Galería de fotos de la protesta

Esta mañana, un centenar de estudiantes, con el apoyo de algunas profesoras y profesores, nos hemos movilizado en la puerta del IES Manuel Fraga en contra del nuevo reglamento de régimen interno del instituto, machista, racista y represor, que la dirección del centro quiere imponer. En todo momento nuestra protesta se ha desarrollado pacíficamente: hemos leído un manifiesto y coreado consignas contra la violencia machista, en defensa de una educación feminista y a favor de las mujeres y el colectivo LGTBI.

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Nuestro cuerpo y nuestra ropa no provocan nada.

Las y los estudiantes del IES Manuel Fraga Iribarne, situado en el barrio madrileño de Hortaleza, queremos denunciar la imposición por parte de la dirección del centro de una nueva normativa sexista y racista sobre la vestimenta de las alumnas, que se recogerá próximamente en el reglamento de régimen interno del instituto.

¡Absolución y libertad para Valérie!

“Un infierno cotidiano”. Con estas palabras ha definido Valérie Bacot su vida desde los 12 años. A partir de esa edad, su padrastro (Daniel Paulette) la violaba cada noche. En 1995, cuando ella tenía 15 años y tras la denuncia de un familiar, el agresor fue condenado a cuatro años de cárcel. Cuando salió de prisión, continuó violándola en su casa como si nada hubiera pasado.

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Al grito de “ni una menos” o “nos queremos vivas”, decenas de miles de jóvenes y trabajadoras llenamos las calles y plazas de decenas de localidades ayer por la noche contra la violencia machista y la justicia patriarcal. Más de 7.000 personas en la Puerta del Sol, 3.000 en Barcelona, cientos más en Málaga, Gijón, Sevilla, Tenerife o València… hemos exigido el fin de los asesinatos machistas y nos hemos solidarizado con las víctimas y sus familias.

El Salvador es uno de los cinco países del mundo donde el aborto está totalmente prohibido. La ley establece penas de cárcel de dos a diez años a quien provoque, consienta o practique un aborto, pero si se considera “homicidio agravado”, la condena asciende a los 30 años. Los médicos están obligados a denunciar si sospechan que se ha producido una interrupción del embarazo o si no pueden terminar encarcelados.