Ainoa Murcia · Libres y Combativas e Izquierda Revolucionaria Sevilla

La nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)–aprobada en el Consejo de Ministros a mediados de mayo– amplía el derecho al aborto para las menores a partir de 16 años sin consentimiento paterno, establece que la píldora del día después será gratuita en los centros de salud, elimina el periodo de reflexión de 3 días antes de iniciar el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y recoge avances como la baja por reglas dolorosas o la baja preparto desde la semana 39 de gestación. También reconoce como violencia los vientres de alquiler o la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad, entre otros aspectos.

Por supuesto, esta propuesta ha levantado una furibunda respuesta por parte de la derecha, y tanto el PP como Vox se han opuesto a ella y han intentado ridiculizar lo que para millones de mujeres supone el periodo menstrual (entre el 50% y el 90% de nosotras en edad reproductiva experimentan menstruaciones dolorosas). La ultraderechista Macarena Olona ha llegado incluso a utilizar demagógicamente a los pacientes oncológicos señalando que le parece insultante que se otorguen bajas por la regla mientras que no pueden hacerlo pacientes con cáncer. Y lo dice una representante cualificada de la patronal, que si pudiera acabaría con las bajas médicas remuneradas de cualquier tipo.

A su vez, Núñez Feijóo –la supuesta nueva cara moderada y centrada del PP– se ha opuesto a que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, un derecho que eliminó el Gobierno de Rajoy. Una posición que coincide sin fisuras con la posición nacional católica de la ultraderecha.

La nueva Ley seguirá sin garantizar nuestro derecho al aborto en la sanidad pública

Pero las críticas a esta ley también han venido del propio Gobierno, concretamente por parte de la representante del IBEX35 en el mismo: Nadia Calviño. La vicepresidenta primera ha llegado a decir que la baja por reglas dolorosas estigmatiza a las mujeres. Una posición que reproduce sin tapujos los planteamientos de la CEOE. Lo que nos perjudica no es que se nos reconozcan derechos, ¡sino que nos exploten y nos paguen peores salarios!

El proyecto impulsado por Unidas Podemos recoge varias conquistas fruto de la potente lucha que hemos protagonizado en los últimos años. Sin embargo, tiene serias limitaciones, empezando porque se cede ante la patronal permitiendo que el gasto por estas bajas sea asumido con dinero público y no por los empresarios.

Es cierto que se recuperará el derecho al aborto a partir de los 16 años sin consentimiento paterno y se eliminará la entrega del sobre con información sobre maternidad que se da a quienes piden interrumpir su embarazo (con contenidos de asociaciones antiabortistas en algunas comunidades) y que también desaparecerán los 3 días de reflexión obligatorios tras su recepción.

Sin embargo, no se toca la llamada objeción de conciencia, que se ha convertido en un pilar para impedir a las mujeres ejercer nuestro derecho a abortar, y tampoco se destinan recursos para garantizar que podamos ejercer este derecho en la sanidad pública, tal como recoge la propia ley actual y que es incumplida sistemáticamente (el 84,51% de las IVE en 2020 se realizaron en la red privada, según datos oficiales).

La reforma pretende garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos de todas las comunidades autónomas. Pero, ¿cómo se va a controlar que el PP y Vox no impidan el ejercicio de las IVE allí donde gobiernan, como en Madrid, Murcia o Andalucía? ¿Por qué se sigue permitiendo este supuesto derecho a la objeción de conciencia? ¿Qué va a cambiar si se mantiene la sanidad pública bajo mínimos sin recursos y sin el personal necesario?

Nuestros derechos se conquistan luchando

Irene Montero y UP quieren que esta reforma entre en vigor antes del fin de la legislatura, pero el proyecto solo ha iniciado su trámite y ya está sufriendo cambios que rebajan su contenido.

Desgraciadamente desde determinados sectores del PSOE se está presionando para eliminar o limitar los aspectos más positivos de esta Ley de cara a congraciarse tanto con la patronal y la derecha como con la Iglesia Católica. Una política que ha supuesto, tras más de veinte años de gobiernos socialistas, que siga sin garantizarse el derecho al aborto en la sanidad pública.

Desde Libres y Combativas creemos que algunos avances que recoge este proyecto de Ley son positivos pero insuficientes, y que van a ser combatidos a capa y espada por la reacción y la Iglesia Católica, como está sucediendo con la ley del Sólo sí es sí. Si UP quiere realmente dar un vuelco a esta situación solo podrá hacerlo rompiendo con la política de la “correlación de fuerzas” parlamentaria y apoyándose en el verdadero motor de esta ley: la lucha del movimiento feminista, de las jóvenes y trabajadoras que nos hemos enfrentado a los tribunales e instituciones franquistas por nuestros derechos y los de nuestra clase.