El movimiento de las mujeres por su liberación ha sido siempre una expresión importante de la lucha de clases. Pero en los últimos años la explosión de movilizaciones contra la violencia machista sistémica ha subrayado, con más fuerza si cabe, que nuestra emancipación como mujeres y trabajadoras no se puede desvincular de la lucha contra el orden capitalista y sus leyes. La crisis económica y la pandemia han desenmascarado de forma cruel lo que verdaderamente significa este régimen social, político e ideológico para la inmensa mayoría de la población. Y lo ha hecho de una manera especialmente descarnada para los sectores sobre los que recaen los mayores abusos de la explotación y la dominación capitalista.

El levantamiento de millones de oprimidas contra los feminicidios y el derecho al aborto ha sacudido de punta a punta América Latina, se ha fundido con las movilizaciones que enfrentan a la extrema derecha y las agresiones de Trump, Bolsonaro y los regímenes reaccionarios de Polonia y Hungría, ha hecho suya la lucha por los derechos LGTBI y ha constituido, también, la punta de lanza en numerosas insurrecciones populares como las vividas en Chile, Colombia, Myanmar o Sudán.

Una lacra del sistema

Los asesinatos y las diferentes formas de violencia machista que las mujeres sufrimos de manera cotidiana se han convertido en una lacra institucionalizada y amparada por las leyes del sistema. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja (en la mayoría de casos) o de terceras personas en algún momento de su vida. Un 49,6% sufrimos o hemos sufrido diversas formas de violencia psicológica por parte de nuestras parejas. Los datos oficiales de asesinatos son escalofriantes: solo en el Estado español han sido asesinadas 1.176 mujeres desde el año 2003 (cuando comienzan las estadísticas). La violencia sexual también ha aumentado de manera dramática: tres mujeres son violadas cada día en el Estado español y en 2019 se registraron 15.338 delitos sexuales. Desde enero a septiembre de 2021 se ha producido un aumento del 30% de las denuncias por violación, contabilizándose seis violaciones diarias.

Y esto solo representa la parte más visible, la punta del iceberg, de una realidad espeluznante que esconde mucho más de lo que aparece en las estadísticas. Los asesinatos y violaciones son la expresión más brutal, pero hay un sinfín de situaciones, públicas y privadas, en las que se ejerce la violencia y el abuso contra nosotras de forma cotidiana e impune.

La violencia machista juega un papel esencial a la hora de mantenernos sometidas y forma parte del ADN del sistema capitalista. A pesar de la igualdad formal reconocida en las leyes burguesas, la brutalidad que se ejerce contra nosotras es crónica y estructural. Este sistema se dota de una envoltura moral e ideológica que justifica un tratamiento discriminatorio hacia nosotras y cuenta con muchos mecanismos para hacer “socialmente aceptables” determinados comportamientos. Desde la educación clasista y sexista que nos imponen a edad temprana, hasta la explotación que sufrimos en el trabajo doméstico o en las empresas y que nos impone una desigualdad insultante. Por supuesto la moral machista, homófoba y tránsfoba que esparce la Iglesia Católica, o el modelo de mujer que propagan los medios de comunicación para cosificar nuestro cuerpo, son también factores de primer orden.

En definitiva, toda la maquinaria económica, educativa e ideológica del sistema crea las condiciones objetivas y subjetivas para la sumisión. Para completar el círculo, el aparato del Estado y sus instituciones —como la justicia o la policía— se encargan de amparar legalmente estas circunstancias, hasta el punto de convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas.

Hemos asistido a muchos escándalos que lo muestran con claridad, como los casos de Juana Rivas o las víctimas de las diferentes Manadas. No se trata de episodios aislados  o de decisiones individuales de jueces y juezas sexistas. Hablamos de todo el sistema y su entramado, que nos golpea con fuerza para lanzarnos un mensaje a todas: ¡Cuidado! Si denunciáis la realidad que vivís, el maltrato, una violación, un abuso o cualquier otra forma de violencia, podréis ser cuestionadas públicamente y expondremos vuestra intimidad sin importar nada vuestro sufrimiento. ¡El juicio será contra vosotras y quizás no solo en un juzgado sino en todos los platós de televisión! Es repugnante.

