Samuel asesinado al grito de ‘maricón’. Antidisturbios cargando violentamente contra manifestaciones en defensa de los derechos LGTBI. Neonazis paseándose por Chueca amenazando al colectivo y protegidos por la policía. Obispos y sectas religiosas tachándonos de enfermos y promoviendo terapias de reorientación sexual o esparciendo el veneno del machismo. La justicia patriarcal pidiendo penas de cárcel a quienes se movilizan contra Hazte Oír y amparando a su vez a maltratadores y acosadores sexuales. Derechos como el aborto o la eutanasia negados por médicos y médicas reaccionarias. La extrema derecha escupiendo su odio desde el Congreso, los platós de televisión y las redes sociales.

Esta realidad asfixiante, auspiciada por Vox, el Partido Popular, la Iglesia Católica, la casta judicial franquista y el propio sistema, es contra la que nos rebelamos millones de jóvenes.

¡Basta de violencia y opresión!

Las palizas, insultos y persecuciones por nuestra orientación e identidad sexual se han multiplicado dramáticamente. La violencia estructural y sistémica que sufrimos las personas LGTBI ha dejado de ser una novedad y semana tras semana conocemos más y más agresiones que inundan los medios de comunicación.

Los datos del propio ministerio de Igualdad señalan que los delitos de odio contra la comunidad LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021. Y esto es así teniendo en cuenta que es prácticamente imposible conocer el número real de agresiones que se producen, ya que, tal y como señala la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en el Estado español solo se denuncian 7 de cada 100 ataques. De hecho, el 34% de las personas que han sido agredidas y no han denunciado han admitido que creían que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no harían nada. Un estudio realizado por COGAM/FELGTB en 2012 mostraba que entre las y los adolescentes lesbianas, gais y bisexuales que han sufrido acoso escolar, el 43 % llegó a desarrollar ideas de suicidio y el 17 % lo había intentado en una o varias ocasiones.

Pero la discriminación a la que se nos condena por el simple hecho de ser quien somos va mucho más allá de los golpes: en nuestros puestos de trabajo, en clase, cuando buscamos una vivienda, cuando tenemos miedo de coger la mano de nuestra pareja por la calle... Una vida de marginación que alcanza niveles trágicos especialmente entre las personas trans.

La extrema derecha y el capitalismo son responsables

"Todo afeminado o invertido que lance alguna infamia sobre este Movimiento, os digo que lo matéis como a un perro".

Gonzalo Queipo de Llano, militar franquista (1936)

"En España hemos pasado de dar palizas a homosexuales a que ahora impongan su ley".

Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox (2020)

No es ninguna casualidad que tanto los derechos LGTBI como los de las mujeres se encuentren bajo ataque. El discurso de la derecha y la extrema derecha del PP y Vox, de las sectas ultracatólicas y la Iglesia, cargando día sí día también contra nuestro colectivo o contra el feminismo, colocándonos en la diana, ha envalentonado a los sectores más reaccionarios.

Derechos que hemos conquistado tras décadas de lucha están seriamente amenazados. Así lo vemos en la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ha anunciado que modificará las leyes de género y LGTBI para satisfacer las demandas de Vox. Es lo que ya sucede respecto a los derechos trans, negados en la práctica por el gobierno de Ayuso, con listas de espera de hasta un año para la primera consulta y de hasta seis años para cirugías.

O con el derecho al aborto, reconocido en el papel pero negado día a día a miles de mujeres: entre 2010 y 2020 solo el 0,7% de los abortos en la Comunidad de Madrid se realizaron en hospitales públicos, garantizándose además un jugoso negocio a las clínicas privadas.

Pero no es solo la Comunidad de Madrid, es la moral podrida de un aparato del Estado franquista que permite que haya hasta 8 provincias (Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo, Cáceres y Teruel) en las que no se ha notificado un solo aborto entre 1988 y 2018. Es decir, que en las últimas tres décadas, aquellas mujeres que hayan querido ejercer su derecho al aborto en alguna de estas zonas no han podido hacerlo, y han sido obligadas a tener que desplazarse a otras provincias y a acudir a clínicas privadas, todo ello con el conocimiento y beneplácito institucional y judicial.

Quieren retrotraernos a las cavernas del franquismo y devolvernos al armario a palos. Abascal, Casado y compañía nos declaran la guerra no solo porque no encajamos en su modelo de lo que es aceptable según el ideario católico, apostólico y romano, sino por la amenaza que supone para los poderosos y poderosas el germen de revolución que late en el corazón de un movimiento LGTBI y feminista de clase y combativo. Cuando agarramos nuestras banderas y nuestras pancartas y llenamos las plazas de todo el Estado contra la homofobia y el machismo, también lo hacemos contra el fascismo, contra la derecha y sus aliados, contra quienes pretenden mercantilizar nuestra lucha y, en definitiva, contra un sistema que no tiene nada que ofrecernos salvo precariedad, desigualdad y violencia.

La lucha está en la calle y no en el Parlamento. ¡Por un movimiento LGTBI revolucionario y anticapitalista!

Gracias a la lucha hemos conseguido mucho, pero incluso cuando nuestros derechos están reconocidos formalmente en las leyes no significa que se respeten o que nuestra discriminación sea menor.

Lamentablemente, esta escalada reaccionaria está sucediendo bajo el gobierno PSOE-UP. Hemos escuchado mucho que se está trabajando por la “unidad institucional para proteger a las personas LGTBI”. Pero, ¿unidad institucional con quién? ¿Con el PP? ¿Con los mismos que dicen que la “homofobia solo existe en la cabeza de la izquierda”? ¿Con los mismos que pretenden arrebatarnos los derechos que hemos conquistado, impidiendo en la práctica que podamos ejercerlos? ¡Ni hablar!

El gobierno no se ha querido enfrentar a la derecha y a la Iglesia católica para implantar una asignatura de educación sexual inclusiva en los centros de estudio y les ha permitido mantener sus privilegios y el control de la educación, pudiendo esparcir así su discurso de odio homófobo y machista. De la misma manera que siguen sin garantizar el derecho al aborto libre, gratuito y en el sistema de salud público de miles de mujeres a pesar de saber cómo este derecho es sistemáticamente pisoteado por la derecha.

La única forma de garantizar una vida digna para el colectivo LGTBI y para las mujeres trabajadoras es depurando de fascistas, machistas y homófobos el aparato del Estado, enfrentándose a quienes se benefician de nuestra opresión, y castigando ejemplarmente a quienes nos atacan y asesinan. Pero para ello no basta con los discursos, es necesario invertir recursos, acabar con las privatizaciones y garantizar una sanidad y educación públicas de calidad, garantizando entre otras cosas servicios de salud mental públicos, gratuitos y eficientes.

Nunca nadie nos ha regalado nada que no hayamos arrancado antes con la movilización en las calles. Nuestra lucha forma parte de la batalla contra este sistema opresor. Necesitamos levantar un movimiento revolucionario y anticapitalista, organizarnos barrio a barrio y centro a centro. Solo acabando con el capitalismo y construyendo una sociedad genuinamente socialista podremos enviar al basurero de la historia la LGTBIfobia, el machismo, el racismo y tantísimo sufrimiento. Una sociedad donde podamos ser quienes somos y podamos vivir en genuina libertad.

¡Únete a Libres y Combativas!