a las familias trabajadoras, y el calado y trascendencia de aquellas que tienen como destinatarios a los grandes empresarios y banqueros.
Medidas a favor de los capitalistas:
1. El PSOE, con el apoyo de las ministras y ministros con carné de Podemos, de IU y del PCE, pone a disposición de la banca y de las grandes empresas ni más ni menos que el 10% del PIB del Estado español: 100.000 millones de euros. Un rescate público sin precedentes, mayor incluso que el aprobado en 2008, para salvar a los responsables de la especulación financiera, los recortes sociales, la precariedad y los bajos salarios, que se han hecho de oro a costa de nuestra explotación y han creado las bases para el actual caos.
¡Y esta medida es presentada como un “escudo social” por parte de Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Yolanda Díaz! Es una completa renuncia a los principios, una capitulación que tendrá consecuencias políticas y sociales explosivas una vez que se disipe la bruma del miedo y de la propaganda demagógica.
2. El Gobierno de coalición aprueba blindar a las empresas estratégicas del IBEX 35 ante posibles OPAs de multinacionales extranjeras y fondos de inversión. ¡Faltaría más!
Esto significa que se tomarán medidas para reforzar, con fondos públicos, sus capitales y solvencia. Un decreto dirigido a proteger a Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, ACS o Zara, entre otras multinacionales españolas, en lugar de nacionalizarlas y ponerlas bajo el control inmediato del Estado para acometer las necesidades sociales, laborales y habitacionales que desbordan a millones de familias.
3. Se diseñan los ERTEs a medida de las grandes empresas, que no tendrán que desembolsar ningún euro de los beneficios estratosféricos que han acumulado en estos años. Todo se paga con dinero público. El Gobierno renuncia a prohibir los despidos y a garantizar los salarios por ley. La patronal no tendrá ninguna obligación de mantener los derechos laborales, al contrario.
Se agilizarán los trámites de estos expedientes temporales, a los que ya se han acogido decenas de grandes industrias y empresas, y los trabajadores afectados podrán cobrar paro sin consumir sus derechos generados de prestación por desempleo. Pero lo que hay que entender es que la mayoría de estos ERTEs son el primer paso a EREs y despidos masivos en sectores y empresas cuyas cuentas de resultados en los últimos años han batido todos los récords.
Las cúpulas sindicales de CCOO y UGT se han fusionado en un frente único con la CEOE para imponer esta solución como “el mal menor”, renunciando a movilizar a los trabajadores y obligando a muchas plantillas, mediante el chantaje, a que firmen pérdidas de derechos laborales y salariales.
4. Las empresas no pagarán cuotas a la Seguridad Social el tiempo que dure la crisis, lo que significa una reducción de decenas de miles de millones de euros para las arcas públicas que será cubierta con nuevos recortes.
Las medidas “sociales”:
1. El Gobierno plantea una moratoria en el pago de hipotecas por parte de los trabajadores que vean reducidos sus ingresos o se vayan al paro, pero deja en la cuneta a millones de personas que deben hacer frente al pago de un alquiler. La juventud precaria y las familias que no tienen propiedades, que evidentemente son las más afectadas por esta crisis, tendrán que hacer frente a alquileres abusivos y el Gobierno tan solo apela a la buena voluntad de los caseros, que en su mayoría son grandes inmobiliarias y especuladores, bancos y fondos buitres. En cuanto a la moratoria, está por concretar cómo se hará, pero el Gobierno se niega a la exención de pago de las hipotecas mientras la situación de desempleo y de merma de ingresos se mantenga. La banca siempre gana.
2. Se plantea la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables. Pero, ¿cómo se establece el criterio para determinar quién sí y quién no accede a esta protección? ¿Cuántos millones quedarán excluidos de esta medida? ¿Por qué no se plantea que todos los trabajadores afectados por despidos, ERTEs, rebajas salariales quedan liberados del pago de estos servicios básicos?