Al mismo tiempo tenemos que escuchar a los políticos del PP y Vox esparcir un discurso de criminalización contra la mujer y justificación de la violencia machista. Sus soflamas en el parlamento estatal contra el movimiento feminista, su negativa a hablar de agresiones de género y calificarlas de “violencia intrafamiliar”, su política del odio contra la comunidad LGTBI dando cobertura a las agresiones homófobas y tránsfobas, su justificación de las condiciones denigrantes que las mujeres tuvimos que soportar bajo la dictadura franquista… muestran la auténtica cara de la derecha española ¡Son un enemigo declarado de nuestros derechos!

La derecha es muy responsable de la situación de opresión y violencia que padecemos. El último Gobierno del PP presidido por Mariano de Rajoy otorgó una gran impunidad a los maltratadores: según fuentes oficiales en 2016 se realizaron 142.893 denuncias por violencia machista, pero solo 2 de cada 10 acabaron en condena. Casi el 41% de las denuncias fueron archivadas.

Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, la situación no ha experimentado mejoras sustanciales bajo el Gobierno de coalición PSOE-UP. Sin duda, acciones legislativas como la Ley Trans, de las que hablaremos más adelante, han supuesto un cambio legal positivo aunque muy limitado. La escasez de recursos humanos y materiales, la impunidad con la que sigue actuando un sistema judicial patriarcal, clasista y plagado de fascistas, la renuncia a enfrentar el poder de la Iglesia y a meter en cintura a los empresarios explotadores, la falta de iniciativas contundentes contra los proxenetas y su negocio, el mantenimiento de los desahucios y los recortes sociales… todo este cóctel de degradación social, que no ha sido eliminado, hace que las palabras bonitas no tengan consecuencias prácticas.

Ante cada nuevo asesinato tenemos que escuchar la misma monserga de siempre. Los representantes de este sistema ponen gesto serio, guardan minutos de silencio y se lamentan… ¿Por qué no había denunciado? No se puede ser más hipócrita. Los mismos que recortan los servicios sociales, que imponen la religión en aulas para agitar contra el derecho al aborto o contra los derechos del colectivo LGTBI, que inoculan una moral podrida sobre el papel de la mujer en la familia; los mismos que desahucian a mujeres con niños; que nos obligan a través de sus jueces a entregar a nuestros hijos a un maltratador; que niegan la ayuda material a aquellas que sufrimos la violencia; que hacen de oro a los empresarios con sus dobles escalas salariales condenándonos a la dependencia económica y por tanto a ser más vulnerables ante cualquier tipo de abuso… luego lloran lágrimas de cocodrilo por televisión.

La pobreza tiene rostro de mujer

Las mujeres, jóvenes y niñas lideramos la pobreza mundial. Según datos de un organismo tan poco sospechoso de izquierdismo como la ONU, el 60% de la población que pasa hambre de forma crónica somos mujeres. Las Naciones Unidas también han presentado un informe en el que dictaminan que somos nosotras quienes sufriremos más duramente las consecuencias de la Covid-19: la pobreza femenina aumentará un 9,1% por la pandemia y el 2021 se cerrará con 47 millones de mujeres y niñas arrastradas a la pobreza extrema, lo que hará que el total llegue hasta los 435 millones.

Además, constituimos dos terceras partes de los casi 800 millones de analfabetos en todo el mundo, tan solo un 50% de las mujeres en edad de trabajar tenemos un empleo, y cuando lo hacemos ingresamos de media un 60% menos que los hombres, cifras tomadas a escala mundial.

Esto no es solo moneda común en los países más pobres, también es algo cotidiano en las naciones capitalistas más avanzadas. En Europa la brecha salarial entre hombres y mujeres no deja de crecer. En el Estado español cobramos una media de casi 6.000€ menos al año que los hombres, un 30% de nuestro salario anual; percibimos un 57% menos en las pensiones y, en la última década, casi 1 de cada 5 mujeres ha tenido ingresos menores al Salario Mínimo Interprofesional, duplicando el porcentaje de hombres en esa situación.

Tradicionalmente la mujer ha sido utilizada como una gran reserva de mano de obra barata o gratuita de la que los empresarios se han beneficiado enormemente. Inculcar una cultura machista en la que se acepten y justifiquen comportamientos que someten a la mujer como algo “normal”, en la que se oprime y amordaza al 50% de la población, es una herramienta increíblemente útil para que algunos puedan hacerse de oro a nuestra costa. Por eso el machismo tiene un origen económico y material, que se reviste con un armazón moral e ideológico para justificarlo.

