La lucha de millones de mujeres trabajadoras a lo largo y ancho del mundo en los últimos años ha despertado una enorme simpatía y solidaridad entre quienes, de una forma u otra, sufrimos la opresión del sistema capitalista.

El pasado sábado 17 de junio se celebraba en las calles de Murcia el desfile del día del Orgullo. Un día que debía ser dedicado a la lucha contra la homofobia se convirtió en un día de agresiones fascistas al movimiento LGTBi+ permitidas por el Partido Popular de Murcia. El mismo Partido Popular que aprobó la legalización de una concentración fascista para ese mismo día a apenas unos metros de distancia, incitando al odio contra el movimiento LGTBi+.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra. Como declaración de intenciones nos parece bien, ¡¡cómo no!!, pero todavía no sabemos en qué ha de consistir dicho "pacto", ni cuáles van a ser las herramientas políticas que se van a utilizar para enfrentar esta lacra.

En los últimos años ha salido a la luz que las fiestas populares son uno de los puntos con mayor concentración de agresiones machistas. El ocio embrutecedor del alcohol y las drogas que el capitalismo ofrece a la juventud, unido a la situación de degradación social y la impunidad por parte de las instituciones a los agresores, son el campo de cultivo perfecto para la proliferación de más y más agresiones machistas.

Las salvajes violaciones múltiples que se denunciaron en la Feria de Málaga en 2014 y en los Sanfermines del año pasado son sólo algunos de los casos más escandalosos y sonados. Sin embargo, no son una excepción, sino la punta del iceberg de los abusos y agresiones machistas —tocamientos, acoso y persecuciones en la calle, insultos...— que se suceden cada verano en las fiestas populares de barrios y ciudades, o en espacios de ocio nocturno cada fin de semana.

El lunes 28 de agosto Juana Rivas entregaba a sus hijos en las dependencias de la Guardia Civil de Granada. Unas horas después, el padre de éstos, condenado por violencia de género en 2009 y con otra denuncia por malos tratos continuados de julio de 2016, salía con ellos a la espera de la decisión judicial que le permita llevárselos definitivamente a Italia.

Irlanda cuenta con una de las legislaciones más reaccionarias de toda Europa en relación al derecho al aborto. El artículo 8 de su constitución recoge la prohibición de la interrupción del embarazo incluso en los casos de violación, incesto y anomalía fetal. Sólo desde 2013 una nueva regulación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. La pena que amenaza a una mujer que aborte en Irlanda es de 14 años de prisión. Por ello, casi 4.000 mujeres (según datos oficiales) viajan a Gran Bretaña cada año buscando un aborto seguro. Quienes no tienen recursos para viajar recurren, en muchas ocasiones, a las píldoras abortivas que adquieren por internet sin ningún tipo de seguimiento médico y poniendo en riesgo su salud.

Desigualdad, precariedad, abusos... Explotación laboral de la mujer trabajadora hoy

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