3. Según el plan aprobado, el Gobierno garantiza el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a acogerse a reducciones de jornada de hasta el 100% para atender a familiares hasta segundo grado (nietos y abuelos) sin que puedan ser despedidos por ello. Pero esta reducción de jornada, tal como la ha planteado el Gobierno, es un fraude porque supone automáticamente la reducción proporcional del salario y puede llegar hasta una merma del 100%. Una decisión que obligará a miles de trabajadoras y trabajadores que deberían tener esas bajas a no pedirlas para seguir teniendo ingresos. Habrá que elegir entre cuidar a los familiares o comer. Un completo escándalo que prueba las mentiras demagógicas de este "escudo social".
4. Para reforzar los servicios sociales, el Gobierno destinará 300 millones de euros. ¡300 millones comparados con los 100.000 que se pone a disposición de las grandes empresas del IBEX 35 y la banca! ¿A quién pretende engañar el Gobierno?
5. El Gobierno ha aprobado una ayuda de… ¡30 millones de euros para la investigación de una vacuna frente al coronavirus! ¿Qué vale nuestra vida frente a los beneficios de la banca y las grandes empresas? Nada, no vale nada. Los esclavos asalariados del siglo XXI no tenemos más valor que ser carne de cañón para la explotación.
La clase obrera está imponiendo con la acción directa su derecho a la vida
En estos días de sufrimiento intenso e incertidumbre colectiva, la cascada de mentiras oficiales vertidas desde un Gobierno que se dice de izquierdas es asombrosa. No solo mienten en el número de contagiados por el coronavirus, que puede ser cuatro o cinco veces superior a la cifra del Ministerio de Sanidad, también lo hacen en todo lo que tiene que ver con las “medidas de protección” aprobadas.
El confinamiento decretado por el estado de alarma, la campaña de “Yo me quedo en casa”, la culpabilización de la población por su supuesta “irresponsabilidad”, la apelación constante a la “disciplina individual y social”, sacar a la policía y los militares a la calle… oculta que las medidas sanitarias son completamente insuficientes, y que el mismo Gobierno que pregona a la población múltiples obligaciones ha dado órdenes de cancelar las pruebas del coronavirus para miles de infectados.
Pero lo más significativo se produjo el lunes 16 de marzo cuando millones de trabajadores y trabajadoras han tenido que volver a sus puestos de trabajo obligados por los empresarios. En condiciones infames de transporte y sin contar con ninguna medida de protección y seguridad para evitar los contagios, las plantillas de numerosas empresas se plantaron y decidieron con valentía parar la actividad.
Las imágenes de los 5.000 trabajadores de la factoría de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz se han hecho virales. Pero hay muchos más casos de empresas con miles de trabajadores: Airbus (Getafe), IVECO (Madrid), Renault, Aernnova (Álava)… Qué decisión y arrojo, qué fuerza imparable cuando la clase obrera se pone en marcha.
La solidaridad de clase ha vuelto a aflorar a la superficie con intensidad. Los aplausos diarios a los trabajadores de la sanidad pública desde los balcones y ventanas es una muestra de la gratitud a la labor infatigable de médicos, enfermeros/as, celadores/as, limpiadoras, trabajadores de ambulancias, mantenimiento… que a pesar de los sangrantes recortes de la sanidad pública están en primera línea de la batalla. ¿Qué tiene esto que ver con la avaricia despreciable de los empresarios cuando ponen en riesgo la salud de sus trabajadores a los que obligan a ir al tajo?
No, aquí no existe unidad nacional. En esta crisis histórica, como en todas las precedentes, los intereses de los explotadores y los explotados son antagónicos.