Nosotras pagamos de forma más cruda los efectos de la austeridad impuesta por los Gobiernos que defienden los intereses de los banqueros y el gran capital. No solo tenemos peores condiciones laborales o menores salarios, también cubrimos con nuestro trabajo gratuito las tareas que corresponden a los servicios sociales que se han recortado salvajemente en los últimos años. ¿Quién cuidará de los mayores y los enfermos que no tienen habitación en los hospitales, que no disponen de ayudas a la dependencia o que carecen de plaza en residencias públicas? ¿Quién se encargará de los niños que no pueden acceder a las escuelas infantiles públicas por los recortes? La respuesta es evidente: la mujer.

La política de robar a los trabajadores y trabajadoras para enriquecer aún más a los millonarios, de atacar hasta el hueso los servicios sociales con recortes y privatizaciones, de precarizar el empleo y reducir los salarios, no solo nos golpea más, sino que nos hace retroceder en el tiempo. Una realidad que nos empuja de nuevo a las cuatro paredes de nuestras casas y, lo peor de todo, nos aleja de la independencia económica, colocándonos en una situación de enorme vulnerabilidad e indefensión ante la violencia y el abuso.

No somos mercancía en venta

Estamos rodeadas de ejemplos “socialmente aceptados” que justifican y promueven la violencia contra nosotras, que muestran cómo este sistema educa en que el cuerpo de una mujer se puede tomar contra su voluntad, incluso vender y comprar de forma lícita.

La mejor muestra de ello es la prostitución, y también la pornografía, y la manera en que se trata de legitimar este negocio de esclavitud sexual bajo una supuesta “libertad de elección”. Este cinismo es el credo entre los defensores de la “libre empresa” y el capitalismo, que entienden como algo normal que se puedan acumular beneficios fabulosos gracias a la compra/venta de la voluntad sexual y los cuerpos de millones de mujeres y niñas.

Estimaciones de Naciones Unidas calculan que este “negocio” reporta anualmente ganancias de entre 5 y 7 billones de dólares, un flujo de capital que sería impensable sin el concurso de bancos que blanquean dinero y “respetables” estructuras empresariales que invierten y se lucran de él. Se estima en cuatro millones el número de personas que anualmente caen víctimas de la trata, en su amplia mayoría sometidas a explotación sexual, ya sea en la prostitución, la industria de la pornografía o el turismo sexual.

Todo esto cuenta, por supuesto, con la vergonzosa colaboración del Estado, a través de sus funcionarios, políticos, jueces y fuerzas represivas que dan cobertura legal e impunidad al funcionamiento de estas redes. En definitiva, un negocio multimillonario que reproduce el eje central de la violencia machista: la posibilidad de que el cuerpo de una mujer o niña, independientemente de su voluntad, preferencias sexuales o deseos pueda ser puesto a disposición de un putero mediante el pago de una cantidad de dinero. Es el máximo grado de explotación posible, es esclavitud.

Pero hay más cuestiones que son utilizadas para normalizar socialmente que las mujeres son un bien con el que poder mercadear. En los últimos años las propuestas de legalización de los “vientres de alquiler” han profundizado la legitimación del uso y abuso contra las mujeres. A nadie se le escapa quiénes son las candidatas a alquilar sus vientres: las que no encuentran otra forma de pagar las facturas, las mujeres pobres y desesperadas por conseguir dinero. No es nada liberador vender nuestra matriz, ver nuestro cuerpo cambiar hasta resultar irreconocible, parir, recuperarnos de desgarros, cesáreas, por no hablar de los traumas emocionales que sufrimos, para que luego se nos arrebate el fruto de todo eso a cambio de dinero.

El sistema capitalista también utiliza el cuerpo de la mujer como reclamo sexista en la publicidad, en la televisión, en el cine... Cosifica nuestro cuerpo hasta un punto en el que todo lo demás desaparece y nos trata en función de cómo se adapta nuestra apariencia a los cánones estéticos que nos imponen las grandes multinacionales de la moda y el espectáculo. Esta obsesión por el cuerpo de la mujer significa una auténtica tortura para millones de nosotras, que soportamos una brutal  presión social si queremos encajar en determinadas medidas, tallas, ropas ajustadas, etc., siempre alejadas de la mujer real, tal cual es en su diversidad. Un abuso insistente que nos lleva en muchos casos hasta la enfermedad.

