Un grupo de trabajadoras Sociosanitarias de Domicilios del SAD (Servicio de Atención a Domicilio) de diversos puntos del Estado han iniciado una concentración (permanente las 24 horas) en defensa de sus derechos laborales a las puertas del Ministerio de Trabajo en Madrid.

Con esta acción quieren denunciar, una vez más la precaria situación en la que realizan su actividad y exigir que el servicio, hoy privatizado, sea llevado a cabo por empresas y organismos públicos.

Publicamos a continuación el manifiesto elaborado por la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en domicilio y la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la entidad de ámbito estatal en la que están organizadas.

Manifiesto de la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en domicilio y la Asociación Servicio Doméstico Activo SEDOAC para la concentración de 24 horas ante la puerta del Ministerio de trabajo y Economía Social desde el día 2 y sin fecha límite.

El trabajo de cuidados es lo que sostiene Estado y al sistema económico, sean estos los que sean, no en vano las huelgas del 8M llevan por lema “Si nosotras paramos se para el mundo”.

En estos tiempos de crisis sanitaria se ha revelado la grave situación de los cuidados, no solo los remunerados como profesión sino también los no remunerados impuestos a las mujeres como un voluntarismo obligatorio y la indefensión en la que han quedado las personas necesitadas de cuidados.

Cuando hablamos de cuidados hablamos de una cantidad extraordinaria de actividades, pero nosotras queremos poner de manifiesto la realidad de dos colectivos: las trabajadoras de hogar y las sociosanitarias del SAD, dos colectivos que han sido declarados esenciales, pero que esa esencialidad no lleva aparejada unas condiciones laborales dignas, tanto en salario como en derechos.

Nosotras las sociosanitarias del SAD, como las trabajadoras de hogar, reclamamos con esta acción 4 puntos:

1º) Evaluación real de los riesgos laborales en nuestro lugar de trabajo

2º) Revisión del epígrafe de jubilación

3º) Reinternalización del servicio

4º) Asistente personal

Las trabajadoras del SAD estamos expulsadas del ordenamiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales, el pretexto para esta exclusión es la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la vida y la integridad física, ambos derechos fundamentales, también el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo como el derecho a la salud. Esta no aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales atenta contra nuestro derecho a no ser discriminadas y contra la Directiva Europea de Igualdad de Trato y Oportunidades.

Si nosotras que somos trabajadoras por cuenta ajena bajo la dirección de un empresario y, por tanto plenamente integradas en el Estatuto de los Trabajadores padecemos esta situación, las compañeras de trabajo de hogar están directamente fuera por ser su trabajo de carácter especial, no solo están expulsadas de hecho como nosotras, sino también de derecho.

Esta situación no la podemos seguir permitiendo, los derechos no pueden quedarse fuera del umbral del domicilio. Proponemos la eliminación de las trabas legales a que los técnicos de prevención de riesgos laborales puedan hacer una evaluación de los riesgos en nuestro lugar de trabajo, así como posibilitar a que Inspección de trabajo en su labor de vigilancia pueda acceder a los domicilios. Si el domicilio es un lugar de trabajo, deben prevalecer los derechos de la trabajadora sobre los del empleador, usuaria o empresario.

Las mujeres a pesar de tener una mayor esperanza de vida tenemos una menor esperanza de vida en buena salud. A partir de los 55 años la salud de las mujeres se va notablemente deteriorado, patologías como: el dolor crónico lumbar y cervical, artrosis, varices en las piernas, migraña o dolor de cabeza frecuente, tiroides, doblan o triplican a las cifras de los hombres.

La salud mental sigue la misma tónica; en ansiedad y depresión crónicas las mujeres doblamos a los hombres. En cuanto al grupo social las mujeres del nivel más bajo doblan a las del nivel más alto. Según la encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2017 una mujer con hijos trabajamos 30 horas semanales en cuidados familiares, lo que supone una jornada laboral casi completa.

Con esto podemos deducir que los cuidados tienen una incidencia negativa en el estado de salud de las mujeres, si a esto añadimos los cuidados como profesión el empeoramiento es exponencial.

El manejo de cargas de personas con movilidad reducida o sin movilidad sin ayudas técnicas ni humanas, las tareas domésticas, el apoyo psicológico entre las múltiples funciones que realizamos, el hacerlo en soledad, no poder expresar sentimientos y emociones, no tener esperanza de mejorar la situación personal supone agravar el estado de salud en muy pocos años de vida laboral, exponiéndonos a salir de la vida laboral por la puerta trasera y condenándonos a un futuro de pobreza.

Por ello proponemos, realizar un estudio específico de nuestras profesiones y su incidencia en nuestra salud, con dotación presupuestaria suficiente ya que ni de las sociosanitarias del SAD y mucho menos de las trabajadoras de hogar hay datos publicados a diferencia de las sociosanitarias de residencias. Este estudio ha de hacerse con perspectiva de género y nivel socioeconómico ya que es muy amplia la brecha de mala salud entre las mujeres del nivel más bajo (las que cuidan) y las de nivel medio y alto.

Pedimos que los servicios que son de titularidad pública sean también de gestión pública, no hay ningún impedimento legal para ello, la experiencia de los servicio reinternalizados demuestran que tienen mayor calidad, eficacia y que mejora las condiciones laborales de quienes lo realizan, cosa que también reconoce el Tribunal de Cuentas.

Pero aunque no fuese rentable para la Administración ¿Tiene la vida precio? La Administración tiene el deber legal de atender a las personas en situación de dependencia y, no debe hacerlo desde un punto de vista mercantilista. Poner la vida en el centro y los cuidados que la sostienen significa que la política y la economía giran a su alrededor, que no forma parte de la cuenta de resultados de una empresa condenando a las trabajadoras a la precariedad y malas condiciones de trabajo.

Se está regularizando la figura del asistente personal. Una vez leídas las pretensiones de quienes la impulsan nos suscita muchas dudas e inseguridad, vemos que si esa regularización no se hace con extremo cuidado puede ser un gran paso atrás en los derechos de quienes se dediquen a esa profesión y para nosotras mismas.

Reconocemos los derechos que como ciudadanos tienen las personas con discapacidad, su derecho a participar de la vida política, económica, social y cultural como las demás personas, pero no a costa de privar de esa misma participación a quienes hacen posible la suya, no se pueden construir derechos sobre los derechos de otras.

Proponemos encuentros con las asociaciones de vida independiente y los ministerios competentes para conocer cómo será esa figura, despejar incertidumbres y allanar el camino a los posibles obstáculos.

Ratificación del Convenio 189 y la Resolución que la complementa, hacer que estos instrumentos se apliquen con toda su eficacia y que no se quede a mitad de camino. Pedimos que paralelamente el Gobierno elimine las trabas para obtener el arraigo social sin esperar a los tres años de empadronamiento en el país y así posibilitar tener un contrato de trabajo desde la llegada, no eliminar esta condición es dejar expuestas a un gran número de mujeres al abuso y explotación de sus empleadores, a la vulnerabilidad e indefensión ya que el miedo a ser descubierta su situación es insuperable.

Por todo ello emprendemos esta acción, pedimos a la ciudadanía no solo de Madrid sino de España a hacer una reflexión sobre la situación en la que estamos las que cuidamos de las personas que más quieren.

Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en domicilio – Asociación Servicio Doméstico Activo SEDOAC

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