Soledad Rodríguez - Izquierda Revolucionaria · Libres y Combativas Madrid

El pasado 30 de diciembre de 2020 el Senado argentino aprobó la despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Cuatro senadores no asistieron a la votación. La aprobación en la «Cámara alta» era el último escollo que esta ley tenía que sortear para convertirse en realidad.

Una vez superados los obstáculos que supusieron su tramitación en el Congreso y el Senado, el pasado 15 de enero el presidente argentino, Alberto Fernández, rubricó su firma en el decreto de la Ley para la Interrupción legal del Embarazo (IVE), entrando esta oficialmente en vigor.

La dignidad y la salud de las mujeres argentinas se han visto reforzadas. La libertad ha dado un paso al frente en el país austral y han retrocedido el miedo, la inseguridad, el escarnio social y el peligro sanitario que año tras año ha venido segando la vida de cientos de mujeres.

Esta conquista no ha sido un regalo del cielo, ni del Gobierno. Fue un largo y duro camino de lucha, de movilizaciones masivas en las que han participado miles y miles de mujeres por toda la geografía argentina. Esta es la razón por la que ahora la victoria es vivida con mayor satisfacción.

La sensación de triunfo recorre toda América Latina y las mujeres de todo el mundo estamos de enhorabuena. Esta victoria ha demostrado lo lejos que se puede llegar cuando los oprimidos y oprimidas se ponen movimiento de forma decidida. Este triunfo quedará en la memoria de muchas generaciones de argentinos y de latinoamericanos en general.

Un paso adelante para acabar con la lacra de los abortos clandestinos

Hoy las mujeres argentinas pueden respirar algo más tranquilas, en un país en el que según datos del Ministerio de Salud, cada año cerca de 40.000 requieren hospitalización por complicaciones derivadas de abortos, siendo su coste económico 21 veces mayor que si se hubieran realizado de manera legal, según datos del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA). A esto hay que sumar las más de 3000 mujeres que han perdido la vida por abortos clandestinos desde 1983.

La derecha argentina y la Iglesia Católica han recibido un buen varapalo con la aprobación de esta ley. Habían desplegado todo su arsenal reaccionario para impedirlo, pero el movimiento feminista ha demostrado ser más fuerte; ahora se replegarán a sus cavernas para buscarle las vueltas a la IVE y tratar de mantener la situación anterior, pero no lo tendrán fácil, han sido golpeados muy duramente.

El derecho al aborto es muy desigual en América Latina, en muy pocos países es enteramente libre: Argentina, Cuba, Guyana, Puerto Rico, además de los estados mexicanos de Ciudad de México y Oaxaca.

En algunos países solo está permitido mientras corra peligro la salud de la mujer gestante o en casos de violación; este es el caso de Chile, Colombia o Brasil, y en otros como el Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam, está totalmente prohibido.

El combate por la conquista de derechos básicos para las mujeres tiene todavía que derribar muchas barreras.

Esta también es una lucha para terminar con Gobiernos reaccionarios, que son los que más resistencias oponen al objetivo de acabar con la discriminación y la opresión de las mujeres. El ejemplo de Bolsonaro en Brasil es muy evidente. Este reaccionario recalcitrante manifestó, en referencia a la aprobación de la IVE en Argentina: “Si depende de mí, esa medida nunca será aprobada en Brasil”.

La pelea contra la opresión de la mujer y por la igualdad de derechos es también sin duda una cuestión de clase. La situación derivada de la situación legal respecto al aborto, es muy ilustrativa. De hecho en la Marea Verde, el movimiento por la despenalización del aborto en Argentina, una de las denuncias más coreadas era “las ricas abortan, las pobres mueren”.

Por otro lado, las mujeres somos conscientes que tampoco podemos confiar en que los Gobiernos que se denominan de izquierda, tomen, por propia iniciativa, medidas de calado para implantar el derecho al aborto o cualquier otro derecho social que suponga tener que enfrentarse decididamente a la reacción. 

Como queda demostrado una vez más, esta vez con el caso argentino, solo la lucha organizada y decidida de miles de mujeres y hombres de la clase obrera y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad es capaz de derribar todas las barreras y avanzar en la conquista de unas condiciones de vida dignas.

Hay que mantener la presión

Una vez dado este gran paso en Argentina, el movimiento debe continuar con la presión. Hay muchos aspectos por resolver.

Los casos de las mujeres procesadas por abortar antes de la aprobación de la ley deben ser sobreseídos; las mujeres que ya cumplieron penas de prisión deben ser compensadas económicamente y rehabilitadas socialmente, eliminando su condena de los antecedentes penales que a este respecto hayan quedado registrados; tiene que haber medidas concretas para evitar que médicos reaccionarios puedan boicotear la aplicación de la IVE dilatando los trámites de derivación de pacientes gestantes; es necesario formar comités de seguimiento para garantizar este derecho en todos los rincones de la nación, también en los más inaccesibles y despoblados y deben dedicarse los medios materiales y económicos necesario para que la ley pueda aplicarse realmente.

Así mismo, la derecha argentina probablemente, bombardeará a la judicatura con una cascada de recursos contra la Ley. El movimiento no puede bajar la guardia.

El plan de los 1000 días

La IVE llegó acompañada de otro proyecto llamado Plan de los 1000 Días, planteado por el presidente argentino, Alberto Fernández.

El proclamado objetivo de este plan es el de ayudar a las mujeres con pocos recursos, a tener cubiertas algunas necesidades básicas para ella y su bebé hasta que este cumpla los 3 años. La ayuda constaría de un paquete de vacunación, medicamentos, leche, una asignación anual universal por hijo y una asignación mensual desde la confirmación del embarazo hasta su término.

Las ayudas contempladas en este plan todavía están sin cuantificar. Pero teniendo en cuenta que la economía argentina se encuentra al borde del precipicio y amenazada con la banca rota, es más que probable que quede en una mera declaración de intenciones que no solucione absolutamente nada.

Es más se puede convertir en una medida de presión para que mujeres que estén en situación de máxima vulnerabilidad económica, sigan adelante con su embarazo y que, una vez agotado el periodo para recibir ayudas, se vean en la imposibilidad de tener poder cubrir las necesidades básicas de ella y su hijo.

Es evidente de que no se trata de una verdadera política social. Esta solo será posible si los recursos del país son puestos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales y no de los beneficios privados de un puñado de capitalistas.

Ahora las mujeres argentinas están saboreando un triunfo histórico y están animadas a continuar peleando por una correcta aplicación de esta ley y también por el resto de derechos de las mujeres en todos los terrenos de la vida. Una vez más, la lucha es el único camino.