La anorexia y la bulimia no son dolencias como la gripe o el catarro, naturales e inevitables. Son patologías sociales, psicológicas, que reflejan la enorme agresividad que este sistema ejerce contra nosotras y que nos lleva a la depresión, a la desesperación, al intento de suicidio y, en ocasiones, a la muerte. Por esto gritamos bien alto: ¡Basta ya de mercadear con nuestro cuerpo! ¡No somos cosas, somos seres humanos!

Nuestro cuerpo, nuestra decisión: Aborto libre, gratuito y en la sanidad pública

La idea de que terceras personas puedan utilizar nuestro cuerpo para hacer negocios, procurarse placer o comprarse un hijo encaja perfectamente con otra realidad que también sufrimos: hay quien se cree con derecho a condicionar brutalmente nuestra maternidad. Es el caso de la Iglesia, la extrema derecha y de muchos Estados que legislan para prohibir el aborto y están empecinados en condenarnos al fuego eterno cuando decidimos por nosotras mismas.

Desde Libres y Combativas defendemos el derecho al aborto, libre y gratuito en la sanidad pública. Defendemos que las mujeres podamos tomar nuestras decisiones sobre todo lo que nos afecta, empezando por nuestro propio cuerpo, sin tener que pedir permiso a nadie, sin intromisiones del Gobierno de turno o de la Iglesia, sin aceptar una ideología completamente hipócrita y reaccionaria.

Aunque la ley actual especifica claramente que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, en el año 2020 casi el 85% de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se realizaron en clínicas privadas. Y la justificación escandalosa del Gobierno central y los autonómicos para desviar sistemáticamente a las mujeres que deciden abortar a la privada es la mal llamada objeción de conciencia de los médicos. De hecho, recientemente se ha destapado que el 100% de los ginecólogos del Hospital Clínico de Madrid, y de la inmensa mayoría de los hospitales públicos madrileños y murcianos son objetores de conciencia.

Muchos de las y los médicos que se niegan a realizar abortos no lo hacen solo por motivos morales o de conciencia, también entra en juego la llamada “objeción de tipo profesional”, para no ser señalados por muchos jefes y jefas de servicio que alientan esta cruzada contra las mujeres y sus derechos, y porque piensan que si practican abortos perderán oportunidades de promoción profesional.

Por supuesto, la razón de no realizar abortos en la sanidad pública no es únicamente ideológica sino también económica. El mejor ejemplo es el de la Comunidad de Madrid, abanderada de la privatización de la sanidad pública tras más de 20 años de Gobiernos del PP: desde 2010 a 2019 se han realizado 1.608 abortos en centros públicos (un 0,75% del total) y 210.755 en clínicas privadas derivados de la red pública, un servicio por el que la CAM paga anualmente alrededor de 3,5 millones de euros a estas clínicas.

La única forma de enfrentar esta ofensiva de la reacción es con medidas reales y concretas, con medios humanos y materiales que garanticen que este derecho es cubierto por la sanidad pública de manera universal, gratuita y con todas las garantías de dignidad y asistencia integral. El Gobierno central del PSOE-UP debe legislar ya para que en todos los centros hospitalarios públicos haya las condiciones sanitarias para que todas las mujeres que necesiten abortar lo puedan hacer de manera satisfactoria, y no sufran el penoso calvario de verse señaladas, estigmatizadas y marginadas como está ocurriendo en estos momentos.

Por los derechos LGTBI. ¡Feminismo no es transfobia!

El origen de la lucha por los derechos LGTBI se oculta y se vacía de contenido lo máximo posible por el peligroso ejemplo que ofrecieron quienes comenzaron esta batalla, que fueron los sectores más oprimidos y humildes. Debemos combatir la estrategia del capital y de la derecha de asimilar el movimiento LGTBI, descafeinándolo de su contenido de clase, hasta convertirlo en un negocio lucrativo e inofensivo para el sistema. Por eso impulsamos la lucha LGTBI con un carácter de clase y anticapitalista.

En esta batalla, el feminismo revolucionario ha tenido que enfrentarse siempre a los poderes más reaccionarios, empezando por la jerarquía eclesiástica, el aparato del Estado, y los herederos políticos del franquismo, representados por el PP y Vox.