La idea propagada por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Garzón de que el virus no conoce de clases sociales y nos afecta a todos por igual es una falacia, una mentira grosera. La enfermedad se ceba con la clase trabajadora, con una sanidad pública desbordada y saturada, con los que estamos afectados y llamamos a los teléfonos de contacto y no recibimos respuesta salvo que nos quedemos en casa, con los que vivimos en 50 metros cuadrados y no podemos disfrutar de chalés con buenas parcelas para escapar del confinamiento, con los que nos quedamos en paro, con los que no sabemos cómo llegaremos a final de mes.
Nacionalizar la banca y los sectores estratégicos: este es el plan de choque que necesitamos
Las medidas del Gobierno han sido aplaudidas por el PP, que por boca de Pablo Casado las respalda totalmente, y también por la CEOE que las ha calificado de acertadas y en la buena dirección: “Vemos positivo que se haya desplegado esta importante batería de medidas económicas, especialmente avales públicos, a la espera de que se concreten los detalles referidos a los porcentajes y las garantías”.
Este hecho demuestra el carácter del plan aprobado y a quién va a beneficiar. Pero lo que la clase trabajadora debemos preguntarnos es por qué se toman estas medidas y no otras. En 2008 los Gobiernos de todo el mundo rescataron a los banqueros, al sector financiero y a las grandes empresas con billones de euros de dinero público. ¿Cuál ha sido el resultado? El hundimiento actual, la desigualdad más galopante, paro y precariedad, mientras una minoría se ha llenado los bolsillos y amasa una riqueza obscena.
Un Gobierno de izquierdas que de verdad quisiera resolver esta situación a favor de los más débiles y las familias trabajadoras, adoptaría decisiones completamente diferentes. En primer lugar, nacionalizaría inmediatamente la banca y todo el sector financiero, junto a las empresas estratégicas (muchas de ellas eran estatales y fueron privatizadas) para poner a funcionar la economía democrática y planificadamente, no con el objetivo del lucro para una minoría sino para resolver la emergencia sanitaria, social y laboral que esta crisis global del capitalismo ha puesto encima de la mesa.
Este el auténtico plan de choque que necesitamos. Dinero y riqueza hay mucha, la producimos los trabajadores, pero queda en manos de una minoría que ahora va a seguir viviendo a cuerpo de rey.
Los datos que el Gobierno no quiere mostrar están ahí. Según la Contabilidad Nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), los beneficios empresariales fueron de 475.191 millones de euros en 2016. En 2017 alcanzaron los 499.011 millones y en 2018, según la información del INE, se batió un récord: ¡509.687 millones! Nunca antes se había llegado a esa cifra. En 2018 el beneficio de la gran banca española se disparó un 22%, superando los 16.600 millones de euros, el mayor resultado desde antes del rescate financiero, que se produjo en 2012.
Si los beneficios empresariales han crecido un 11,3% en una década y en ese mismo periodo los salarios lo han hecho un 0,08%, según datos del INE. ¿No son estas poderosas razones para nacionalizar la banca y los sectores fundamentales ya?
La idea de que se puede salir de esta catástrofe aplicando recetas capitalistas después de lo que ha pasado en estos últimos diez años es una utopía reaccionaria. Trabajar en esta línea, como hace el Gobierno del PSOE-UP, solo servirá para que la oligarquía financiera que realmente decide, pero que no ha sido votada por nadie, pueda descargar sobre las espaldas de la clase obrera todas las consecuencias del caos en que se encuentra sumido su sistema. Eso, lo sabemos, aumentará exponencialmente el sufrimiento y la descomposición social. No lo podemos aceptar.
La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla: Socialismo o barbarie
El Gobierno del PSOE-UP es una realidad porque millones de trabajadores y jóvenes lo han hecho posible. Sin embargo, enfrentados a la presión de la CEOE, de la banca y los grandes monopolios y de la UE, han tardado muy poco en ceder en toda la línea.