A pesar de la retirada de la LOMCE y la aprobación de una nueva ley educativa por parte del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, que elimina la obligatoriedad de la religión en las aulas, la influencia de la Iglesia se mantiene intacta. La Conferencia Episcopal conserva los privilegios que le concedió la dictadura por los buenos servicios prestados, y que ningún Gobierno de la democracia ha sido capaz de eliminar: el Concordato firmado con el Vaticano que le asegura una posición prominente en la educación de los niños, niñas y jóvenes. Entre el 75 y el 80% de los colegios privado-concertados financiados con dinero público son católicos.

Todos estos recursos públicos se utilizan masivamente para hacer una labor de proselitismo basada en adoctrinar en su ideario reaccionario. ¿En qué tipo de ideas se concreta la presencia de esta institución en nuestra educación? No hay más que echar un vistazo a las declaraciones públicas que hacen algunos de los máximos representantes de la Iglesia.

Javier Martínez, arzobispo de Granada, recomendaba a sus fieles la lectura del libro “Cásate y sé sumisa” y se refería al aborto como “genocidio silencioso”. Un colega suyo, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hablaba “contra el imperio gay” y la “dictadura de la ideología de género”. O el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, que afirmaba que “los gays se encuentran en el infierno”.

Todavía 72 países —un tercio de ellos miembros de las Naciones Unidas— criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, llegando incluso a aplicar la pena de muerte. Tan solo nueve países en todo el mundo recogen en sus constituciones la no discriminación por razones de orientación sexual y únicamente tres prohíben las “terapias de reconversión”, los tratamientos para “curar la homosexualidad”: en el Estado español este tipo de terapias siguen siendo legales.

Además de la opresión y discriminación por nuestra orientación o identidad sexual, las personas LGTBI también soportamos duramente la discriminación laboral y la violencia alentada por la extrema derecha. Con el auge de estas formaciones (Vox, Alternativa por Alemania, la Liga Norte en Italia…) o la llegada al poder de personajes abiertamente reaccionarios, machistas y homófobos como Orbán en Hungría, Trump en EEUU o Bolsonaro en Brasil, y otros Gobiernos como el polaco o el ruso, los derechos de las personas de la comunidad LGTBI han sido colocados en el punto de mira. Una persecución que también se está recrudeciendo en aquellos países que se consideran “democráticos y avanzados”.

Dentro del colectivo LGTBI, las personas trans sufren especialmente la opresión, la invisibilización y la desigualdad. Su tasa de desempleo es del 85% en el Estado español; mientras que la lacra de la prostitución se ha convertido para 8 de 10 personas trans en el único medio para sobrevivir, según la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

A estos datos hay que sumar la amenaza del suicidio, que en este colectivo alcanza niveles trágicos. Un estudio realizado con casi 30.000 personas trans en EEUU por el National Center for Transgender Equality, concluía que un 40% de ellas había intentado suicidarse, mientras que otra encuesta de la Universidad de Pittsburg señalaba que el 84% de los adolescentes transgénero consultados informaron tener pensamientos suicidas y un 72,5% reconoció haber planeado un intento de suicidio.

Desde Libres y Combativas consideramos que la perseverancia y la lucha de las personas trans —junto al conjunto del colectivo LGTBI y del movimiento feminista— es la única razón para que exista la actual ley trans.

Pero reconocer este paso adelante no nos impide ver que la aprobación de esta ley no es ninguna panacea que vaya a terminar de un plumazo con la discriminación que sufren las personas trans. Sabemos muy bien de las limitaciones que las leyes tienen. Para que nuestros derechos se hagan efectivos necesitamos recursos que los hagan posibles: una sanidad pública con medios suficientes, sin recortes y sin listas de espera interminables; una educación pública digna que cuente con psicólogos y profesionales que puedan ayudar y acompañar en la transición; una asignatura de educación sexual que eduque en la diversidad y el respeto; necesitamos salarios y subsidios de desempleo dignos; que se castigue ejemplarmente a los empresarios que nos discriminan por nuestro género o por nuestra orientación sexual y se enriquecen en base a nuestra explotación.

Nuestra identidad no es un capricho, ni una enfermedad, ni una teoría universitaria. No podemos tolerar que la discriminación tan despreciable que sufren las personas trans se prolongue un solo día más.

Por un feminismo revolucionario y anticapitalista

Millones de mujeres en todo el mundo no nos hemos resignado a ser víctimas y hemos entrado a la arena de la lucha de una forma masiva y con determinación de vencer. Lo hemos visto con el poderoso movimiento de #NiUnaMenos en América Latina, en la victoria de las mujeres argentinas consiguiendo la ley del aborto, en Polonia por los derechos reproductivos, en EEUU con millones de mujeres en las calles plantando cara al misógino, machista y racista de Donald Trump. Y en el Estado español, en primera línea de las luchas sociales contra los desahucios, en defensa de la sanidad y la educación públicas, del empleo y unas condiciones laborales dignas para las mujeres trabajadoras o impulsando manifestaciones multitudinarias contra la violencia machista y LGTBIfóbica, la justicia patriarcal y las agresiones de la ultraderecha a nuestros derechos y a los del colectivo LGTBI.

Todas las conquistas que hemos logrado han sido siempre fruto de la lucha. Hace tan solo unas cuantas décadas, nuestras abuelas podían ser encarceladas por adulterio, necesitaban del permiso de su padre, hermano o marido para abrir una cuenta bancaria o comprarse una lavadora, no podían estudiar ni trabajar, ni divorciarse, ni abortar, ni acceder a métodos anticonceptivos.

A través de una dura experiencia hemos aprendido que para liberarnos definitivamente de nuestras cadenas tenemos que acabar con la raíz del problema, el sistema capitalista. Los poderosos y las poderosas del mundo no ignoran que nuestra rebelión se ha convertido en una punta de lanza de la lucha de clases. Y, con el fin de desvirtuar el movimiento de la mujer trabajadora por su liberación los grandes poderes políticos y económicos han puesto su maquinaría a pleno rendimiento.

Distintos grupos de mujeres, en gran parte asociadas a “profesiones liberales”, escritoras, actrices, periodistas, pero también banqueras, empresarias, políticas profesionales… que disfrutan de una vida exquisita de dinero, lujo, ropas exclusivas, casas hermosas y reconocimiento social, se han sumado a un tipo de feminismo de postureo, intentando reafirmar su poder social y exigiendo “igualdad” con los hombres que dominan el mundo.

Rechazamos este tipo de feminismo que solo pretende romper el “techo de cristal” para conquistar privilegios para un grupo de mujeres asimiladas por la clase dominante, que no quieren traer la igualdad sino conquistar un lugar en la cima de la sociedad. “El ser social determina la conciencia”, afirmaba Karl Marx. Estas mujeres, de la pequeña burguesía y de la burguesía, disfrutan de unas condiciones materiales que no tienen nada en común con las que soportamos la inmensa mayoría de las trabajadoras oprimidas, discriminadas y abusadas en el hogar, en el trabajo o en el paro.

En el movimiento feminista, las compañeras de Libres y Combativas confrontamos con otras servidoras del capital de rostro más amable, representantes de una “izquierda de salón” también exquisita y que se siente a gusto en los despachos ministeriales, de los parlamentos o los ayuntamientos. Este feminismo institucionalizado y “políticamente correcto” no deja de apoyar los recortes sociales, la precarización y se muestra totalmente sumiso ante la Iglesia, el aparato judicial y sus sentencias y los poderes económicos y políticos del sistema.

Desde Libres y Combativas lo decimos alto y claro: solo con las ideas del feminismo revolucionario que lucha por transformar la sociedad, podremos revertir nuestra situación de postración. Por eso llamamos a la organización y a la movilización en cada barrio, instituto, facultad, centro de trabajo, no solo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino cotidianamente, sin descanso ni tregua alguna.

Construimos Libres y Combativas porque con la lucha permanente y la unidad de las jóvenes y las mujeres trabajadoras con todos los oprimidos que también sufren la explotación, podremos derrocar este sistema machista y construir una sociedad socialista verdaderamente libre, democrática e igualitaria, en la que los derechos y la dignidad de todas las personas estén garantizados.

Programa de Libres y Combativas

1. ¡Basta de violencia contra la mujer! ¡Ni una menos!

• ¡Hay que acabar con esta justicia machista y patriarcal! Castigo ejemplar a quienes nos asesinan, violan o agreden física y psicológicamente. Despido y sanción a todos los policías, jueces y fiscales que con su actitud favorecen la impunidad de los agresores.
• Depuración de todos los elementos machistas, homófobos y franquistas del aparato del Estado y sus instituciones.
• Medios materiales y casas refugio para las mujeres maltratadas. Por un puesto de trabajo digno o subsidio de desempleo indefinido de 1.200 euros que garantice unos ingresos mínimos hasta encontrar un empleo, así como una vivienda digna para las víctimas y sus hijos e hijas.
• Stop racismo. Derogación de la Ley de Extranjería y regularización de todas las personas migrantes. Reconocimiento de los derechos sociales, políticos y económicos de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Abolición de los CIEs.