Pero sí hay una alternativa. Es necesario que la economía y la sociedad en su conjunto se reorganicen de una forma diametralmente diferente. Que los medios de producción y los recursos económicos estén bajo el control democrático de los trabajadores, que sean socializados y puestos a funcionar para garantizar el empleo, el derecho a una vivienda digna, a una sanidad y educación públicas y de calidad. Necesitamos acabar de una vez por todas con la dictadura del capital financiero. Esto se llama Socialismo, y es la única alternativa para combatir la catástrofe que nos amenaza.
Los capitalistas se preparan para pasarnos la factura de su desastre. Debemos reaccionar con la misma contundencia y claridad que ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que organizar la respuesta y la movilización masiva y construir una izquierda combativa que no ceda ante las presiones intolerables de la minoría de multimillonarios que gobierna el mundo.
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y a la juventud para organizar la resistencia frente a estos planes, a explicar la verdad de lo que está ocurriendo en estos momentos, a construir una organización revolucionaria capaz de movilizar a millones para impedir que nos aplasten y conquistar una vida digna que merezca la pena. No hay tiempo que perder. ¡Únete a Izquierda Revolucionaria! ¡Contacta con nosotros y construye grupos de IR en tu fábrica, sindicato, barrio, instituto y universidad! ¡Es la hora de la organización y la lucha!
Este es el plan que necesitamos las familias trabajadoras:
1. Nacionalización de la banca y los grandes monopolios bajo control democrático de los trabajadores para establecer un plan de producción que ponga por encima los derechos de la gente y sus vidas. Fuera la monarquía: expropiación de todos los bienes y fortunas de la Casa Real para ponerla al servicio de la lucha contra la pandemia.
2. En defensa de la sanidad pública, medios materiales y humanos ya. Contratación inmediata de 20.000 profesionales sanitarios para hacer frente a esta crisis. Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas, refuerzo y ampliación de las UVI y compra de material médico y quirúrgico necesario. Que el Estado tome el control de toda la sanidad privada, de sus recursos humanos y técnicos, hospitales y clínicas, para atender de forma gratuita a todos los enfermos de coronavirus. Aquellas empresas, clínicas y hospitales que se nieguen serán expropiados automáticamente y pasarán a titularidad pública.
3. ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya, gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar el coronavirus y el resto de las enfermedades! Fuera todos los recortes y el copago.
4. Paralización inmediata de toda la actividad productiva que no sea esencial para luchar contra la pandemia. El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos debe garantizar por ley que todas las trabajadores y trabajadores de fábricas y empresas que no sean esenciales deben estar en casa con permisos retribuidos, que todos sus empleos sean respetados y que no se pierde ningún derecho laboral. Para los trabajadores de las empresas esenciales el Gobierno debe proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios (guantes, mascarillas, equipos…), imponiendo penas económicas muy severas a los empresarios que incumplan estas medidas.
5. A todas las trabajadoras y trabajadores que tienen a su cargo hijas, hijos o familiares dependientes se les deben aplicar el artículo 37.3d) del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo al mismo, cuando se tiene un deber inexcusable, como es el cuidado de una persona dependiente, el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo con el 100% de su retribución y sin que sea computable como tiempo de vacaciones.
6. Ningún despido, ERTE o ERE al amparo del coronavirus. Ninguna reducción salarial. ¡Que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!
7. Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación. ¡Basta de que las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales del sector alimentario se hagan de oro!
8. Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. Formación de comités de personal sanitario, usuarios y delegados sindicales en los centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
9. Defensa de los derechos de los inmigrantes y refugiados. Supresión de los CIEs y de la Ley de Extranjería.
10. Anulación por ley de todos los desahucios, y garantía de la suspensión temporal del pago de los alquileres, electricidad, gas, agua, calefacción y telecomunicaciones, manteniendo todos estos servicios para las familias trabajadoras que lo necesiten. Movilizar los recursos públicos para asegurar la alimentación y una vida digna para toda la población en riesgo: comedores públicos gratuitos, incremento drástico en la dotación material y humana de los servicios sociales.