2. Nuestro cuerpo, nuestra decisión.

• Derecho al aborto libre, gratuito y seguro en la sanidad pública. Derecho a tratamientos de fertilidad públicos y gratuitos.
• Derecho a una atención ginecológica digna y de calidad, con seguimientos periódicos de nuestra salud y tratamientos para detectar, prevenir y atender con la mayor rapidez el cáncer de mama, ovarios o útero, las ETS o cualquier otra enfermedad.
• Servicios de planificación familiar públicos y de calidad en todos los institutos y facultades. Gratuidad y accesibilidad a métodos anticonceptivos en todos los centros de salud y farmacias.

3. Contra el machismo y la LGTBIfobia

• Fuera la Iglesia, la religión y el machismo de nuestras aulas. Por una asignatura de educación sexual, inclusiva y en libertad, obligatoria y evaluable, en todos los centros de estudio para educar en el respeto, la igualdad y la tolerancia. 
• Derogación de todos los reglamentos de régimen interno machistas y LGTBIfóbicos en los institutos. Nuestras aulas deben estar libres de todo tipo de humillación, acoso y opresión y se debe respetar la identidad, orientación y libertad sexual de todos los y las estudiantes. Basta ya de sancionar a las alumnas por nuestra forma de vestir. ¡Nuestra ropa y nuestro cuerpo no “provocan” nada!
• En defensa de los derechos de las personas LGTBI. Apoyamos todas las medidas legales que supongan un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y el conjunto del colectivo, pero estas leyes deben ir acompañadas de recursos y políticas verdaderamente de izquierdas que combatan las causas de nuestra opresión. 

4. Nuestros cuerpos ni se compran ni se venden

• Contra la prostitución, la pornografía, el tráfico de mujeres y los vientres de alquiler. Endurecimiento de las penas a los proxenetas, traficantes de personas y beneficiarios de la explotación sexual de seres humanos. Expropiación de todos sus bienes y fortunas para dedicarlos a la ayuda social a las víctimas de esta lacra. Expropiación y nacionalización de todos los bancos implicado en el blanqueo de capitales provenientes de la prostitución y la trata.
• ¡Basta de criminalizar y acosar a las mujeres prostituidas! Retirada inmediata de las ordenanzas municipales que las persiguen y marginan. Hay que acabar con las mafias policiales que amparan y protegen este negocio.
• Planes de ayudas, vivienda, empleo y apoyo psicológico para que todas las mujeres prostituidas puedan rehacer sus vidas en condiciones dignas.

5. ¡A igual trabajo, igual salario! ¡Abajo las cadenas del trabajo doméstico!

• Derogación de la reforma laboral. Salarios dignos para la mujer trabajadora. Sanciones ejemplares contra las empresas que se nieguen a contratarnos o nos despidan por estar embarazadas, por no cumplir con estándares estéticos, etc.
• Castigo ejemplar al acoso laboral.
• Derecho a 1 año de permiso por maternidad para ambos progenitores, con el 100% del salario.
• Escuelas infantiles públicas y gratuitas en cada barrio y/o centro de trabajo que posibiliten compaginar empleo y maternidad. Derecho a reducciones de jornada sin reducción salarial indistintamente para ambos progenitores.
• Servicio público de lavanderías, comedores, limpieza del hogar… digno y gratuito para acabar con la esclavitud de las tareas domésticas.
• Incremento drástico de las ayudas públicas a la dependencia, y unas condiciones laborales y salariales dignas para las y los trabajadores del sector. Rescatar todos los servicios privatizados y colocarlos bajo control y gestión pública y de los propias trabajadoras y trabajadores.

6. No somos objetos. ¡Mi cuerpo es mío y de nadie más!

• Basta de convertir el cuerpo de la mujer en un objeto, y alimentar así las agresiones machistas. Retirada inmediata de cualquier tipo de publicidad sexista que utilice el cuerpo femenino como reclamo.
• Abajo el canon de belleza que nos imponen las grandes multinacionales del textil, la cosmética, la dietética y la cirugía estética que alimenta prejuicios, traumas y enfermedades.
• Aumento drástico de las unidades hospitalarias en la sanidad pública para el tratamiento y la atención de la bulimia y la anorexia.

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